Abel Guzmán: No correspondía que se suspenda al directorio de Setar

Osmar Arroyo/El Andaluz

El presidente de la comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Abel Guzmán, informó que se concluyó con la primera fase del trabajo de investigación iniciado por la comisión legislativa especial sobre Servicios Eléctricos de Tarija (Setar).

Indicó que los técnicos entregarán ese informe en las próximas horas y se convocará a sesión de la comisión especial para que se ponga en consideración del pleno.

Indicó, que en la sesión podrían salir observaciones o complementaciones, además de acciones a seguir sobre el trabajo realizado.

Remarcó, que es la primera parte del trabajo de investigación y todavía no es un informe consolidado.

Destacó, que se haya concluido con el trabajo de manera rápida por la parte técnica y entre uno de los temas analizados se encuentra la suspensión de los miembros del directorio de Setar por una juez sumariante de la gobernación.

Guzmán, indicó que se cumplieron con las entrevistas y con la recolección de documentos, los que ya fueron analizados.

El legislador adelantó a El Andaluz, que dentro del trabajo de investigación, se evidenció que no correspondía que una juez sumariante que tiene un rango inferior destituya a miembros del directorio que fueron seleccionados en un concurso de méritos en la Asamblea Departamental.

Indicó, que existe la vulneración de algunas normas, pero que ese tema será analizado con todos los miembros de la comisión especial para que se pueda explicar con mayor detalle.

Espera, que entre el viernes o lunes ya se pueda tratar el tema, para arrojar un informe final, que se remita a la directiva de la Asamblea para su posterior tratamiento en sesión del pleno.

Remarcó, que será el pleno del ente legislativo los que determinen que acciones se asumirán y consideren el informe, es un tema que todavía no se ha analizado y que debe tomarse una decisión en el pleno.

 

 

 

Exdirigente del MAS insta a cívicos presentar pruebas de un supuesto fraude

Osmar Arroyo/El Andaluz

Cívicos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y también Tarija se movilizan para exigir una auditoria forense al proceso electoral del pasado 18 de octubre, señalando que se habría gestado nuevamente un fraude en el país.

El exdirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Nelson Aguilar, señaló, que la derecha sólo pretende convulsionar al país, que las movilizaciones no tienen peso en todo el país y solamente sería una línea política de Luis Fernando Camacho.

Para Aguilar, los cívicos no quieren que se posesionen Luis Arce y David Choquehuanca y tratan de convulsionar a Bolivia.

El exdirigente instó al movimiento cívico movilizado que presenten las pruebas de un supuesto fraude de las elecciones.

“No hay pruebas”, expresó Aguilar, a tiempo de señalar que después de convulsionar a Santa Cruz también pretenden hacerlo en la media luna.

Con respecto al nuevo gobierno, Aguilar, dijo que no se debe cometer el mismo error que la UDP, con medidas a favor de los ricos y que todas las decisiones que se tomen se lo debe hacer consultando con el pueblo.

Mencionó, que se debe tener un gabinete ministerial fuerte para poder salir de la pandemia, y atender las principales necesidades de la población.

 

 

Multan con 870 bolivianos a Miguel Ávila por uso de bienes del Estado en campaña electoral

(Roberto A. Barriga/ El Andaluz)

En el mes de septiembre el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, con movilidades y recursos del municipio al cual representan decidió repartir panfletos que contenían propagada a favor del MAS (Movimiento al Socialismo) y regalos para los pobladores de Corana Norte y Erquiz Sur, esta acción fue denunciada por varios comunarios y pobladores del municipio de Méndez, lo que llegó a que se presente una denuncia ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) .

El día de ayer la jueza electoral del municipio de San Lorenzo realizó una valoración acorde a las pruebas presentadas en el caso y sentenció a Miguel Ávila a pagar el 41% de un salario mínimo nacional, es decir el alcalde deberá pagar la suma de 870 bolivianos como sanción por utilizar bienes del municipio y cometer un crimen.

