Franklin Molina sobre Ojorico Zamora: “como YPFB somos parte de las víctimas”

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en una entrevista el día de ayer señaló que la justicia debe investigar la denuncia sobre el daño económico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianas (YPFB) y sus subsidiarias por parte de autoridades del gobierno de facto de 2020.

“La justicia tiene que actuar, como YPFB somos parte de las víctimas, una vez que se hagan las investigaciones, se tiene que mostrar el daño económico y conocer cómo se han administrado las empresas de los bolivianos”, precisó la autoridad de Gobierno durante la entrevista.

Una investigación realizada, esta gestión, por la Dirección Transparencia Corporativa de YPFB revela acciones irregulares en la estatal petrolera y sus subsidiarias con manejos poco transparentes de $us 1.210.000 (1,2 MM) durante la administración de Herland Soliz, presidente de YPFB, y Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, del gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez.

La Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, fue el instrumento con el cual estas autoridades y otros funcionarios, también sindicados, realizaron el movimiento de recursos para el Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus COVID-19 (UMEC-YPFB). “Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”, se lee en ese documento.

Además, esta Resolución Ministerial conmina a “disponer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias quedan encargadas de la realización, ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial”. Es decir que: Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística desembolsaron los $us 1.850.000 en diferentes porcentajes, de los cuales $us 1.210.000 fueron ejecutados.
Algunas de las irregularidades encontradas son: que para ejecutar adquisiciones y compras para el UMEC-YPFB no se hizo cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal. Además, en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos.

YPFB es la empresa más importante del país y sus ingresos son claves para reactivar la economía nacional.

Antecedentes

Juan José Huanca, diputado de Tarija por el Movimiento Al Socialismo (MAS), informó a principios de abril que iniciará un proceso de fiscalización a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un presunto daño económico de $us 524 millones, ocasionado por el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, según declaró en medios de comunicación.

El daño corresponde a la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, y la firma de la octava adenda de contrato con Petrobras, informó el parlamentario.

Huanca sostuvo que el daño económico por la firma de la octava adenda con Petrobras es de $us 233 millones, mientras que la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea significó una afectación de $us 291 millones.

“Corresponde preguntar, ¿dónde está la plata del saqueo? Son interrogantes que se plantean y que al final, la opinión pública, el pueblo tarijeño, el pueblo boliviano van a evaluar”, dijo para las noticias de Bolivia.

El asambleísta señaló que el trabajo de fiscalización comenzó en diciembre de 2020 con la finalidad de “transparentar los recursos de todos los bolivianos y, en el caso de YPFB, el daño económico de más de $us 524 millones a todos los bolivianos y a todos los tarijeños”.

El 6 de marzo de 2020, durante el Gobierno de transición, YPFB y Petrobras suscribieron la octava adenda de compraventa de gas natural que establece una nominación contractual de un volumen mínimo de 14 MMm3/d y un máximo de 20 MMm3/d.

Tras la firma de la octava adenda al contrato de compraventa de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras, la estatal boliviana dejó de percibir mensualmente unos $us 5,3 millones por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo cubría la petrolera del país vecino.

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