Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López, acusados de genocidio, sedición y asesinato

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

En un informe realizado el día de ayer por la Comisión de Sacaba y Senkata para la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL), se recomendó iniciar un juicio de responsabilidades a la presidenta transitoria, Jeanine Añez Chavez, que es acusada de haber cometido Genocidio, Sedición, Asesinato, Asesinato en el Grado de Tentativa, Lesiones Graves, Lesiones seguida de Muerte, Asociación Delictuosa, Desaparición Forzada de Personas, Incumplimiento de Deberes y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.

También al actual ministro censurado de gobierno, Arturo Murillo, y también el censurado ministro de defensa, Fernando López, según recomendaciones de la comisión serán procesados por: Genocidio, Asesinato, Asesinato en Grado de Tentativa, Lesiones Graves, Lesión seguida de muerte, Asociación Delictuosa, Privación de Libertad y Desaparición Forzada de Personas.

Karen Longaric, el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, Jerjes Justiniano (ex ministro Presidencia), ministro de energía, Rodrigo Guzmán, José Luis Parada (ex ministro economía), ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, la ministra de medio ambiente, María Elva Pinker, Mauricio Ordóñez, (ex ministro de agricultura) y Roxana Lizárraga, (ex ministra de Comunicación), fueron señalados por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes e Incumplimiento de Deberes.

Dentro del documento de 11 páginas la Comisión también analizó a autoridades, quienes deberían ser procesados por la vía penal por los delitos de Genocidio, Asesinato, Asesinato en el Grado de Tentativa, Lesiones Graves, Lesión seguida de Muerte, Privación de Libertad y Desaparición forzada de Personas por las muertes y masacre en Sacaba, Cochabamba, dentro de los varios nombres figuran los del Cnl. Jaime Zurita Trujillo, ex Comandante Departamental Policial en Cochabamba, y al Cnl. Alfredo Echalar, ex comandante de la Guarnición Militar en Cochabamba.

En cuanto a las masacres de Senkata La comisión recomienda procesar en la vía penal al Cnl. Ivan Rojas, ex comandante de la Policía en La Paz, y al Cnl. Franko Orlando Suarez Gonzales, ex Comandante de Acción Conjunta.

En cuanto a los militares la comisión también recomienda juicio ordinario por asesinato contra el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Willians Kaliman, por haber ordenado la salida de militares en la zona de Ovejuyo en la zona sur y en Betanzos – Potosi.

También por la vía penal se procesará por Asesinato al Cnl. Rodolfo Antonio Montero quien asumió el cargo de Comandante General de la Policía un día antes de los hechos suscitados en el Puente Huallani, en Sacaba departamento de Cochabamba.

Entre otros nombres también figura el Cnl. Sergio Orellana Centellas, comandante de las Fuerzas Armadas, que fue posesionado el 10 de noviembre del 2019, es decir días antes de los hechos de Senkata y Sacaba que acabaron con la vida de bolivianos.

APL aprueba informe (vía Página 7)

En el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) con sus dos tercios, aprobaron este jueves el informe final de la comisión especial que investigó los hechos luctuosos ocurridos en noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba y en Senkata, El Alto, en el que se recomienda un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez y juicio ordinario contra su gabinete de ministros.

El informe presentado al pleno del Legislativo, recomienda autorizar juicio de responsabilidades contra Añez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes, al «haber emitido el Decreto Supremo (DS) 4078, contrario a la Constitución y al bloque de constitucionalidad».

El pasado 15 de noviembre, tras los operativos de las fuerzas del orden en Sacaba, Añez y su gabinete firmaron el DS 4078, que en su artículo 3 señalaba: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

Ante el saldo de aproximadamente 30 civiles muertos y cientos de heridos a bala en Sacaba y Senkata, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos observaron dicha norma, por lo que el 28 de ese mes, la misma fue abrogada.

La mandataria también es acusada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, sedición, asesinato, asesinato en el grado de tentativa, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa, desaparición forzada de personas, «por los hechos luctuosos ocurridos en el puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba y en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto».

Además se recomienda llevar a cabo juicios ordinarios contra los ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López, por los delitos de genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, «por los hechos luctuosos ocurridos en el puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba y en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto».

Respecto al resto de su gabinete, Karen Longaric (Canciller), Yerko Núñez (ministro Presidencia), Jerjes Justiniano (exministro Presidencia), Arturo Murillo (ministro Gobierno), Fernando López (ministro Defensa), Rodrigo Guzmán (ministro Energía), José Luis Parada (exministro Economía), Álvaro Coímbra (ministro de Justicia) y María Elva Pinckert (ministra de Medioambiente) Mauricio Ordóñez (exministro de Agricultura) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) también se recomienda juicio por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, por haber emitido el DS 4078.

La justicia aceptó en las últimas horas una acción de libertad interpuesta por el Gobierno, sin embrago la Asamblea llevó a cabo la aprobación del informe final.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, manifestó, “informó que, tras el rechazo del Juzgado de #Trinidad a la acción de libertad presentada por el Gobierno, se reinstaló la sesión del Legislativo para aprobar o rechazar el informe sobre los casos de Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros”, dijo.

 

Antecedentes por asesinatos en octubre 2003

El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó el 30 de agosto del 2011 a penas de entre tres y 15 años de cárcel a dos ministros y cinco jefes militares del segundo mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por los sucesos luctuosos de octubre de 2003, acusados del delito de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta.

El presidente de tribunal que juzgó el caso, Ángel Irusta, leyó ayer las condenas, tras seis días de debate en el que los miembros del Tribunal definieron las penas contra los acusados del caso conocido como «octubre negro».

El fallo judicial por la muerte de 65 personas durante los hechos violentos de 2003 no contentó a ninguna de las partes, aunque los familiares de las víctimas que se encontraban en las afueras del tribunal de justicia celebraron que finalmente, luego de más de dos años de juicio, se dictara la condena.

Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión, acusados de complicidad en el delito de «genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».

Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.

Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito «de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».

El tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos tras la lectura de las sentencias.

Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular que se oponía a la exportación de gas natural por Chile, no fue incluido en esta fase procesal de sentencias, pues se halla en trámite el pedido de extradición desde noviembre de 2008.

El juicio también quedó en suspenso para los otros ocho exministros de Sánchez de Lozada que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.

El exfiscal general, Mario Uribe, expresó su satisfacción por el fallo porque consideró que «se ha hecho justicia con las 65 personas fallecidas y los más de 450 heridos», aunque el Ministerio Público, así como la acusación particular, pidieron una condena de 25 años de cárcel para los siete procesados, apelando al concurso de varios delitos.

El Tribunal condenó a prisión a los siete acusados únicamente por el delito de genocidio.

«Es importante la sentencia para el Ministerio Público porque permite seguir trabajando para que el resto de los acusados se hagan presentes ante la justicia boliviana y sean procesados en juicio oral para la imposición de la pena respectiva», agregó.

El que fue representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Bolivia en 2011 , Denis Racicot, llegó a Sucre para presenciar la lectura de sentencia, destacó la conclusión del juicio y agregó que será importante «insistir en cuanto a la próxima etapa para que haya reparación para las víctimas de estos hechos trágicos».

Racicot dijo que este juicio no es el más largo en la historia judicial de Bolivia (después de ocho años), pero considera que en el nivel técnico ha exigido más evidencias documentales.

 

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