Vecinos salen, se movilizan y la transición municipal se complica

Gabriel Morales/El Andaluz

El proceso de transición de autoridades en las entidades territoriales autónomas ha develado luces y sombras en el funcionamiento institucional, por un lado, el enorme aparato estatal que se sostiene a base de numerosas plantillas de funcionarios y por otra parte las tareas que quedarán inconclusas o pendientes por falta de voluntad política y financiamiento.

En el caso del Gobierno Municipal de Tarija, el panorama no es del todo esperanzador, según manifiesta el actual alcalde, Alfonso Lema Grosz, quien se sumó al pronunciamiento de sus pares en seis ciudades capitales y El Alto, para dar a conocer que la reducción de recursos económicos ha desembocado en una “crisis” al interior del Ejecutivo.

La propuesta de los alcaldes salientes, dirigida al Gobierno Nacional, es la creación de un fondo para la atención del déficit de transferencias, esto ha desnudado una inestabilidad que además de la pandemia del coronavirus tiene su origen en la crisis sociopolítica que dejó una brecha por el cambio de Gobierno en el año 2019.

Lema argumenta que uno de los principales motivos de la recesión económica, es la baja internacional del precio del petróleo, pero por otro lado también apunta a la concesión de responsabilidades extras por orden del Gobierno Nacional.

Si bien el pacto fiscal es una necesidad urgente para poner en orden las cuentas de los gobiernos subnacionales, esta figura nunca estuvo más lejana en la práctica, al menos durante el mandato del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre la base de las dificultades económicas, el factor de gestión y la continuidad de los trámites pendientes en las reparticiones del Gobierno Municipal, es una preocupación que ha movilizado a sectores sociales este martes, por el temor a que todo el aparato institucional se paralice y todo vuelva a “foja cero”.

Un claro ejemplo es lo ocurrido ayer por la mañana en las oficinas de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), donde dirigentes y delegados de las juntas vecinales de Cercado se constituyeron ante el temor de perder el avance de los trámites iniciados también con Catastro.

“Sabemos que hay barrios que están con planimetrías de 5 o 6 años de retraso, algunos llegan hasta 20, han cambiado de autoridades en esa época y con ello cambian las normativas y requisitos, todo lo que se ha trabajado vuelve a foja cero”, aseveró el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cercado, Alejandro Ramírez, conversando en exclusiva con Televisión Andalucía.

El dirigente asegura que, por el momento, no hay certidumbre sobre lo que ocurrirá a futuro y si el proceso de transición de autoridades traerá efectos colaterales para las demandas de la población, por ello solicitó al alcalde electo, Johnny Torrez Terzo, que se realice una audiencia pública en la que se aborde esta problemática y se hable de cara a la ciudadanía para despejar dudas.

A su tiempo, Torrez fue enfático al momento de responder qué es lo que ocurrirá con la Dirección de Ordenamiento Territorial, adelantando que todos los documentos físicos que están en el inventario de la repartición pasarán a formar parte de un archivo digital, para que cualquier vecino pueda acceder al sistema y constatar directamente el estado de su trámite.

En ese orden, apuntó que la burocracia y la demora con la que se atienden las planimetrías y derecho propietario debe resolverse en pocos días, puesto que un trámite de esta magnitud permite que los servicios básicos y otros beneficios lleguen a los barrios.

Otro conflicto suscitado la pasada jornada, es justamente el problema por los asentamientos ilegales en los barrios periurbanos, que son protagonizados por loteadores que toman posesión de áreas verdes y protegidas, según denuncia de los propios vecinos.

Ayer la junta vecinal del barrio 28 de Enero y las tres urbanizaciones que lo conforman, desarrollaron una protesta pacífica en puertas del Concejo Municipal, exigiendo que antes que las autoridades dejen el cargo se dé curso a la aprobación de la normativa edil que proteja los espacios de conservación en nuestra ciudad.

Al igual que en la zona de Aranjuez, avasalladores comenzaron a asentarse en áreas verdes del barrio mencionado, generando molestia entre los vecinos, quienes tuvieron que presionar durante años para conseguir sus papeles y establecerse legalmente en el municipio, como lo ordena la normativa vigente.

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