Lindolfo Kosmaski, activista brasileño, es quemado y asesinado brutalmente

Lindolfo Kosmaski, de 25 años, era un activista LGTB+ en Brasil quefue asesinado. Su cuerpo se encontró el pasado sábado 1 de mayo con dos disparos y el cuerpo carbonizado.

Tras su muerte, los asesinos prendieron fuego su coche con él dentro. El suceso tuvo lugar en la carretera PR-151, en Coxilhão y la Policía cree que se encuentra ante un ataque homófobo.

El joven era profesor en la escuela, y, además, estudiante de un Máster en la Universidad Federal de Paraná, en el programa de Educación en Ciencias y Matemáticas. En 2020 se presentó a la concejalía de su ciudad, pero no logró conseguir el puesto. 

Bendito Camargo, familiar de la víctima, asegura que Lindolfo estuvo en un bar antes de que se produjera el crimen.

La Policía sospecha que podría ser un caso de homofobia

El autor de tal hecho atroz se desconoce, según datos de la Policía Civil de Paraná, pero se sospecha que podría tratarse de un delito homófobo. Actualmente, la investigación sigue abierta.

El Partido de los Trabajadores, del que Lindolfo Kosmaski formaba parte, ha emitido un comunicado en el que afirma que Lindolfo tuvo una trayectoria de lucha y coraje: «En este momento de dolor, brindamos toda la solidaridad a familiares, amigos y esperamos que los órganos competentes puedan agilizar las investigaciones y encontrar a los responsables de este atroz crimen. En una sociedad democrática, no hay lugar para la barbarie, el odio y la intolerancia», afirman.

Reforma al Código Niña, Niño y Adolescente fija nuevos plazos para las adopciones

La Ley 1371 que modifica el Código Niña, Niño y Adolescente fija nuevos plazos abreviados para los procedimientos de adopción.

La normativa fue promulgada por el presidente Luis Arce el 29 de abril y abreviará de forma significativa los procesos de acogimiento circunstancial, filiación judicial y extinción de autoridad paterna o materna de los menores sin cuidado parental y que se encuentren bajo tutela del Estado, restituyendo y garantizando de esta manera su derecho humano a formar parte de una familia.

Entre otros, la reforma plantea los siguientes plazos: que en treinta (30) días de publicada la presente norma, el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, elaborarán e implementarán un plan de capacitación para los Juzgados Públicos en materia de niñez y adolescencia, y Juzgados que conozcan de esta materia.

Asimismo, una vez interpuesta la demanda de extinción de autoridad materna y/o paterna conforme lo establecido en la Ley Nº 548, modificada por la Ley Nº 1168, las y los Jueces Públicos en materia de la niñez y adolescencia, bajo responsabilidad, se debe concluir el proceso judicial correspondiente en el plazo de hasta tres (3) meses.

La norma también determina que en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley, el Ministerio de Justicia y Trasparencia Institucional, desarrollará e implementará el Módulo de Información del Derecho a la Familia en el marco del Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente, que incluya un sistema informático de seguimiento a los procesos de filiación judicial, extinción de autoridad materna y/o paterna, adopción nacional e internacional, mismo que deberá considerar mecanismos de interoperabilidad, así como herramientas digitales en el marco de la normativa vigente de gobierno electrónico, contando con la asistencia técnica de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC.

En ese sentido, se prevé que en caso de que los operadores de justicia incurran en la retardación indebida de los procesos de filiación judicial y extinción de autoridad materna y/o paterna, deben remitir antecedentes a sus máximas autoridades ejecutivas “para que se establezca la responsabilidad y acciones legales correspondientes”.

Mediante la modificación al artículo 84 de la Ley 548, también se implementan otros cambios que facilitarán la adopción de menores a quienes lo soliciten, como la reducción de la edad límite para las personas que desean adoptar.

“En caso de parejas casadas o en unión libre, por lo menos uno debe tener menos de sesenta (60) años de edad a momento de la admisión de la demanda ante autoridad competente; salvo si existiera convivencia pre-adoptiva por espacio de un año, sin perjuicio de que a través de informes bio-psico-sociales se recomiende la adopción, en un menor plazo», dice la ley.

