Los países en los que un violador puede evadir a la justicia casándose con su víctima (también en América Latina)

BBC

Amina Filali tenía 15 años cuando les contó a sus padres que la habían violado.

La familia, «siguiendo el consejo de un funcionario judicial», según dijo el padre de la menor, la obligó a casarse con su violador, un hombre de unos 25 años.

Meses después, tras denunciar golpizas y agresiones, la adolescente se suicidó con 16 años tomando veneno para ratas.

Amina murió en 2012 en un pequeño pueblo en Marruecos y su caso emblemático desató protestas y campañas de grupos de mujeres a nivel nacional.

El Parlamento de Marruecos finalmente derogó en 2014 la ley que permitía a un violador evadir la justicia si se casaba con su víctima.

Pero leyes del mismo tipo aún son una realidad en varias partes del mundo, incluída América Latina, según el reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), titulado «Mi cuerpo me pertenece».

El reporte señala que casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen autonomía sobre sus cuerpos, y se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales, usar métodos anticonceptivos o buscar atención de salud.

Esto «debería indignarnos a todos», afirmó la Directora Ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem. «En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros».

La violación y las leyes que perdonan al violador son apenas dos ejemplos de un largo catálogo de vulneraciones que también incluye casos como la mutilación genital o las pruebas de virginidad.

E incluso en países que derogaron normas que exoneran al violador si se casa con su víctima, otras prácticas aún legales pueden acabar teniendo el mismo resultado.

¿Qué países tienen estas leyes a nivel internacional?

El informe de la ONU cita como una de sus fuentes los reportes de la ONG internacional con sede en Washington «Equality Now».

En su informe de 2017, Equality Now destacó numerosos ejemplos de países en Medio Oriente y el norte de África en los que un violador puede evadir la justicia mediante el matrimonio: Irak, Baréin, Libia, Kuwait, territorios palestinos, Túnez, Jordania y Líbano.

«Luego de nuestro informe y de otras campañas, Túnez, Jordania y Líbano eliminaron estas leyes en 2017, y Palestina hizo lo mismo en 2018», señaló a BBC Mundo Bárbara Jiménez, abogada especializada en derechos de la mujer y representante de Equality Now para América Latina.

Amina Filali, en la imagen en blanco y negro, se suicidó a los 16 años tras ser obligada a casarse con su violador.

Otros ejemplos citados en el informe de la ONU son Angola, Argelia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Siria y Tayikistán.

Las víctimas casadas con sus violadores se ven atrapadas en uniones que las exponen a posibles violaciones y otras agresiones de por vida.

«En muchas ocasiones estas leyes existen porque lo que se está tratando de ‘proteger’ aquí es el honor de la familia, del nombre, el honor de la víctima», agregó Jiménez.

El «deshonor» por la pérdida de virginidad es visto por las familias como un mal mayor que la integridad de sus hijas.

Estas normas también existieron en Europa. Italia, por ejemplo, las eliminó en 1981 y Francia en 1994.

¿Cuál es la situación en América Latina?

La mayoría de los países en la región derogaron los artículos en sus códigos penales que permitían a un violador evadir la justicia casándose con su víctima.

Pero estos cambios legales son relativamente, e increíblemente, recientes. Esas normas se eliminaron por ejemplo en Uruguay en 2006, en Costa Rica en 2007 y en Bolivia en 2013.

Y un país de la región, República Dominicana, aún tiene un artículo en su código penal que permite que el perpetrador de una violación escape a su condena contrayendo matrimonio.

El caso de Venezuela

El Código Penal venezolano señala en su artículo 393: «El culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos 374, 375, 376, 378, 387, 388 y 389 quedará exento de pena si antes de la condenación contrae matrimonio con la persona ofendida, y el juicio cesará de todo punto en todo lo que se relacione con la penalidad correspondiente a estos hechos punibles. Si el matrimonio se efectúa después de la condenación, cesarán entonces la ejecución de las penas y sus consecuencias penales», señaló Vanessa Blanco, representante en Venezuela de «Jovenas Latidas», un movimiento latinoamericano que lucha por los derechos de niñas y mujeres.

