Se busca justicia para sancionar a falso médico forense

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

Isabel Avendaño, presidenta de la Asociación Nacional de Victimas Judiciales, llegó a Tarija para atender las denuncias sobre un ex trabajador del Tribunal de justicia quien actuaba como médico forense sin poseer título, el falso forense tras ser acusado de acoso sexual, fue despojado de su cargo y la sociedad pudo conocer que era un “trucho”.

Avendaño señaló que gracias a este médico forense falso muchas personas inocentes ingresaron al penal de Morros Blancos, apuntó que la justicia en Tarija estaría ayudando al falso forense, ya que aun no se colocó fecha de su audiencia.

La presidenta de la Asociación Nacional de Victimas Judiciales apuntó que son muchas irregularidades en torno a este falso médico, por ejemplo, citó el caso de una mujer que fue brutalmente agredida por su ex pareja, cuando el falso forense la revisó le dio 8 días de impedimento, pero, las heridas de la victima eran muy graves y terminó falleciendo por las mismas, muestra de un gran acto de negligencia.

Isabel Avendaño busca denunciar ante el Tribunal Supremo de Justicia las irregularidades en torno al falso médico y los implicados en estos casos, “hay casos de violaciones privadas de libertad por procesos falsos y mercantilizar la justicia, arman supuestos casos solo por cobrar dinero” destacó la líder de la Asociación Nacional de Victimas Judiciales.

Información sobre el falso forense

Walter Daza Alá fue acusado el 2019 por los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, este caso se conoció después de que una persona lo habría señalado por acoso sexual.

Existen varias personas que están procesadas y condenadas por certificados médicos forenses emitidos por Walter Daza Alá, puesto que no es un médico forense, se sabe más de un año y la Fiscalía en su tiempo dirigida por Gilbert Muñoz lo que hizo es proteger y lograr la impunidad Walter Daza y aún se continúa realizando retardación” declaró el año pasado la abogada denúnciate, Mary Carrasco.

Según la abogada el ex médico forense de la fiscalía de Tarija quien está siendo investigado, trabajó en la institución desde el año 2011 tiempo en qué no tenía ningún título y sólo tenía una matrícula de inscripción a una institución que se llama Greco Corp. Que se encuentra en la ciudad de Cochabamba.

“A raíz de las investigaciones que realizamos, hemos puesto la denuncia y en la misma sorpresivamente dirigida por Gilbert Muñoz se rechazó la denuncia en base a tres certificaciones emitidos por una funcionaria”, declaró el años pasado.

Explicó que pasó el tiempo y lograron ganar un Amparo Constituciones que revierte la decisión del ex fiscal Muñoz e indica que se continúe con la investigación.

Nos llevamos con la sorpresa que el exforense el 5 de diciembre del 2018 pidió a la Fiscalía que le devuelvan los certificados originales donde establecía que supuestamente él tenía un título y fue ahí que la actual fiscal departamental, Carla Oller, en ese entonces sólo fiscal,  procedió a la devolución de los documentos en original el cual eran la base de la investigación” dijo Carrasco.

La abogada ha manifestado que son alrededor de 12 casos en el que está involucrado Walter Daza y todos exigen justicia.

“Hemos pedido una inspección ocular; sin embargo, hasta la fecha la fiscal que es parte de la investigación Lorena Fernández, no le parece importante la inspección en el lugar del hecho que sería la ciudad de Cochabamba y por ello se sigue retardando la investigación”, ha aseverado.

Tras dichas declaraciones vertidas el año pasado, en octubre de este año se logró que el equipo de fiscales pueda llevar el caso, sim embargo las víctimas de nuevo protestan y claman justicia. El pasado mes de octubre varias de las victimas del forense marcharon y protestaron para que se lleve a las instancias correspondientes el caso y puedan obtener justicia, sin embargo, a noviembre del presente año todavía las familias esperan la fecha y hora apra que se inicie el proceso.

 Según el articulo 177 de Código Penal (NEGATIVA O RETARDO DE JUSTICIA).El funcionario judicial o administrativo que, en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales les corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.

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