Del mismo modo, establece requisitos específicos como la obtención de un certificado de preparación mediante cursos presenciales y/o virtuales para madres y padres adoptivos, quienes serán evaluados periódicamente, y la documentación que certifique no tener antecedentes penales y de no violencia (CENVI).

Otro de los aspectos fundamentales que prevé la 371 es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que serán adoptados o que viven un proceso pre-adoptivo, por lo que, en coordinación con las instancias pertinentes como las defensorías, se realizará un control y seguimiento permanente a las nuevas familias y de ser necesario se denunciará cualquier acto de vulneración contra los menores.

“En caso de que durante el periodo pre-adoptivo se identifique la vulneración de los derechos niña, niño y adolescente, el equipo profesional interdisciplinario del juzgado, bajo responsabilidad, informará a la autoridad judicial, sin perjuicio de ello, promoverán la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y/o el Ministerio Publico”, refiere.

En ese sentido y como disposición adicional, el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, elaborará e implementará un plan de capacitación para los Juzgados Públicos en materia de niñez y adolescencia en un plazo de treinta días a partir de la publicación de la norma.

Además, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional desarrollará e implementará el Módulo de Información del Derecho a la Familia que incluirá un sistema informático de seguimiento a los procesos de adopción contando con la asistencia técnica de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC.

La normativa ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial y a disposición de la población en general. Se calcula que más de 5.000 niños en Bolivia serán beneficiados por esta ley.

AUZA: BOLIVIA ANTES DE FIRMAR CONTRATOS PARA ADQUIRIR VACUNAS CONTRA LA COVID-19 VERIFICA LA LEGALIDAD DE OFERTANTES Y NO TIENE NINGÚN COMPROMISO CON INTERMEDIARIOS

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó este miércoles que, el Estado boliviano no suscribió contratos con ningún intermediario ni asumió compromisos con empresas privadas para la dotación de vacunas anticovid-19, y no lo hará hasta no analizar de manera pormenorizada propuestas de cualquier empresa.

Aseguró que el Gobierno nacional realiza múltiples gestiones y recibe numerosas propuestas de empresas que manifiestan la posibilidad de traer vacunas en el menor tiempo posible y al mejor precio, mismas que son sometidas a verificaciones y a normativa legal vigente antes de concretar algún contrato formal, “a la fecha no se suscribió ningún contrato”.

“Debemos afirmar categóricamente, el Gobierno nacional no ha adquirido ningún tipo o compromiso con ninguna empresa” dijo a los periodistas, que el Gobierno nacional “ante la firma de un posible contrato primero deberá ser revisado por nosotros, revisado por el Ministerio de Justicia, por Cancillería y solamente así tomaremos una decisión”, recalcó.

Explicó que el principal objetivo del Gobierno nacional es lograr tener la mayor cantidad y a menor precio de vacunas contra la Covid-19 e inmunizar en el menor tiempo posible a la población boliviana.

Sobre una denuncia de una supuesta irregularidad para la adquisición de vacunas, difundida por un periodista, aseguró: “lo afirmamos categóricamente, incluso tenemos una cantidad de notas que explican, especifican y ratifican nuestra solicitud de que antes de adquirir o asumir una suscripción de un contrato se realiza las verificaciones y no se ha adquirido ningún compromiso previo a la suscripción de contrato.

Aclaró que Bolivia, a la fecha, no se ha cerrado a ninguna posibilidad de agilizar la adquisición de vacunas o a diferentes ofertas frente a la escases global de las mismas.

Piden declarar emergencia nacional por los hechos de feminicidio

La directora nacional de la Fiscalía Especializada en Razón de Género y Delitos Sexuales dijo que por el aumento de casos amerita reforzar las medidas de prevención.

La directora nacional de la Fiscalía Especializada en Razón de Género y Delitos Sexuales, Pilar Díaz, dijo que debido al elevado número de casos de feminicidio es necesario que el Gobierno emita la declaratoria de emergencia nacional.

