Oliva deja una deuda de Bs 900 millones y critica a la Asamblea Departamental

Gabriel Morales / El Andaluz

Este 3 de mayo tomarán posesión oficialmente las autoridades electas en los pasados comicios subnacionales, dando curso a una gestión que será desempeñada por los siguientes 5 años, tomando las riendas de las instituciones públicas más representativas de Tarija, como son los once gobiernos municipales y el Gobierno Departamental.

En el caso particular del año en curso, las nuevas autoridades tendrán el desafío de adaptarse a los planes operativos anuales aprobados previamente por los órganos legislativos, hecho que se modificará a partir del 2022.

Luego de ganar la Gobernación en las elecciones subnacionales de 2015, la alianza Unidad Departamental Autonomista (UDA) se perfilaba como una alternativa para resolver los problemas económicos heredados del controversial interinato de Lino Condori Aramayo, que sucedió al primer gobernador electo mediante sufragio universal, Mario Cossío Cortez.

Seis años después de haber asumido el Ejecutivo Departamental, Adrián Oliva Alcázar se apronta a dejar la silla de gobernador cargando en sus hombros una deuda flotante de Bs 900 millones según explicó ayer, mediante conferencia de prensa.

“Cuando llegamos al Gobierno Departamental, el año 2015, teníamos una deuda flotante que superaba los Bs 7.000 millones, hoy está por debajo de los Bs 1.000 millones, cerca del 10% de lo que nosotros heredamos, también hay que apuntar que de manera sistemática han caído los ingresos del Gobierno Departamental”, mencionó la máxima autoridad ejecutiva.

Sobre esa base, Oliva atribuyó esta recesión a dos factores principales: la caída de la producción como los precios internacionales de los hidrocarburos, que financian las regalías que recibe nuestra región.

“La situación que atraviesa Tarija, depende de los ingresos que recibe, hay que aclarar algo muy importante, han caído los ingresos pero no las obligaciones, es más, la Asamblea (Departamental) que se va, se ha ocupado hasta el último día de aprobar leyes que incrementan los compromisos y las obligaciones que tiene el departamento con diferentes sectores, todas son legítimas, el problema es que cuestan plata”, agregó.

Para finalizar su intervención ante los medios de prensa, el gobernador opinó que deja una institución “que debe menos”, recibe menos ingresos y tiene más obligaciones, por ello, observó que autoridades salientes de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) buscaron “perjudicar” a la Gobernación, sin embargo, ahora deberán administrar esta institución, tras la victoria de la alianza Unidos en el balotaje del pasado 11 de abril.

Profundizando la crisis que persiste sobre el Gobierno Departamental, sectores sociales protagonizaron manifestaciones exigiendo a la Gobernación el cumplimiento de acuerdos económicos pactados mucho antes de la época electoral en la que participó el propio gobernador saliente.

Prueba de ello, la Organización de Mujeres “Juana Azurduy de Padilla” ha amenazado con instalar un punto de bloqueo en puertas de la institución el próximo lunes, dado que se les adeuda el pago de salarios enmarcados en el Programa de Apoyo al Empleo (PAE).

La dirigencia de esta organización asegura que 60 mujeres fueron contratadas mediante un convenio público privado, en el entendido de generar ingresos económicos para madres desempleadas que antes se beneficiaban del Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P).

“Hemos tenido una audiencia con el abogado de la secretaria Lily Morales, quien no se ha presentado, ahora nosotros hemos resuelto dar un plazo de 24 horas al gobernador para que se pronuncie, las mujeres estamos indignadas, nadie sale a dar la cara y se han hecho la burla de nosotros, hemos puesto una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Desde el lunes estamos dispuestas a trancar las puertas de la Gobernación”, adelantó la presidente del Comité de Movilizaciones de la Organización Juana Azurduy.

Las esperanzas de las afectadas, pero además de otros sectores como el transporte pesado, constructores, entes colegiados y empresas, está puestas en que el gobernador electo, Óscar Montes Barzón, genere espacios de dialogo para atender sus demandas y cancelar las deudas pendientes con los sectores en cuestión.

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