El presidente del comité cívico de San Lorenzo y denunciante, Paul Rivera, indicó ante El andaluz que se celebró la decisión de la justicia de fallar en contra del alcalde, sin embargo lamentó la sanción tan baja que recibe por actos de clara corrupción y mal uso de los bienes que pertenecen al municipio.

Rivera indicó que inclusive había audios donde se podía escuchar al alcalde caundo repartía hoja de coca que contenía los panfletos dentro y decía a la gente que viene de parte del “papá Evo”.

Esta no sería la primera denuncia de este estilo, el año pasado, Miguel Avila, colocó banderas del MAS en postes de luz, toda la entrada a San Lorenzo flameaba con los colores del partido de Evo Morales.

Pero no todas las faltas de Ávila son de carácter propagandístico y contra la ley de Régimen Electoral 026, también Paul Rivera señaló que tiene denuncias pendientes por acoso político a concejales, por el mercado que se construyó y terminó como un depósito, extracción de áridos sin licencia ni plan de manejo, y otras que denotan una pésima gestión administrativa del municipio.

Observan incumplimiento en protocolos de bioseguridad en transportistas

El Andaluz / Yacuiba

El director municipal de Tráfico y Transporte, Jorge Martínez afirmó que los controles al transporte interprovincial e interdepartamental corresponden al Gobierno Departamental, la unidad cumple con los operativos de ordenamiento.

En el transporte local se evidencia que no se cumplen los protocolos de bioseguridad, que fueron acordados para retomar sus actividades. “Hay usuarios que no quieren respetar los espacios, en los micros no quieren respetar los espacios libre, solo pueden llevar 12 , no se quieren mover de los asientos, esto implica que no podemos sancionar alterando la norma, no se puede sancionar al pasajero”.

Martinez aclaró que el área urbana de Yacuiba, ninguna asociación de mototaxistas está legalmente establecida, los que en meses pasados iniciaron una protesta por habilitación, recién están en el proceso de tramitación de su personería jurídica. “Fuimos testigos, de personas con chalecos haciendo el servicio, solicitamos a la Unidad Operativa de Tránsito ejecutar las batidas, y los mototaxistas hacen caso omiso, pero hay sanciones porque no tienen autorización”. En cuanto a los deliverys, sostuvo que de manera particular, muchos realizan la actividad, pero ninguna asociación inició trámites como apertura a nivel institucional para brindar el servicio.

 

Never Vega: “Gobernador fue el que más frenó proyecto de agua”

(El Andaluz)

Tras los anuncios de rechazo por parte de sub gobernador de Bermejo, Never Vega, y el asambleísta por el mismo municipio, Roberto Cardozo, sobre la determinación del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, de recortar 3,8 millones de bolivianos destinados al proyecto de agua por gravedad del río San Telmo para Bermejo, y desmentido por el gobernador Oliva, quién afirmó que los recursos están garantizados, el aún sub gobernador de Bermejo, salió a asegurar que el gobernador Oliva, “fue el que más frenó la ejecución de dicho proyecto, que tiene por objeto solucionar el eterno problema de falta de agua potable en la población del sur del país”.

Vega afirmó que, tras 2 meses de ser posesionado como gobernador, Adrián Olivia, cambió todo trato entre la gobernación del departamento para con la sub gobernación y con Bermejo, a tal extremo que no se realizaban las transferencias de los recursos para cubrir las planillas de avance que la empresa ejecutora solicitaba oportunamente.

“Esto tiene que saber la población, después de 2 años de haber sido posesionado el gobernador, recién se hizo una transferencia, pero producto de un convenio para cubrir la mora con la empresa, tanto ejecutora como la empresa supervisora, que es una actitud de valorar, puesto que siempre demostraron interés de continuar y concluir dicho proyecto, se acortó que las transferencias serían mensuales para cubrir la deuda que se acumuló, sin embargo hasta eso incumplieron, demostrando que de interés no tenían nada para con la población y que éste proyecto se consolide” manifestó la autoridad bermejeña.