«Amerita (una declaratoria) de emergencia nacional, si estamos considerando estos extremos. Es por eso los cambios, los nuevos lineamientos», declaró Díaz.

De acuerdo con la fiscal, en 2019 la justicia dictaminó sólo 10 sentencias por delitos de feminicidio. Sin embargo, se espera que hasta noviembre de este año, todos los casos se resuelvan.

En las anteriores 24 horas se reportaron dos nuevos feminicidios: en La Paz, una mujer fue asesinada por su hermano, mientras que en Santa Cruz otra falleció por causas sospechosas, ambos casos se mantienen en investigación, reportó Urgente.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bertha Acarapi, propuso que para que evitar más muertes de mujeres se trabaje en el entorno familiar y se debe fortalecer con mayor presupuesto a los Servicios Legales Integrales (SLIM).

«Hay que aumentar presupuesto para fortalecer los SLIM en todos los municipios. Es un tema integral», afirmó la diputada.  

Bolivia se registra un número de 268 casos de feminicidios desde enero hasta la fecha. De ese número, 177 corresponden a ciudades capitales.

Montaño denuncia cuatro hechos de corrupción en ENTEL durante gestiones de Eddy Luis Franco y Elio Montes

 El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, denunció este miércoles cuatro casos de corrupción realizados en la gestión de los exgerentes Generales de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) Eddy Luis Franco y Elio Montes; daño económico que suma en total 5.884.542 bolivianos, equivalentes a 845.480 dólares. 

“Estamos tras los rastros de cuatro casos importantes: el primero, el caso de la empresa fantasma al cual ilegalmente le entregaron más de 390.000 dólares (2.714.400 bolivianos), el segundo los finiquitos a los gerentes en la administración de Elio Montes, el caso de donaciones que entregaron a comparsas carnavaleras, asociación de mecánicos y ramas afines del oriente más de 105.000 dólares (732.900 bolivianos) y los gastos suntuosos referidos al alquiler de aviones, pago de alquileres de hoteles particulares”, dijo la autoridad, en conferencia de prensa en La Paz. 

Este 5 de mayo, Eddy Luis Franco fue aprehendido por tres delitos: legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Todo enmarcado por el pago irregular de 390.000 dólares a una empresa peruana “fantasma”.

“En el caso del señor Eddy Luis Franco, en sus declaraciones ha comprometido a la señora Ana María Barahona y a Michel Fernández, porque él dice que ellas (sus exsecretarias) manejaban su facsímil, por lo tanto, vamos a pedir también que estas personas puedan ir a declarar”, anticipó Montaño.

En su declaración ante el Ministerio Público, Franco sostuvo que estos pagos fueron conocidos por el directorio de ENTEL, es decir, Ibo Blazicevic (presidente de la empresa durante la gestión 2020), Álvaro Bazan (exvicepresidente), Carlos Prieto (secretario), Horacio Barrientos (director), Salomón Gonzales (director) y Gisela Macklin (síndico).

“El síndico es como el fiscal al interior de ENTEL, que viene hacer la fiscalización de todos los recursos y contratos”, puntualizó.

Finalmente, remarcó que no es un tema de persecución política, sino justicia porque esos 5.884.542 bolivianos tienen que retornar a ENTEL.

La Paz:Seis exautoridades de los gobiernos de Añez y Morales vuelven a la función pública

Lo hacen en las regiones. La lista incluye a Aníbal Cruz, René Sahonero, Julio Linares, Vladimir Ameller, Erwin Viruez y Wilma Alanoca.

Tras su posesión, las nuevas autoridades electas en las gobernaciones y municipios del país definen sus equipos de trabajo para la gestión 2021-2026, incluyendo a personal de confianza, entre los que destacan al menos seis exfuncionarios de la administración central de los gobierno de Jeanine Añez y Evo Morales.

