Murillo y Santamaría afirman que policía feminicida no mancha la imagen de la institución

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró el día de ayer que el asesinato de una mujer a manos de un policía no daña la imagen de la institución verde olivo.

“Lamentamos lo que ocurrió ayer es un hecho aislado que por supuesto no representa a la imagen institucional (de la Policía Boliviana) y del que lamentamos el desenlace”, manifestó la autoridad.

Santamaria no considera que un hombre armado por el Estado dañe la imagen de la policía al igual que Arturo Murillo, censurado ministro de gobierno, quien no solo está de acuerdo con  el viceministro de Seguridad Ciudadana, sino que aseguró que lo sucedido es “parte de la vida”, dijo, , justificó el accionar normalizando la situación, según Murillo lo sucedido “le puede pasar a cualquiera”, desde periodistas hasta políticos según declaró la autoridad.

“El problema que ha pasado ayer donde este policía ha hecho uso contra su pareja (asesinó con arma de fuego) y después se ha metido un tiro él, es un tema muy raro, es un tema pasional, es un tema aislado, lamentamos mucho lo que ha sucedido pero parte de la vida, los seres humanos reaccionamos de maneras que no sabemos que vamos a reaccionar, es una lastima lo que ha pasado, nos duele lo que ha pasado, pero no por eso podemos decir aaaa la policía, es un hecho aislado puede pasar en un periodista, a un militar, a un político pero no por eso podemos tachar a esa institución” dijo Arturo Murillo, censurado ministro de gobierno.

Según información extraída de la página de Facebook del ministerio de Gobierno el sargento de policía, Roberto Salvado Choque, asesinó a una mujer en la Línea Morada del Teleférico por una deuda y aseguran que no existiría ninguna relación sentimental, según reportó  el director nacional de la FELCV, coronel Juan Carlos Alarcón.

La revelación fue hecha por el esposo de la víctima de 49 años cuya identidad se guarda en reserva, quien dijo que recibía “amenazas por parte del ahora agresor, existiría una deuda y esos aspectos de principio le quitan ese matiz de feminicidio, pero nosotros vamos a seguir investigando, no descartamos que pudiese tratarse de un feminicidio o estaríamos con otro tipo de hecho. Pero lo cierto es que acá se cometió un asesinato” aseguró la autoridad.

El hecho se produjo en la víspera, alrededor de las 17.30 horas, el agresor y la víctima habrían sostenido una fuerte discusión, posteriormente, Salvado habría disparado en dos ocasiones contra la humanidad de la mujer y luego contra sí mismo dos veces, pero no logró quitarse la vida.

Alarcón dijo que están a la espera de la tipificación que realice el Ministerio Público en base a las investigaciones que se realizan en forma conjunta con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

El sargento Roberto Salvado Choque falleció en una clínica particular en la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz. La policía habría tomado contacto con un pariente del agresor.

Personal de la FELCC recolectó cuatro casquillos, un arma de fuego nueve milímetros y una gorra, posteriormente el cuerpo sin vida de la mujer fue llevado a la morgue del Hospital de Clínicas, donde se le practicará la autopsia de ley.

La policía agresora (Cortesía de Los Tiempos)

En ocho meses, 222 funcionarios policiales fueron denunciados ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). Las denuncias de violencia física, psicológica, sexual y los feminicidios empañan a las filas policiales.

Los departamentos con mayor incidencia de casos son La Paz (70), Santa Cruz (37) y Cochabamba (31). Las denuncias en otros departamentos también son considerables .

(Estos datos salen a la luz luego del caso del feminicidio de Betsabé Mara (24) a manos del teniente de Policía Adan Mina, quien confesó el hecho y fue sentenciado a 30 años de cárcel.

la representante del colectivo de Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, señaló que recibieron decenas de denuncias de parejas de policías. Las mujeres indican ser víctimas de agresiones y amenazas.

“La situación que atraviesa la Policía actualmente hace notar que hay un proteccionismo entre camaradas, eso implica que dejen muertes como el de Betsabé”, dijo. Nogales manifestó que es importante incluir algunos artículos en la Ley 101, en los queclaramente se especifiquen sanciones contra funcionarios policiales que sean denunciados por violencia de género.