«Los artículos 374, 375 y 376 hablan de la violación sexual».

Sin embargo, es preciso aclarar que «el artículo 393 del Código Penal (reformado en 2005) fue anulado de oficio y «reescrito» por la Sala Constitucional en sentencia N° 695/2015 de 2 de junio de 2015«, señaló a BBC Mundo José Ignacio Hernández, Profesor de Derecho en la Universidad Católica en Caracas e investigador de la Escuela Kennedy de Harvard.

La sentencia introdujo dos cambios, explicó el experto en Derecho Constitucional.

1.- «Reiterando una sentencia de 1999, se anuló de oficio la parte de la norma referida a la cualidad de la mujer para aplicar la cláusula de indemnización. La parte anulada es la subrayada: «Los reos de seducción, violación o rapto serán condenados, por vía de indemnización civil, si no se efectuare el matrimonio, a dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda y, en todo caso, honesta»‘.

La parte anulada es la que limita la compensación a casos en los que la víctima es «soltera o viuda y, en todo caso, honesta»‘.

2.- «La Sala Constitucional dispuso que los beneficios penales reconocidos en caso de matrimonio, no aplican en caso de los delitos de violencia de género, pues debe darse preferencia a lo dispuesto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. En la práctica, esto implica que los beneficios penales reconocidos en el artículo 393 (exención de la pena «si antes de la condenación contrae matrimonio con la persona ofendida», o extinción de la ejecución de las penas y sus consecuencias penales, «si el matrimonio se efectúa después de la condenación, cesarán entonces») no pueden aplicarse. A pesar de que esta parte de la norma no fue anulada, en la práctica, el artículo fue «reescrito» para suprimir esos beneficios».

En pocas palabras, de acuerdo con la sentencia N° 695/2015 de la Sala Constitucional, en el Derecho venezolano dejaron de aplicarse los beneficios que aplican en caso de matrimonio, al entenderse que los delitos a los cuales alude el artículo 393 del Código Penal no pueden derivar en situaciones de impunidad contrarias a Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Debe darse aplicación preferente a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia frente a los beneficios penales previstos en el citado artículo 393.

«Por ello, Venezuela no puede ser incluida en los países en los que un violador puede tener beneficios si se casa con la víctima (no basado en el Código Penal vigente, sino en la sentencia comentada de la Sala Constitucional)», concluyó Hernández. *

El caso de República Dominicana

«El Código Penal vigente en República Dominicana desde 1884 tiene una norma (artículo 356) en la que se libera de persecución penal al agresor sexual de una menor de edad -aún si se trata de un incesto-, si contrae matrimonio con ella», explicó a BBC Mundo la abogada dominicana Patricia M. Santana Nina, especialista en Derecho Constitucional con Estudios de Género y Violencia.

«En otras palabras, el crimen se perdona si el agresor se casa con la víctima. Esta disposición fue implícitamente derogada recientemente, en enero de 2021, mediante la Ley No. 1-21 que prohíbe absolutamente el matrimonio con personas menores de 18 años. No obstante, en la actualidad en el país se debate un proyecto de Código Penal, que derogaría por completo el texto del Código Penal».

Santana Nina señaló que la ley que perdona al agresor sexual si se casa con una menor «sí se aplicaba y con mucha frecuencia«.

«Es una práctica cultural nociva contra la cual aún luchamos, porque aunque se prohibió el matrimonio infantil continúan las uniones tempranas».

En opinión de la abogada aún debe incluirse a República Dominicana en la lista de países que permiten la exoneración de un violador si se casa con su víctima, «porque la norma sigue vigente. Siempre puede aparecer un ‘genio intérprete’ que interprete la ley para favorecer al agresor«.