La lista, que podría crecer en los siguientes días debido a que las estructuras de los gobiernos locales aún se encuentran en proceso de consolidación, incluye a Aníbal Cruz, René Sahonero, Julio Linares, Vladimir Ameller, Erwin Viruez y Wilma Alanoca, quienes anteriormente ocuparon cargos en ministerios, viceministerios y asesorías gubernamentales.

Cruz, por ejemplo, asumió como secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba. La nueva autoridad municipal fue presidente del Colegio Médico de Bolivia y posteriormente ministro de Salud, durante el gobierno de Añez.

Sahonero, entretanto, asume el mismo cargo, pero en la Alcaldía de La Paz. Anteriormente el galeno ocupó funciones públicas en la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y también fue técnico del Ministerio de Salud durante la gestión de Añez.

En el caso de Linares, ocupó anteriormente el Viceministerio de Transporte, cuando Iván Arias – ahora Alcalde de La Paz – se desempeñó como ministro de Obras Públicas. Este lunes fue posesionado como secretario ejecutivo del municipio paceño.

Ameller fue posesionado como secretario municipal de Planificación para el Desarrollo de La Paz, como parte del gabinete de Arias. Antes condujo  el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y la Secretaría de Salud y Deportes de la alcaldía de El Alto, durante la gestión de Soledad Chapetón.

En Santa Cruz, Erwin Viruez fue el elegido para conducir el Sedes de ese departamento; anteriormente el reconocido cirujano  presidió el Colegio Médico de Santa Cruz y luego fue Viceministro de Salud y Promoción en el gobierno de transición.

Alanoca, quien ahora es la primera concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS),  ya fue concejala de El Alto entre 2015 y 2017 y posteriormente pasó a formar parte del gabinete del entonces presidente Evo Morales como exministra de Culturas. Ocupó el cargo durante los años 2018 y 2019.

Por qué Cali es considerada el epicentro de las protestas en Colombia

Conocida como la ‘ciudad de los desplazados’, la capital del Valle de Cauca ha padecido mayor violencia y represión, pero las causas de ese desborde van más allá del rechazo a la reforma tributaria de Iván Duque.

Cali arde desde antes. La tercera ciudad más importante de Colombia, después de Medellín y Bogotá, es el foco de atención de los medios en los últimos días por las impactantes imágenes de violencia, represión policial y desmanes, pero el polvorín se ha formado durante años. La reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, lanzada (y retirada) durante la pandemia, solo lo hizo explotar.

La capital del Valle del Cauca, ubicada entre las regiones Andina y Pacífico, es considerada como «la ciudad de los desplazados«. En esa etiqueta se evidencia el saldo más doloroso de la violencia armada, que persiste a pesar de haberse firmado la paz con la guerrilla más antigua de la región, y que se traduce en un conflicto latente de desigualdad económica y estigmatización social, agravada por la herencia del narcotráfico.

En ese contexto se han desarrollado las protestas de la última semana. Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 19 muertos, cientos de heridos y más de 80 desaparecidos, mientas Cali se mantiene militarizada.

Las imágenes de la violencia, que han sido profusamente difundidas en redes sociales, dan cuenta del uso de armas de fuego por parte de las autoridades, pero también de civiles, así como el bloqueo a vías de acceso a la ciudad, el desabasto en comercios, la destrucción de mobiliario público, vandalismo y una indignación que empieza a rebasar la coyuntura para poner el dedo en una herida más profunda. Entonces, ¿por qué Cali?

«Halcones de la muerte»

La nueva ola de protestas se inició en toda Colombia desde el 28 de abril. Pero el viernes pasado, un tuit del expresidente Álvaro Uribe llamando a respaldar el uso de armas de fuego contra los manifestantes levantó la indignación a tal punto que Twitter tuvo que eliminarlo.

Para Uribe, jefe político del presidente Iván Duque, los policías y soldados debían usar su armamento para «defender a la población» de la «acción criminal del terrorismo vandálico«, en un discurso que además se volcó a criminalizar las protestas. Un día después, el propio ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que detrás de las manifestaciones estaban factores del narcotráfico, así como las disidencias de las FARC y el ELN, una versión que fue respaldada este miércoles por la Fiscalía.

