Hablando de reformas a la “justicia” en materia penal, desde la casa del jabonero

RUBEN MARTINEZ FLORES

Desde “la casa del jabonero”, vemos con decepción como se realizan talleres, seminarios, conferencias, coloquios, encuentros, congresos, etc., para dizque modificar las Leyes para una correcta aplicación de la “justicia” que con el correr del tiempo de nada sirven; simplemente porque no se aplican o al menos para la gran mayoría de pobres que hacinan las cárceles; por no tener un buen abogado o simplemente por acabar el pleito judicial. Entonces concluimos que por más buenas intenciones o Leyes Penales progresistas se creen, nunca alcanzará a esos condenados por su pobreza, no por sus delitos. Lo que se condena no es el delito es la pobreza.

De soslayo y generalizando tocaré las reformas necesarias al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal sin citar artículos o incisos, sino desde una experiencia real, para adentrarnos específicamente en la Ley de Ejecución Penal -Ley 2298- en cuyo paraguas por el momento estamos tutelados los privados de libertad y en el cual nos regimos.

En el Código de Procedimiento Penal una de las salidas alternativas es el Procedimiento Abreviado que en muchos casos es bien utilizado; pero generalmente en la práctica es mal utilizado por las dramáticas experiencias reales que se tienen -altas sentencias o personas inocentes como culpables para justificar una mala investigación o simplemente para hallar un culpable-, este instituto perdió el sentido con el que fue introducido en nuestro Código Penal que es el de agilizar los procesos penales bajo los principios constitucionales de celeridad, objetividad y evitar la tan mentada retardación de justicia. Esta salida alternativa el Proceso Abreviado debiera ser evaluado por un Juzgado Dirimidor -debe crearse o en su defecto por los juzgados conciliadores- que evalué con objetividad y en función a las pruebas si es prudente la aplicación o no de un proceso abreviado para luego pasar a un Juez de Instrucción o en su caso con las reformas actuales por un Tribunal de Sentencia hasta incluso antes de dictarse una sentencia; lo que actualmente no se realiza sino al contrario los abogados de las partes o el ministerio público a través de sus fiscales presionan y amenazan al imputado o acusado de someterse a un procedimiento abreviado y hacerse de una sentencia “benigna”, cuando tal vez en un juicio oral se puedan obtener buenos resultados o hasta sentencias absolutorias y lo que comúnmente los abogados y fiscales no hacen o no quieren hacerlo el llegar a un juicio oral público y contradictorio, porque significa mayor trabajo, mayor investigación, pruebas contundentes y mayor preparación profesional de los patrocinantes. Una muestra clara de la aplicación de esta salida alternativa del Procedimiento Abreviado, es que nuestras cárceles están llenas de gente inocente que por temor tuvieron que aceptar una sentencia en un proceso abreviado; porque de no hacerlo tendrían sentencias altas, y es actualmente para lo que sirven las tan enunciadas leyes de descongestionamiento procesal penal, para someter a los imputados o acusados a aceptar una sentencia como de lugar en un proceso abreviado, para cubrir la abrumadora retardación de justicia.

Un pequeño comentario de lo que debe modificarse en el Código de Procedimiento Penal, habiendo muchísimos más puntos que deben estudiarse para ser modificados. Lo mismo pasa con el Código Penal, comenzando por algunos conceptos jurídicos penales que no se adecuan a la modernidad de los tiempos ni mucho menos a la realidad de nuestro país. En principio debe existir una Reclasificación de Delitos que permitan la aplicación de penas alternativas al encarcelamiento, como son el trabajo comunitario, obras sociales y la obligatoriedad de adquirir un oficio, técnica o profesión; pero en libertad hacia lo que son los principios de enmienda, readaptación que permitan en los posterior al infractor vivir decentemente como dice el conocido adagio: “tu primer error será el último”.

Tocando ya de lleno en lo que vivimos y palpamos a diario en el cumplimiento de una condena o por una detención preventiva, la Ley de Ejecución Penal (Ley 2298 y su Reglamento) que rige nuestras vidas como consecuencia de una condena. Una Ley de Ejecución Penal bien pensada en algunos aspectos y en otras un tanto anquilosadas en el pasado de un Estado inquisidor que solamente busca someter y sojuzgar a las personas privadas de libertad, quizá de ahí que desde la vigencia de la Ley de Ejecución Penal -20 de diciembre del 2001- no se aplica, por así citar la disposición transitoria tercera de esta Ley: “(Dependencia). Hasta tanto se organice el Régimen de Supervisión, la Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión, continuará bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno, debiendo operar la transferencia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la publicación de la presente Ley”; pasaron no sólo dieciocho meses sino más de dieciocho años y hasta el momento no se realizó esta transferencia ni creemos se realizará la misma, del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Justicia como manda la Ley; porque no es conveniente para los fines políticos de ninguna autoridad, es por eso que en más de diez y nueve años no se dio esa transferencia. Este artículo es un punto de partida muy importante para el análisis de los diversos institutos que tiene la Ley de Ejecución Penal en su conjunto en cuanto al trabajo, estudio, beneficios penitenciarios, manejo de las cárceles y todo lo que corresponde a la Ejecución Penal de las personas condenadas. La finalidad de la pena en ejecución de condena es: “…lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado” y será más efectivo el cumplimiento de estos mandatos bajo los principios de los Derechos Humanos Universales de las personas privadas de libertad al igual que muchos países que ya tienen muy avanzado la Administración de su Sistema Penitenciario donde son entes independientes los que manejan los centros penitenciarios, y  con esa óptica de Derechos Humanos, más efectivos y con criterios restaurativos y de enmienda.   

Este pequeño análisis es apenas un ápice de lo mucho que nos queda por comentar en materia penal en general y mucho más en Ejecución Penal cuya realidad vivimos a diario, de ahí que las Reformas legales deben partir desde las experiencias reales y no desde los escritorios, por persona que no tienen conocimiento de la realidad ni de la existencia de Leyes que tienen que ver con un gran conjunto de ciudadanos que por diversos motivos se encuentran en los Centros Penitenciarios, por eso recalcamos que se debe abrir el debate y como privados de libertad ser escuchados y tomados en cuenta seriamente en las propuestas y reformas a las leyes. Es necesario la inclusión de los que no tienen voz, los excluidos de las cárceles. Como habíamos mencionado ni siquiera se aplicaron las leyes y ya piensan reformarlos, si tan sólo se aplicarán con objetividad y sana crítica las cosas marcharían bien, por decir la “justicia”.

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