Para Santana Nina, «este tipo de normas se traduce en una forma de violencia contra mujeres y niñas que proviene directamente del Estado dominicano, que, en nuestra sociedad, perpetúa y profundiza la discriminación y la condición de pobreza extrema de aquellas».

«Se traduce en una condena a vivir, además, en medio de círculos de violencia de género y las expone al embarazo infantil y forzado (ya que, en este país, el aborto se penaliza sin excepciones)».

Matrimonios infantiles

Aún en países que ya no tienen normas que exoneran al violador en caso de matrimonio, otras prácticas pueden tener un efecto similar, según Bárbara Jiménez.

Varios países en América Latina permiten el matrimonio de una menor antes de los 18 años si se cuenta con la autorización del padre o la madre, el tutor o la autoridad judicial.

«Estas legislaciones que todavía tienen estas excepciones lo que permiten es que si una familia autoriza que una niña se case con un señor que puede haber sido un agresor sexual, ese agresor evadirá la justicia de la misma forma que si hubiera una legislación que permitiera al violador escapar a su condena

«Esto pasa en el terreno, las familias las casan igual, con el fin de preservar el honor o la seguridad económica de la adolescente, especialmente si queda embarazada»

«Tenemos constancia de que esto sucede especialmente en zonas rurales y culturas indígenas».

Edades mínimas

Jiménez cita como ejemplos de países que permiten el matrimonio de menores de 18 con consentimiento de los padres a «Cuba (edad mínima 14 años), Bolivia (16 años), Brasil (16 años) y Perú (16 años). Los casos están detallados en el informe de 2020 «Beijing+25», publicado por Equality Now 25 años después del congreso de 1995 de la ONU en Pekín sobre derechos de la mujer.

«Incluso en Estados Unidos, el matrimonio infantil es actualmente legal en 46 estados de Estados Unidos (solo Delaware, Nueva Jersey, Minnesota y Pensilvania han establecido la edad mínima a los 18 años y eliminado todas las excepciones)», agregó la representante de Equality Now.

En la legislación federal, el artículo 18 U.S.C. Sección 2243(a), sobre Abuso Sexual de un Menor, se aplica cuando una persona «participa a sabiendas en un acto sexual con otra persona» que tiene entre 12 y 16 años, y es al menos cuatro años menor que el perpetrador, agregó.

«No obstante, el artículo 18 U.S.C. Sección 2243(c)(2) permite una defensa de este crimen cuando ‘las personas que participaron en el acto sexual estaban en ese momento casadas entre sí’. Esto significa que, a nivel federal, el matrimonio infantil es visto como una defensa válida de la violación legal«.

El matrimonio infantil, y los abusos que hace posible, es una práctica arraigada en muchos países. Níger, por ejemplo, tiene la tasa de prevalencia de matrimonio infantil más alta del mundo (el 76% de las niñas se casan antes de los 18 años)», según el informe de UNFPA.

Uniones informales

El agresor sexual puede escapar a la justicia incluso cuando no ha habido matrimonio.

«En la región latinoamericana está el fenómeno de las uniones informales. Esto permite aún esas uniones de niñas con personas mayores», explicó Jiménez.

«Las niñas usualmente se van de su casa a la casa del hombre con el que se unen, muchas veces pasan a vivir bajo el techo de la familia del hombre, algunas veces según entienden con la única posibilidad económica de salir de su hogar».

En el caso de Bolivia, por ejemplo, «según un reportaje periodístico, la unión o convivencia de niñas menores de 15 años existe y es una realidad, a pesar de que en la ley boliviana es delito que un mayor de edad conviva con una niña o una adolescente», señaló a BBC Mundo Patricia Brañez, representante en Bolivia de CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres).

En Bolivia cerca del 22% de las adolescentes se unieron antes de los 18 años, y 3% antes de los 15 años, según estimó el informe de Unicef de 2015 «Una aproximación a la situación de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe».

