A 14 años del racismo en Cochabamba que llevó a muertes y la renuncia de Manfred Reyes Villa

(Redacción Central/El Andaluz)

Todavía el país recuerda las crueles muertes de aquel 2007, será que Bolivia tras estos hechos cambió, o el 2019 pudimos ver otra ola de racismo desencadenada por políticos de turno.  

La antropóloga y socióloga Gabriela Canedo escribió en el 2017 para el periódico Los Tiempos que no hay que olvidar aquel día negro que Cochabamba vivió, ese fatídico 11 de enero de 2007, y traer a la memoria lo que no podemos, ni debemos repetir. Los/as cochabambinos/as descubrimos y palpamos el racismo existente en la ciudad crisol. Aquel bien ganado concepto de la ciudad cosmopolita que albergaba a propios y extraños, ciudad de paso que recibía con los brazos abiertos a migrantes, se cayó aquel día.

Recordemos que, en ese entonces, Manfred Reyes Villa fungía como prefecto de Cochabamba y se pretendía desconocer los resultados del Referéndum de autonomía regional de 2006. Lo cierto es que cientos de campesinos que llegaron de las provincias circundaron la plaza principal y las instalaciones de la entonces prefectura, ese acto despertó que cientos de cochabambinos salieran a agredir y a enfrentarse. Munidos con bates, palos, fierros y hasta armas, se lanzaron a una batalla campal, de esas que duele y por nada debemos repetir.

Los hechos ocurridos el 11 de enero mostraron la oposición que se vivía en el país. Si bien podemos caer en cuenta de que las principales dicotomías eran políticas, lo grave fue que se plasmó en el odio a la otredad, se expresó en el rechazo violento, ya no argumentativo o discursivo, sino con aquel signo que es desde mi punto de vista el más bajo: la violencia. Es decir, creer que se tiene la potestad de lastimar al otro/a, hasta matarle. Los muertos fueron de ambos bandos, por tanto el rechazo y la posibilidad de agredir al otro hasta cegarle la vida aquel día no tuvo partido.

El racismo se expresó de tal manera que no existe fundamento válido que alcance a argumentar semejantes actos de violencia. Las élites cochabambinas se sintieron agredidas con la ocupación de sus espacios tradicionales por campesinos, ese fue un hecho concreto. Sobre lo que debemos reflexionar y reparar es cómo el discurso de la cochabambinidad, aludiendo a que determinados espacios pertenecen a ciertos sectores, persiste en la “llajta” crisol de Bolivia. Si bien podemos argüir que esos argumentos son retrógrados, lo cierto es que al parecer continúan presentes y lo que nos tiene que enervar es la idea de sentir el derecho de ejercer violencia sobre otra persona. Ese 11 de enero, salió por los poros esa latente disidencia con el otro/a, ese rechazo hacia una alteridad distinta, pero igual. Ese día en Cochabamba el racismo se hizo incontenible.

Si bien podemos decir que permanentemente se han expresado dos visiones de nación, debemos apostar a que en el campo político esta construcción de “amigo/enemigo”, las diferencias, las visiones distintas puedan solucionarse sin recurrir a la violencia. Creo que el respeto a la integridad del otro es el precepto que se debe hacer cumplir por sobre toda diferencia de cualquier índole.

Con todo, iniciamos un 2017 embriagados/as de esperanza, pues la utopía de hacer un mundo mejor, en el pequeño espacio en el que nos desenvolvemos cada día, es el horizonte que tiene que ser nuestro referente, pues en diversos puntos del planeta, existen seres humanos, que de forma cada vez más latente les toca vivir y pasar por hechos dolorosos como lo fue para nosotros/as el 11 de enero de 2007.

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Según el testimonio de los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en la tarde del viernes fue detenida su marcha en el puente Huayllani. Tenían la intención de hacer una reunión en la céntrica plaza 14 de septiembre para repudiar el golpe. Cuentan que, luego de mucho tiempo frenados ahí, recibieron una lluvia torrencial de gases lacrimógenos. Entre las paredes de humo que se formaron entre los manifestantes empezaron a entrar las balas. Cuando el humo se disipó, corrieron a buscar los cuerpos de los compañeros caídos sobre la carretera. Los cargaron y los evacuaron con las balas aún zumbando sobre sus hombros. Ocho murieron con heridas de bala. Otros 26 permanecían internados en hospitales de la zona.

A todo esto, las fuerzas conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dijeron a los medios, extraoficialmente, que los cocaleros vinieron armados, que quisieron disparar a los policías, pero, al carecer del entrenamiento necesario, terminaron disparándose entre ellos. Los policías afirmaron que estaban solamente con agentes químicos, por lo cual las balas jamás podrían haber venido de su bando.

Por la noche, el flamante exministro de la Presidencia (equiparable al cargo de Jefe de Gabinete en Argentina), Jerjes Justiano, dijo en conferencia de prensa: “Hemos podido determinar que se trataría de armamento de uso militar. Uno de los fallecidos presenta una herida de muerte realmente singular, porque la bala entra por atrás y va de arriba hacia abajo. Es decir que no provino de un enfrentamiento cruzado”. Acto seguido, el exministro en funciones comparó estos ocho asesinatos con la quema de wiphalas que dio inicio el gobierno de Jeanine Áñez. Porque, según él, ambos delitos fueron realizados por “infiltrados”.

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