El Andaluz / Yacuiba

Dos dirigentes de padres de familia que iniciaron movilizaciones y protestas por la dotación del bono escolar de 500 bolivianos para la comunidad estudiantil, fueron citados al Ministerio
Público por un proceso que se les inició.

Evangelina Cuéllar y Alexander Álvarez, son los padres de familia con proceso penal, la dirigente Shirley Gutiérrez, se constituirá en su representante legal.

“Nos llevamos una sorpresa, en la reunión en la EPI 4 el alcalde dijo que no había instructivo para procesos, pero el proceso ya estaba desde el 19 de septiembre, en la primera manifestación que hicimos en la Alcaldía, nos dicen por instigar a delinquir, en ningún momento hemos hechos vandalismo ni delincuencia, la ley nos ampara a pedir nuestro derecho, el incremento de la canasta escolar o devolución del desayuno escolar para nuestros niños”, afirmó Evangelina Cuéllar.

Alexander Álvarez refirió  que ninguno de los alcaldes de Yacuiba en el transcurso de los años, inició proceso a los sectores de la población, como la actual gestión de Ramiro Vallejos.

Al respecto, la abogada Shirley Gutiérrez precisó que el proceso instaurado es por instigación a delinquir, atentado contra la seguridad del transporte y  contra la salud pública. “Si esto fuera real, serían varias las organizaciones sociales procesadas, la denuncia la hace el alcalde, en el primer punto expresa que está ejerciendo su derecho y le da el poder al doctor Yamil, el memorial tiene el sello del Gobierno Municipal”,  indicó.

Gutiérrez aseguró que no conciliarán ni firmarán actas de garantía, en vista que la protesta de los padres está enmarcada en la Constitución Política del Estado. “Es una manera de callar la voz de los padres de familia”. El proceso para ser cerrado tiene el plazo de un mes. Solicitó al Ejecutivo Municipal una explicación. “Tenemos que tener la responsabilidad de asumir nuestros actos, estamos esperando una explicación del alcalde. Si el alcalde no autorizó alguien más lo hizo en el Gobierno Municipal”. Cuestionó que al pertenecer al Movimiento Al Socialismo (MAS), vayan en contra de las movilizaciones sociales. “Deben revisar qué tipo de `personas tienen como militantes y protagonistas”.

Por su parte, el alcalde Ramiro Vallejos en declaraciones a Periodismo Urbano, descartó que haya realizado una denuncia contra los padres de familia, tampoco instruyó a la parte legal a tomar acciones, pero que personas particulares pueden haber presentado. “Es falso que el alcalde haya denunciado a dos personas (…) Mientras no muestren elementos que vinculen directamente no pueden afirmar, cuando tenga que hacerlo lo hare dando la cara, con nombre y apellido”. Vallejos enfatizó en el acuerdo que lograron con los padres de familia, del monto de 140 Bs para la canasta alimentaria estudiantil, que lleva en proceso para su modificación de ley en el Concejo Municipal.

Dato. Los padres de familia afirman que sus protestas y movilizaciones están enmarcadas en la Constitución Política del Estado.

 

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