Nuevas protestas ante rechazo de la Fiscalía de la acusación contra Áñez por los casos de Sacaba y Senkata

Después de que el Ministerio Público rechazara la proposición acusatoria que presentaron diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, familiares y activistas de las víctimas de los hechos violentos de la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba (Cochabamba) salieron en protesta este miércoles.

“Como sacabeños, como familia de los caídos, nos parece una falta de respeto que se nos rechace estas acusaciones contra Jeanine Áñez. No queremos impunidad en Bolivia, queremos justicia”, manifestó José Zurita, uno de los representantes de la protesta, en entrevista con Bolivia TV.

«Seducción a las tropas tipificada en el Código Penal, Sedición, prolongación de funciones, atribuirse el derecho del pueblo, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, conspiración son los delitos«, fueron las acusaciones que refirió Andrónico Rodríguez contra Áñez, donde también se incluyen estos hechos.

«Los hechos no pueden quedar en la impunidad, reconciliación sí, pero con justicia«, agregó la autoridad, ya que resolver diferencias políticas no implicaría pasar por alto el perjuicio al país y se debe aplicar sanciones ejemplificadoras, “no han perjudicado solamente al MAS sino a todo Bolivia”, acotó. 

Mientras que Gregorio Gómez, cívico de El Alto, pidió al Gobierno que emita una orden de arraigo contra otras ex autoridades para evitar que salgan del país y respondan ante la Justicia. También piden incluir a autoridades salientes y anotar sus bienes.

Quintana critica a la Iglesia

Entretanto, el ex ministro Juan Ramón Quintana  arremetió contra la Iglesia católica al señalar que hay complicidad por no referirse a los hechos por lo que se acusa a Áñez.

 Según el reporte de Kawsachun Coca, en una reunión con asambleístas paceños Quintana cuestionó que hasta la fecha no se hubiesen dado voces de rechazo por hechos como la denominada masacre de Senkata, Sacaba o enfrentamientos entre la población y FFAA que se registraron luego de las fallidas elecciones de 2019, cuando se descubrieron los indicios de fraude electoral que llevaron a la renuncia del ex presidente Evo Morales.

«Qué dice la Iglesia católica, que nosotros somos unos abusivos a diestra y siniestra, que estamos haciendo persecución política y que necesitamos reconciliación y la misma Iglesia no dijo absolutamente nada de nuestros compañeros masacrados en Senkata, en Huayllani, en la zona Sur de la ciudad de La Paz (…). Sean críticos de la Iglesia, porque tampoco podemos ser un rebaño de la Iglesia, tenemos que levantar la voz ante una Iglesia cómplice, traidora de los intereses del pueblo«, expresó.

Sobre la denuncia contra Áñez y los ex ministros por estos hechos, Andrés Flores, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y quien lideró la iniciativa de procesar a las exautoridades, indicó que la decisión de la Fiscalía se dio debido a que no se especificaron los domicilios de los sindicados.

“El Fiscal General nos pidió el domicilio, no se han dado los plazos; lamentablemente, no hemos podido cumplir. Tal vez en su debido tiempo, pero nos han rechazado”, detalló Flores, según la red Erbol.

Procesos contra ex autoridades

Hasta la fecha son al menos 11 ex autoridades del Órgano Ejecutivo  del Gobierno transitorio que tienen acusaciones por distintos hechos y que fueron llevados a la justicia de manera gradual. Además del proceso contra Áñez por el supuesto ‘golpe de Estado’, también se incluye en esto a los ex ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, que se encuentran recluidos preventivamente.

A ellos se suman Yerko Núñez, Arturo Murillo y Fernando López, también acusados por el mismo asunto. Estos dos últimos fueron incluidos en la denuncia que fue rechazada ayer por el tema de Sacaba y Senkata.

María Elva Pickert, ex ministra de Medio Ambiente, también tiene acusaciones en su contra por diversas causas, al igual que los exministros Óscar Ortiz, Wilfredo Rojo y Adhemar Guzmán por un supuesto daño económico al Estado por Bs 73,2 millones.

Por el caso de Fundempresa está siendo investigado el ex ministro José Abel Martínez. Mientras que el ex ministro de Economía, José Luis Parada, está incluido en la lista de procesados por gestionar un préstamos de $us 327 millones para oxigenar la economía y la lucha contra el coronavirus.

La exministra de Salud, Eidy Roca, también enfrenta un proceso por la compra de respiradores chinos con supuesto sobreprecio, mientras que Iván Arias, también exministro durante la gestión de Áñez, enfrente denuncia por hechos irregulares.

Deja un comentario