«Según la Encuesta de Hogares del 2017, al menos 12.500 mujeres, entre 12 y 17 años, declararon que viven en concubinato. Estos datos visibilizan además que el 0,01% de las niñas entre 12 y 14 años han sido madres», agregó Brañez.

«Aniquilación del espíritu»

«Es inaceptable que en 2021 en República Dominicana y otros países aún tengamos disposiciones legales que contengan la posibilidad de que un violador evada la justicia si se casa con la víctima, que esto suceda en delitos tan serios como la violencia sexual», afirmó Bárbara Jiménez a BBC Mundo.

«Es inaceptable también que en la ley federal de Estados Unidos el matrimonio infantil sea visto como una defensa válida a la violación legal, y es inaceptable que en países de América Latina se permita con excepciones el matrimonio de menores de 18 años».

«Cambiar la ley es el primer paso para eliminar el crimen, la inequidad y estas prácticas nocivas que limitan el desarrollo y autonomía plena de las niñas y adolescentes».

Para Natalia Kanem, «una mujer que tiene control sobre su cuerpo tiene más probabilidades de estar empoderada en otros ámbitos de su vida, de prosperar».

La negación de la autonomía corporal, en cambio, a través de leyes que exoneran al violador y de otras prácticas, es según la jefa de UNFPA «nada menos que una aniquilación del espíritu, y debe terminar«.

La Corte Constitucional de Ecuador da paso a la despenalización del aborto por violación

Siete jueces votaron a favor y dos en contra de acoger la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal.

La Corte Constitucional de Ecuador emitió este miércoles un fallo histórico que da luz verde para la despenalización del aborto en casos de violación.

Con 7 votos a favor y dos en contra, los jueces declararon la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifican el aborto como delito y establecen dos excepciones en las que no es penado. 

El código 150 establece que la mujer que se someta a un aborto no será punible en dos casos: si se lo ha practicado para evitar un peligro de muerte, o si el embarazo es consecuencia de «una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental». 

Lo que hizo la Corte Constitucional, en respuesta a una presentación de tres organizaciones feministas, es suprimir la frase «que padezca de discapacidad mental»; con lo cual, habilitaría la despenalización para todos los casos de violación.

En el debate, «los jueces constitucionales consideraron que mantener la frase sería discriminatorio; pues cuando la violación se produce a una mujer con discapacidad es contra su voluntad, y cuando se viola a una mujer en uso de sus facultades también se hace en contra de su voluntad», consignó el diario local El Universal.

En las inmediaciones de la sede judicial, en Quito, grupos de activistas por los derechos de las mujeres celebraron la decisión, alzando los pañuelos verdes que identifican a la lucha por el aborto legal en todo el mundo. 

«Hoy será Ley y seguiremos luchando porque el aborto por decisión también lo sea», señaló en la red social Twitter el colectivo Surkuna.

A partir de este fallo, la Corte Constitucional tiene la potestad de exigir a la Asamblea Nacional la reforma de los artículos 149 y 150 del COIP, o emitir una sentencia modulatoria, en la que establece plazos y una directriz para la modificación del Código Penal de Ecuador.

El sábado 1 de mayo, “Día del Trabajo”, es feriado nacional

Ministerio de Trabajo

Este sábado 1 de mayo, fecha en que se celebra el “Día del Trabajo”, es feriado nacional con suspensión de actividades públicas y privadas, informó este miércoles el director General de Trabajo, Arturo Alessandri.

“El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, recuerda a la ciudadanía en general que el sábado 01 de mayo de la presente gestión, se constituye en feriado nacional, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala a su vez el comunicado 016/21 emitido por el Ministerio de Trabajo.

Alessandri explicó que esta determinación se basa en la Ley 274 del 10 de septiembre de 2012 que declara el 1 de mayo de cada gestión como “Día del Trabajo” concordante con el Decreto Supremo 2750 del 1 de mayo de 2016 y conforme al parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

El “Día del Trabajo” o Primero de Mayo es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada en que se realizan diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de los trabajadores y se recuerda a los mártires de Chicago (Estados Unidos) quienes ofrendaron sus vidas por lograr las ocho horas laborales en el mundo.