Aunque el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, prometió investigar «todas las agresiones» perpetradas por la fuerza pública contra los manifestantes, insistió en que también se pondría la lupa en las acciones contra la policía y los militares, destacando que el derecho legítimo a la protesta tiene «un límite» y no será «permeado por la delincuencia organizada«.

Del lado de los manifestantes, sin embargo, la situación es otra. Con llamados de «paren esta masacre» y «nos están matando», las personas que han tomado las calles para expresar su repudio a la gestión de Duque y padecido la represión, no cesan de mostrar en redes sociales la acción desproporcionada de agentes que disparan armas de fuego contra multitudes, detienen arbitrariamente a la población, corretean a quienes se reúnen para reclamar y arremeten contra las poblaciones más desfavorecidas de Cali, como Siloé y La Luna. 

En contraste con los llamados a diálogo que ha hecho el Gobierno nacional, en redes sociales abundan las denuncias de los caleños por los abusos policiales, el sabotaje a internet para impedir la transmisiones que les permiten sortear el silencio de los medios tradicionales en Colombia, y la indefensión frente a las muertes, desapariciones, detenciones y centenares de heridos, que ni siquiera han sido consolidadas oficialmente. Los números de víctimas varían dependiendo de quien dé las cifras.

El lunes, tras conocerse la muerte de Nicolás Guerrero, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no ocultó su consternación ante la situación. «Condeno radical y absolutamente que se hayan utilizado armas de fuego, condeno completamente que algunos halcones de la muerte quieran utilizar a Cali como teatro de operaciones, como escenario de confrontación armada. Tenemos que desescalar esta circunstancia, tenemos que convocar a la vida», dijo. Y añadió: «Hay manos criminales en esas actividades».

Desigualdad, desplazamiento y narcotráfico

La imagen opuesta de la represión policial en las zonas populares de Cali está en Ciudad Jardín, uno de los barrios más acomodados de la capital de Valle del Cauca, donde sus habitantes han amenazado con usar sus armas para repeler cualquier ataque de los «vándalos».

El martes, los videos de camionetas de lujo blindadas colmaron las redes sociales para mostrar cómo los vecinos de ese sector bloqueaban los accesos a la urbanización, situada en el sur de Cali. Esa postal, aunque particular, es muestra de los niveles de desigualdad social que están en el sustrato de esa ciudad.

Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), unas 6,3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en Colombia durante 2020. En el conteo de las ciudades, Cali está en el segundo puesto, después de Bogotá, con mayor número de pobres

Esos datos, que reflejan el impacto de la pandemia en el país, tienen especial significado en Cali, donde buena parte de la población de los estratos populares vive del trabajo informal, se ha visto más afectada por las cuarentenas, reclama atención del Estado y rechazaba un proyecto tributario, como el de Duque, que pretendía imponer mayores tributos al consumo.

Además, la identificación de la capital del Valle Cauca como una ciudad que recibe a desplazados de las zonas de conflicto agrega una carga mayor a la situación, ya que estas personas no solo son víctimas económicas de la pandemia, sino también de la violencia en sus territorios, del narcotráfico y la precariedad.

De hecho, la ubicación geográfica de Cali entre zonas como el Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca, donde el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos armados tienen el control ante la ausencia del Estado –desde mucho antes de las protestas–, la hacen especialmente vulnerable a flagelos como el tráfico de armas, un asunto que varios analistas han apuntado como la razón de que la situación haya escalado con mayor violencia y, hasta el momento, parezca difícil de controlar.

Por el momento, los manifestantes siguen empeñados en visibilizar sus reclamos y denunciar los excesos de la policía, mientras que el Gobierno ha convocado a un «diálogo» para tratar de calmar las críticas que se empiezan a oír, aunque con timidez, por parte de la comunidad internacional. No obstante, hay algo que está claro: Cali arde desde antes, pero ahora se ve.