En la Ley de Régimen Disciplinario (101) no existe una tipificación adecuada para temas de violencia, solo sanciona a los oficiales si agreden a sus parejas en días de servicio, de uniforme o haciendo alusión a ser funcionario policial.

Un fiscal policial, que por seguridad pidió no ser identificado, explicó que de todas las denuncias por violencia de género que recibe la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi), el 1 por ciento culmina en acusación y una sanción disciplinaria. “Al no existir artículos que sancionen como falta la violencia de género, muchas veces nos vemos obligados a forzar las acusaciones para que se dé una sanción, esto es difícil para nosotros, porque debemos enfrentarnos contra abogados profesionales que conocen nuestra normativa”, dijo.

El fiscal policial señaló que toda la investigación dura un año aproximadamente. En este lapso algunas víctimas se retractan de las denuncias y otras simplemente las abandonan.

“Mientras se desarrolla la investigación, algunos testigos de las víctimas ya no se presentan, las mismas denunciantes desisten, algunas lo hicieron en plena audiencia. Puede que este desistimiento lo hagan por miedo, pero dejan los casos y estos se cierran”, explicó.

La representante de Mujeres de Fuego señaló que muchas mujeres dejan los casos porque son acosadas por sus parejas y sus camaradas, que, en gran parte de las ocasiones, se niegan a atender las denuncias, ya sea en las Fuerzas Especiales o en la Didipi.

“Cuando la denuncia es contra un policía realmente es difícil que la víctima sea atendida, existe bastante proteccionismo entre camaradas, esto prácticamente obliga a algunas víctimas a abandonar los casos”, explicó la representante de Mujeres de Fuego. Cox y Nogales coinciden en afirmar que es importante que las evaluaciones psicológicas sean anualmente, para así poder refrescar la mirada de los policías.

“Si la Policía no cuenta con especialistas en psicología y psiquiatría, pueden buscar convenios con instituciones o pedir ayuda a las alcaldías para que sus profesionales puedan recibir atención psicológica pronta y efectiva”, señaló Cox. El objetivo que se debe lograr, según el delegado, es que cuando un policía vea que su camarada ejerce violencia contra su pareja u otro familiar denuncie el hecho y no lo encubra.

“No se puede generalizar, no todos los policías son malos, hay algunos buenos y comprometidos con su institución, pero estos malos policías como el teniente Mina, son los que hacen quedar mal a su institución. Muchas personas dicen cómo voy a tener confianza en la Policía, cuando son ellos quienes tapan los casos de violencia o se niegan a recibirlas”, manifestó Ángela Nogales.

Organismos internacionales increpan a Bolivia por violencia policial

El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, apuntó en julio el llamado de atención de organismos internacionales al gobierno de facto por un nuevo caso de violencia policial.

 

El hecho fue registrado la víspera por la Defensoría del Pueblo, y de acuerdo con el informe de esa instancia, un adolescente de 15 años sufrió severos daños como resultado de la actuación de los uniformados al tratar de desbloquear una localidad en El Alto el pasado 17 de julio.

Sufrió ‘fractura expuesta de borde lateral de órbita izquierda, trauma facial de mediana energía, herida compleja en cigomático izquierdo y lesiones contusas tipo equimosis en rostro’ explica el Certificado Médico Legal Forense de la víctima.

El hecho llamó la atención del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que requirieron al gobierno de facto de Bolivia por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Ambas instancias cuestionaron públicamente la actuación de los uniformados e instaron al gobierno de facto a realizar una investigación exhaustiva, diligente e imparcial, adecuar la conducta policial al marco internacional de los Derechos Humanos, garantizar el debido proceso a los detenidos.

Además la Defensoría del Pueblo del país andino-amazónico solicitará la identificación de los policías que intervinieron en las lesiones del adolescente, y su posterior procesamiento y sanción dentro de las leyes.

Tras el golpe de Estado que obligó a dimitir al presidente Evo Morales en noviembre pasado, la policía y las fuerzas armadas han sido objeto de acusaciones por uso excesivo de la fuerza en repetidas ocasiones, sobre todo contra seguidores del MAS y el depuesto mandatario.

Los casos más conocidos son las masacres de Senkata y Sacaba, donde la acción conjunta de militares y policías dejó un saldo de 30 fallecidos, casi un centenar de heridos y decenas de detenidos.

 

 

 

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