Paradójicamente es en Estados Unidos y en algunos otros países donde no se celebra esta conmemoración. En su lugar se recuerda el Labor Day el primer lunes de septiembre mediante un desfile que se realiza en Nueva York y está organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo.

El presidente norteamericano Grover Cleveland inició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento laboral en Estados Unidos

Gobernador Fanor Amapo es aprehendido en el departamento de Beni

El gobernador del departamento del Beni, Fanor Amapo, fue aprehendido este miércoles por la tarde en Trinidad por orden del Ministerio Público, reportó radio Patujú.

Según se conoció de forma extraoficial, el gobernador está acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Amapo enfrentaba varias demandas en su contra, por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. 

Según la emisora local, entre estas demandas estaban algunas presentadas por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni el año pasado. Recientemente también existió una demanda presentada por un ciudadano a la cual se adhirió el gobernador electo Alejandro Unzueta.

Con la aprehensión de Amapo, por procedimiento la Fiscalía debe proceder a la imputación del gobernador para la audiencia de medidas cautelares. 

Nuevas protestas ante rechazo de la Fiscalía de la acusación contra Áñez por los casos de Sacaba y Senkata

Después de que el Ministerio Público rechazara la proposición acusatoria que presentaron diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, familiares y activistas de las víctimas de los hechos violentos de la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba (Cochabamba) salieron en protesta este miércoles.

“Como sacabeños, como familia de los caídos, nos parece una falta de respeto que se nos rechace estas acusaciones contra Jeanine Áñez. No queremos impunidad en Bolivia, queremos justicia”, manifestó José Zurita, uno de los representantes de la protesta, en entrevista con Bolivia TV.

«Seducción a las tropas tipificada en el Código Penal, Sedición, prolongación de funciones, atribuirse el derecho del pueblo, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, conspiración son los delitos«, fueron las acusaciones que refirió Andrónico Rodríguez contra Áñez, donde también se incluyen estos hechos.

«Los hechos no pueden quedar en la impunidad, reconciliación sí, pero con justicia«, agregó la autoridad, ya que resolver diferencias políticas no implicaría pasar por alto el perjuicio al país y se debe aplicar sanciones ejemplificadoras, “no han perjudicado solamente al MAS sino a todo Bolivia”, acotó. 

Mientras que Gregorio Gómez, cívico de El Alto, pidió al Gobierno que emita una orden de arraigo contra otras ex autoridades para evitar que salgan del país y respondan ante la Justicia. También piden incluir a autoridades salientes y anotar sus bienes.

Quintana critica a la Iglesia

Entretanto, el ex ministro Juan Ramón Quintana  arremetió contra la Iglesia católica al señalar que hay complicidad por no referirse a los hechos por lo que se acusa a Áñez.

 Según el reporte de Kawsachun Coca, en una reunión con asambleístas paceños Quintana cuestionó que hasta la fecha no se hubiesen dado voces de rechazo por hechos como la denominada masacre de Senkata, Sacaba o enfrentamientos entre la población y FFAA que se registraron luego de las fallidas elecciones de 2019, cuando se descubrieron los indicios de fraude electoral que llevaron a la renuncia del ex presidente Evo Morales.

«Qué dice la Iglesia católica, que nosotros somos unos abusivos a diestra y siniestra, que estamos haciendo persecución política y que necesitamos reconciliación y la misma Iglesia no dijo absolutamente nada de nuestros compañeros masacrados en Senkata, en Huayllani, en la zona Sur de la ciudad de La Paz (…). Sean críticos de la Iglesia, porque tampoco podemos ser un rebaño de la Iglesia, tenemos que levantar la voz ante una Iglesia cómplice, traidora de los intereses del pueblo«, expresó.