Según la explicación que hizo Vega en una conferencia de prensa, su intervención tiene por objeto principalmente aclarar que dicho proyecto lo está ejecutando la sub gobernación, “yo no puedo ir a meterme a un proyecto que ejecute la alcaldía, un ministerio del Estado o un proyecto de la gobernación, si no van a respetar al sub gobernador no importa, pero respeten a la población, recién aparecen para hablar del proyecto, cuando fueron los que más frenaron la ejecución del mismo, cuando se concluya invitaré al Presidente que se será posesionado, a Ministros y al Gobernador, para demostrar que en Bermejo estamos ejecutando obras en beneficio de la población” concluyó.

 

Filas y reclamos de usuarios en el Segip y Sereci

El Andaluz / Yacuiba

La directora del Segip Yacuiba, Tatiana García Soria informó que por la falta de personal no logran abastecer para la atención a personas en sus tramitaciones, tras el incremento en los últimos días. “Con las dos operarias por día, entregamos unas 80 cédulas, hoy una de las operarias tuvo que irse, y bajamos la producción a 40”, señaló.

García refirió que algunas personas acudían temprano con la finalidad de vender los puestos en las filas, pero en la jornada del miércoles optaron por repartir fichas. “Para evitar susceptibilidad, entregamos fichas a todas las personas que estaban con su boleta en mano, a los demás se les explicó que hagan su depósito bancario y vuelvan mañana”, explicó.

Otros reclamos se generaron tras la solicitud de certificados de impedimento de sufragio, algunas personas que acudieron a cobrar el bono Esperanza, se vieron imposibilitados de retirar los 500 bolivianos del beneficio.

Carla Norelia Álvarez, responsable del Sereci manifestó que las personas deben justificar y respaldar los motivos por los cuales no sufragaron, como requisito para extender el certificado. ”Para los ciudadanos que no votaron tienen hasta el 18 de noviembre, son 30 días desde las elecciones. Por ejemplo si no sufragaron por motivos de salud, deben presentar el certificado médico”, aseveró.

 

Justicia deja sin efecto detención domiciliaria de Gustavo Torrico

ABI

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, determinó dejar sin efecto la detención domiciliaria, que cumple desde febrero, el asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, quien es sindicado por los delitos de sedición e instigación pública a delinquir.

«El día de hoy Gustavo Torrico ya no tiene detención domiciliaria por el respeto al derecho constitucional del trabajo y por haberse demostrado que la restitución al cargo de asambleísta pues le permite ejercer ese derecho», informó el abogado del asambleísta, Andrés Zúñiga.

El jurista explicó que su defendido reanudará sus actividades laborales como asambleísta departamental desde la siguiente semana. A pesar de la determinación judicial, Torrico mantiene el arraigo y la fianza económica determinada por la justicia de La Paz.

Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, que derivaron en movilizaciones porque, según una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), hubo una «manipulación dolosa», el legislador departamental, en noviembre del año pasado, en una entrevista con el canal estatal, dijo: «si las madres de los jóvenes que protestaban estaban dispuestas a sacrificar a sus hijos».

Ante ello, el Ministerio Público inició una demanda contra Torrico por los delitos sedición, terrorismo e instigación pública a delinquir. El asambleísta fue sobreseído del delito de terrorismo.

Por lo menos cinco instituciones continúan tomadas por vecinos autoconvocados por grupos de WhatsApp

El Deber

Cuando faltan cuatro días para que Luis Arce Catacora asuma como Presidente del Estado, varias instituciones estatales y trancas continúan tomadas por manifestantes, quienes exigen una auditoría a los resultados de las elecciones generales del 18 de octubre, la suspensión de la transmisión de mando, además que rechazan la modificación del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional que busca aprobar los ascensos a generales de militares y policías por mayoría simple y no por los dos tercios.