Ritual del Tinku de Macha se cierra con un muerto

El ritual ancestral del Tinku, que se celebra en el norte potosino, terminó con la muerte de un combatiente, de aproximadamente 35 años, verificaron miembros de la Sociedad de Investigación Histórica Potosí (SIHP) que acudieron hasta Macha a realizar trabajo de campo.

El fallecido, que no había sido identificado, era velado anoche en la comunidad de Palca, distante a 15 minutos de Macha, y, según pudo ver el presidente de la SIHP, Marco Antonio Flores Peca, tenía la cabeza destrozada.

Cada año, al llegar el 3 de mayo, que es la fiesta de la cruz, consagrada a la chakana o cruz andina, los ayllus del norte potosino se congregan en lugares como Macha, Pocoata y Ocurí para el ritual del Tinku que consiste en enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

Hasta hace algunos años no se registraba muertes pero los ánimos estuvieron tensos este año, debido a que Macha comenzó a funcionar efectivamente como municipio desgajado de Colquechaca.

Las peleas de este año fueron particularmente violentas, especialmente entre los ayllus Chury Qala y Palca. Como era velado en el lugar, se presume que el muerto pertenecía a este último lugar.

Bolivia se mantiene en el primer lugar con reservas de litio que llegan a 21 millones de toneladas

Según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicado en enero de este año, Bolivia se mantiene en el primer lugar con su reserva de litio que alcanza a 21 millones de toneladas (t), informó este miércoles el presidente ejecutivo de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Marcelo Gonzáles. 

«De acuerdo al reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicado en enero de esta gestión, estamos manteniendo el primer lugar con 21 millones de toneladas de litio metálico», indicó en entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.   

La máxima autoridad de Yacimientos del Litio Bolivianos, indicó que según ese informe después de Bolivia, está Argentina con una reserva que llega a 17 millones de toneladas, seguido de otros países. 

En 2019, YLB informó que «un estudio reveló que el salar de Uyuni (Potosí) tiene una reserva geológica de 21 millones de toneladas de litio», lo que significa que Bolivia se consolida como el país con «las mayores reservas de ese recurso en el mundo». 

«También tenemos (el salar de) Coipasa que vamos a cuantificar (sus reservas). Luego viene (el salar de) Pastos Grandes. (En Bolivia) tenemos más de 25 salares y lagunas que tienen contenido de litio. Con el tiempo va a ir incrementando este recurso de litio en el país», dijo el Presidente de YLB.

Bolivia inició la industrialización del litio, obtenido del salar de Uyuni, mediante la construcción y puesta en funcionamiento de plantas a escala piloto e industrial. De esta manera, actualmente produce cloruro de potasio (agrofertilizante), carbonato de litio y baterías.

De acuerdo con los datos de un reportaje de la cadena BBC Mundo, «el triángulo del litio» está conformado por Bolivia, Argentina y Chile, donde actualmente están las mayores reservas mundiales del metal blando.

Agreden a la persona que lanzó un tomate al alcalde Reyes Villa en Cochabamba

José Luis Funes, identificado como la persona que lanzó un tomate al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue brutamente golpeado cuando pretendía asistir, con engaños, a una presunta charla para las juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En declaraciones a la red Pio XII, explicó que una joven lo llamó por teléfono para que se puedan encontrar en el centro de la ciudad desde donde abordaron un taxi hacia la zona Villa Pagador. En ese lugar, dijo sospechar que “algo estaba mal” ya que lo llevó hasta un lugar silencioso.

En ese momento, afirmó que apareció una camioneta dorada que hizo un freno brusco y, de pronto, salió un hombre que directamente le empezó a propinar patadas y puñetes en el rostro quedando tendido en el suelo.

Tras este hecho, la persona que lo agredió huyó al igual que la mujer que lo llevó hasta el lugar.

Funes, identificado como miembro del Comité Cívico Popular, habría sido quien lanzó un tomate a  Reyes Villa tras ser posesionado como alcalde en la salida del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Hasta el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF) llegó Funes para recabar un certificado y presentar una denuncia formal por la agresión que sufrió.