Sobre la denuncia contra Áñez y los ex ministros por estos hechos, Andrés Flores, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y quien lideró la iniciativa de procesar a las exautoridades, indicó que la decisión de la Fiscalía se dio debido a que no se especificaron los domicilios de los sindicados.

“El Fiscal General nos pidió el domicilio, no se han dado los plazos; lamentablemente, no hemos podido cumplir. Tal vez en su debido tiempo, pero nos han rechazado”, detalló Flores, según la red Erbol.

Procesos contra ex autoridades

Hasta la fecha son al menos 11 ex autoridades del Órgano Ejecutivo  del Gobierno transitorio que tienen acusaciones por distintos hechos y que fueron llevados a la justicia de manera gradual. Además del proceso contra Áñez por el supuesto ‘golpe de Estado’, también se incluye en esto a los ex ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, que se encuentran recluidos preventivamente.

A ellos se suman Yerko Núñez, Arturo Murillo y Fernando López, también acusados por el mismo asunto. Estos dos últimos fueron incluidos en la denuncia que fue rechazada ayer por el tema de Sacaba y Senkata.

María Elva Pickert, ex ministra de Medio Ambiente, también tiene acusaciones en su contra por diversas causas, al igual que los exministros Óscar Ortiz, Wilfredo Rojo y Adhemar Guzmán por un supuesto daño económico al Estado por Bs 73,2 millones.

Por el caso de Fundempresa está siendo investigado el ex ministro José Abel Martínez. Mientras que el ex ministro de Economía, José Luis Parada, está incluido en la lista de procesados por gestionar un préstamos de $us 327 millones para oxigenar la economía y la lucha contra el coronavirus.

La exministra de Salud, Eidy Roca, también enfrenta un proceso por la compra de respiradores chinos con supuesto sobreprecio, mientras que Iván Arias, también exministro durante la gestión de Áñez, enfrente denuncia por hechos irregulares.

Mujer que cumple condena por un hecho en defensa propia puede conseguir la libertad tras 17 años

Tras casi diecisiete años en prisión, es posible que M.A.V. (por las iniciales de su nombre) pueda acceder a la libertad condicional, la decisión estará en tratamiento del Juzgado 1° de Ejecución Penal de Chuquisaca en una audiencia que se realizará el próximo jueves 29 de abril de 2021.

Por casi dos décadas, los muros del centro carcelario de San Roque en la ciudad de Sucre, han sido los únicos testigos y compañeros de la tristeza de M.A.V. por haber sido separada de su hija de nueve años de edad, para cumplir una condena en prisión, tras recurrir a la legítima defensa y disparar contra su ex pareja, un hombre que constantemente la agredía física, verbal y psicológicamente, al punto de generarle fracturas en los huesos. 

Con la mirada perdida M.A.V. sueña despierta con recuperar su libertad y comenta que lo primero que hará al salir de la cárcel es remojar sus pies en el río Cachimayo y dedicar todo el tiempo posible a cuidar de su pequeña nieta que tiene pocas semanas de nacida, considerando que las circunstancias de su encierro le privaron de la posibilidad de ver crecer a su hija (ahora madre de la bebe) y cuidar de ella, misma que tiene un grado avanzado de discapacidad visual.

La historia de M.A.V. es la de muchas mujeres tras las rejas en Bolivia, quienes a causa de asumir la defensa de su vida e integridad y pese a tener un historial de violencia sistemática, han sido condenadas o procesadas por delitos como asesinato, homicidio por emoción violenta, sin reconocer su derecho a la “legítima defensa” establecido en el Código Penal (Art. 11) que dispone que las personas que actúen en defensa de un derecho propio o ajeno, quedarán exentas de responsabilidad penal, siempre que hubiere necesidad racional (De defensa) y no exista desproporción en el medio empleado. 