El martes en la noche un grupo de manifestantes cerraron el ingreso a la Almacenera Boliviana (ALBO), ubicada en la avenida Virgen de Cotoca. Ayer, por la mañana, fue el turno del Servicio de Impuestos Nacionales de la calle Sucre, la Aduana Nacional de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos e, incluso, la Gobernación de Santa Cruz fueron precintados por los grupos movilizados, entre ellos la Unión Juvenil Cruceñista.

“El gobernador al que elegimos no nos representó ni nos defendió, actuó como un aliado del MAS”, señaló Ronald Talavera, activista de Nuevo Poder Ciudadano.

Se organizaron ellos mismos

Una de las activistas al frente de las manifestaciones que se identifica como ‘Black Widow’, contó que la organización del bloqueo de las instituciones se realizó primero en un grupo grande de WhatsApp, pero que, mientras transcurrían los días, observaron que existían infiltrados que buscaban ocasionar desmanes.

“Los grupos de WhatsApp fueron el impulso, pero debido a la cantidad de infiltrados se tomó la decisión de que cada barrio se organice por su propia cuenta. Recibimos incluso amenazas e intentos de hackeo a los celulares, por eso cada vecino empezó a organizarse de manera privada por zonas”, contó.

La activista informó que apoyarán los paros convocados para este jueves en las provincias del Norte Integrado y del Bloque Chiquitano, y para el viernes, a nivel departamental.

“Nosotros, como plataformas y ciudadanos civiles apoyaremos las medidas tomadas por el Comité, ya que en este momento la unión es la fuerza, aunque no estemos totalmente de acuerdo con las medidas”, señaló.

Cuestionamientos

En varias de las vigilias instaladas en las instituciones estatales, algunos ciudadanos consultaron dónde se encontraba el excandidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, ya que la última vez que fue visto en persona fue durante la conferencia de prensa que dio el 19 de octubre, cuando señaló que esperarían los resultados del conteo oficial de votos. Luego, solo se comunicó a través de videos.

 

Fiscalía rechaza denuncia contra Evo, Huarachi y otros dirigentes por los bloqueos de agosto

Erbol

La Fiscalía decidió rechazar la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno contra Evo Morales, Juan Carlos Huarachi, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y otros dirigentes, debido a los bloqueos de agosto en que se los acusó de impedir el paso de oxígeno medicinal.

La información fue proporcionada por el abogado Fernando Peñaloza, quien es defensor del dirigente vecinal alteño Ernesto Quispe, quien es el único que fue imputado en este caso, mientras que el resto de los denunciados quedó apartado del proceso.

De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, presentada a la justicia el 29 de octubre, se rechazó la denuncia contra los siguientes dirigentes: Juan Carlos Huarachi de la COB, Orlando Gutiérrez (†) de la Federación de Mineros, Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza de la misma región, Freddy Yujra, Justo Yujra, Raúl Mamani y Rosmilda Salas.

La denuncia era por los delitos de terrorismo, genocidio, sedición, atentados contra la seguridad de los servicios, delitos contra la salud, destrucción de bienes, instigación pública a delinquir. La misma se presentó debido a los bloqueos que, según el Gobierno, dejó decenas de fallecidos por la falta de oxígeno entre pacientes de COVID-19.

Los bloqueos de agosto fueron convocados por la Central Obrera Boliviana y organizaciones afines al MAS, quienes rechazaban la postergaciòn de las elecciones hasta el 18 de octubre.

El jurista observó que su defendido Ernesto Quispe sea el único imputado en el caso. Señaló que no existen elementos para acusarlo contundentemente de los hechos investigados y que se lo inculpa solamente por haber sido dirigente del distrito 7 de El Alto.

Quispe fue aprehendido el 13 de octubre y fue enviado a la cárcel, sin embargo, recientemente logró la detención domiciliaria para defenderse fuera de un recinto penitenciario.