Esta es la situación de M.A.V. quien el año 2004 con el fin de proteger su vida y la de su hija, en medio de una agresión de la cual era víctima, disparó contra su pareja utilizando el arma de su agresor quien era guardia de seguridad.

Pese a que el Ministerio Público pedía una sanción equiparable a “homicidio por emoción violenta” que tiene una pena de hasta ocho años, el Tribunal que conoció su causa, la sentenció por el delito de asesinato, que tiene una pena de treinta años de cárcel, la máxima reconocida en el ordenamiento boliviano.  

Ahora, gracias a una modificación al ordenamiento penal introducida por la Ley N° 1173, ella puede acceder a la libertad condicional tras haber cumplido en prisión más de la mitad de su condena y contar con certificados que acreditan buena conducta.

Esta sería la segunda vez que M.A.V. a través de sus abogadas representantes de organizaciones de la sociedad civil solicita acogerse a este beneficio, pues en 2020, el Tribunal de Sentencia le negó la petición argumentando que no tenía un certificado oficial que acredite la discapacidad visual de su hija. 

Considerando que el Instituto de Investigaciones Forenses – IDIF no cuenta con un oftalmólogo, las abogadas del caso en coordinación con organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de las mujeres han acudido al Instituto Boliviano de la Ceguera para obtener el documento oficial solicitado por el Tribunal de Sentencia en la primera oportunidad, por lo que se tiene mucha expectativa de lograr un fallo favorable en la audiencia.

Ciertamente, nada podrá devolver a M.A.V. los años de separación de su hija a causa de esta condena injusta y desproporcional emitida por el Tribunal que la condenó, pero en esta oportunidad, el Tribunal 1° de Ejecución en lo Penal de Chuquisaca tiene la potestad de conceder a M.A.V. una segunda oportunidad de vida, y tratar de revertir en algo, todo el impacto y vulneración generada por la sentencia que la envió a prisión.

Representantes de la sociedad civil que patrocinan el caso, manifestaron confianza en que la decisión de la Jueza Vidalia Morales que conocerá el requerimiento de libertad condicional, obre conforme a derecho y conceda este beneficio a M.A.V. el próximo jueves 29 de abril del presente, razón por la cual se preparan para acompañarla a la salida de la cárcel de San Roque a – finalmente – mojar sus pies en el río Cachimayo y abrazar con todas sus fuerzas a su hija y nieta.

Aprehenden a exdiputado Galo Bonifaz acusado de abuso sexual contra su hija

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) aprehendió al exdiputado del MAS y exviceministro Galo Bonifaz, quien está acusado por el delito de abuso sexual que habría cometido contra su hija biológica de nueve años de edad.

Los hechos denunciados habrían acontencido entre junio y julio de 2019. La madre de la víctima se enteró de lo sucedido y realizó la denuncia el pasado 2 de febrero de 2021, informó este miércoles el coronel Jhonny Vega, director departamental de la FELCV en La Paz.

Según el reporte policial, la Defensoría de la Niñez realizó una valoración psicológica a la niña, quien relató lo que había ocurrido. En su relato, la menor de edad señaló que el agresor aprovechaba los momentos en que su madre estaba ausente para realizarle toques impúdicos.

Bonifaz fue aprehendido el lunes en Cobija, Pando, y fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde se encuentra en celdas de la FELCV.

El jefe de la FELCV indicó que Bonifaz se acogió al derecho al silencio y que el jueves será sometido a audiencia de medidas cautelares. Agregó que el Ministerio Público emtió la imputación y está solicitando la detención del acusado en un centro penitenciario.

Bonifaz, como representante del sector de transporte de Pando, fue diputado por el MAS entre 2010 y 2015. Después asumió como Viceministro de Transportes en el gobierno de Evo Morales.

Contraloría remite a la Fiscalía denuncias contra implicados en casos respiradores y gases

La Contraloría General del Estado remitió al Ministerio Público las denuncias correspondientes en contra de varios implicados en los procesos de compras irregulares de respiradores durante la pandemia del coronavirus (covid-19), gases lacrimógenos y otros materiales no letales para la Policía Boliviana, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“Se ha encontrado principalmente irregularidades en el proceso de contratación, hay incumplimiento de deberes, principalmente hemos visto los procesos de contratación que han sido procesos ilegales con muchos problemas, en base a eso se ha generado las responsabilidades necesarias y se ha emitido una denuncia con un informe de supervisión”, informó el Contralor General del Estado, Henry Ara.

Dijo que la Contraloría revisó los procesos de contratación que se hizo durante el gobierno transitorio y se hallaron varias irregularidades que involucran a altas exautoridades y todas aquellas personas que han sido parte de estas compras.

Ara mencionó que se activaron las denuncias en la vía penal, porque se encontraron delitos que involucran a distintas personas.

“Hay muchos delitos como incumplimiento de deberes, incluso también hay parte privada, porque se ha visto que hay asociaciones delincuenciales en estos hechos. Lo mismo ha pasado en esto (de los respiradores) y en la compra de agentes químicos que se ha remitido ya una denuncia al Ministerio Público y se ha acompañado la denuncia tanto al Ministerio de Gobierno como al Ministerio de Defensa, para que ellos sean parte del proceso”, acotó.

La autoridad no descartó que en el trascurso de la investigación, y en coordinación con el Ministerio Público, podría cuantificarse si es que también existe una responsabilidad civil en estos temas.

Según los antecedentes preliminares de estos casos, en el tema de la compra de los respiradores españoles y chinos, están involucrados los exministros de Salud, Marcelo Navajas y Eidy Roca, otras exautoridades, exfuncionarios y personas particulares.

Con relación al caso gases lacrimógenos, los principales implicados son los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López.

Nueva Zelanda, el paraíso de la música en vivo que reunió a 50 mil fans sin normas de bioseguridad

Pareciera que Nueva Zelanda es parte del pasado que tanto añora la humanidad, al menos en lo que refiere a los shows en vivo, ese mundo en el cual la gente asistía masivamente a un concierto en un bar, sala o estadio y mientras que gran parte del mundo sigue confinado, el grupo Six60  dio un show multitudinario en el país, donde no es necesario el distanciamiento social después de que la nación haya erradicado casi en su totalidad el coronavirus. 

El cierre de la gira de la banda ocurrió el pasado sábado por la noche y se anunció como el mayor concierto del mundo desde que comenzó la pandemia, según reportaron medios internacionales y la propia agrupación en su página de YouTube.

La banda, que ha logrado situarse en la cúspide de la música en Nueva Zelanda, aunque, sus incursiones en el extranjero han terminado sin los avances que buscaban, consiguió marcar un hito en la historia de la música tras protagonizar aquellos eventos a los que el mundo de occidente estaba acostumbrado y ahora, por la pandemia, parecen un futuro cada vez mas lejano.

A una de las asistentes, Lucy Clumpas, le pareció una experiencia surrealista estar rodeada de tanta gente después de haber pasado el año pasado viviendo interminables encierros en Gran Bretaña. “Es muy importante para nosotros, como seres humanos, poder reunirnos y cantar juntos las mismas canciones”, dijo. “Nos hace sentir que formamos parte de algo», según reporta Infobae con datos de AP.

Por su parte, el vocalista de la banda, dijo que desean desesperadamente que sus amigos músicos de todo el mundo puedan volver a tocar en directo. “Sabemos lo que es estar encerrado. Fue una mierda. Y no sabíamos si íbamos a poder volver a dar conciertos”, dijo en una entrevista antes del espectáculo. “Pero somos afortunados, por algunas razones, aquí en Nueva Zelanda”.

Nueva Zelanda es el único país que reporta menos de 10 casos nuevos de COVID-19 casi todos los días. En ocasiones, ninguno. Desde que comenzó la pandemia, ha registrado 2.600 casos y apenas 26 muertes.