YPFB reforzará seguridad de plantas energéticas ante amenazas de conflictos

Página Siete

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que reforzará la seguridad de las plantas energéticas ante la amenaza de conflictos después de las elecciones del domingo 18 de octubre y anunció que cuenta con un plan de contingencia ante una posible afectación al abastecimiento de carburantes.

«Estamos tomando medidas en relación a cualquier tipo de amenazas contra las instalaciones estratégicas. Hemos desplegado un plan de contingencia para minimizar cualquier posibilidad de desabastecimiento y evitar todo tipo de contingencia ante las amenazas en algunos puntos”, señaló esta tarde la presidenta de YPFB, Katya Diederich, en su primera intervención pública tras asumir el cargo el martes.

Diederich no dio detalles del plan pero explicó que se coordina con el Ministerio de Defensa para el resguardo de las instalaciones de la estatal petrolera para evitar incidentes violentos como los ocurridos en noviembre de 2019.

«Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Defensa en resguardar las instalaciones, pero hay también otro tipo de medidas que por razones de confidencialidad la verdad no puede comentarse en el nivel de detalles», dijo en conferencia de prensa.

Dirigentes de las organizaciones sociales del MAS como Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación de Mineros, amenazó con reanudar las movilizaciones después de los comicios si existen irregularidades en el proceso electoral y la vocera del MAS, Marianela Paco, insiste en que se estaría gestando un fraude electoral.

Analistas políticos consideran que el partido azul está preparando terreno para no aceptar una segunda vuelta con el argumento de que hubo un fraude electoral.

En noviembre de 2019, seguidores del expresidente Evo Morales atacaron la planta de Senkata en El Alto y derrumbaron una parte de la infraestructura que almacena toneladas de gas y carburantes que abastecen al departamento de La Paz.

Promulgan Ley para el uso del dióxido de cloro en pacientes con coronavirus

El Deber

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, promulgó la “Ley que regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la Solución de Dióxido de Cloro (SDC) de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus.

La norma establece que los profesionales médicos podrán administrar la Solución de Dióxido de Cloro bajo consentimiento informado del paciente o un familiar, en conformidad a los protocolos estipulados.

Respecto a la comercialización del producto alternativo, estará a cargo de laboratorios y universidades del Gobierno nacional, gobiernos subnacionales, farmacias y clínicas legalmente establecidas, mientras que la población podrá adquirir el dióxido de cloro de las farmacias y sin la necesidad de receta médica.

La norma había sido sancionada el 5 de agosto tras subsanar observaciones de la Cámara de Diputados.

Ministerio de Salud

En julio pasado, la ministra de Salud, Eidy Roca, alertó que el uso del dióxido de cloro, como un supuesto remedio contra el Covid-19, ya provocó muertes en el país a causa del consumo de esa sustancia altamente tóxica para la salud.

“Tenemos que ser enfáticos, el Ministerio de Salud está totalmente en contra de la utilización del dióxido de cloro”, dijo en ese entonces.

Un informe científico publicado por el Ministerio de Salud, asegura que el dióxido de cloro es utilizado como blanqueador y desinfectante, pero que puede causar fallas respiratorias, trastornos sanguíneos, presión arterial baja, falla hepática, anemia, vómitos y diarrea.

Estudio científico

A fines de agosto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes-La Paz), se comprometió a iniciar pruebas clínicas sobre el uso del dióxido de cloro para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

“El Comité Científico ha planeado hacer un ensayo clínico randomizado (ECR). Lo haremos con la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Estaremos poniendo en práctica el protocolo que tendrá su tiempo de realización”, informó el director técnico del Sedes-La Paz, Ramiro Narváez.

El ensayo clínico randomizado es una de las formas más rigurosas de establecer una relación causal entre una intervención sanitaria y su efecto.

Este primer estudio en Bolivia, tenía que durar unos dos meses, según Narváez y va a dar luces a la evidencia sobre el dióxido de cloro en el tratamiento de la enfermedad.

Murillo descalifica censura y Palacio espera notificación

El Deber

Un tuit publicado en la cuenta personal del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, descalifica la interpelación a la que fue convocado por la Asamblea Plurinacional; mientras desde Palacio informaron que esperan las notificaciones para asumir decisiones.

“Hasta que la asamblea (del MAS) no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario”, señala la publicación que fue publicada dos horas después que la bancada del MAS votara por su censura y su consecuente destitución del cargo.

La Asamblea Plurinacional sesionó este miércoles para interpelar a tres ministros, de Gobierno Arturo Murillo, de Educación Víctor Hugo Cárdenas y de Salud Eidy Roca, ninguno se presentó aduciendo tareas pendientes y solicitaron la reprogramación; pero los asambleístas consideraron injustificadas las peticiones y votaron la censura de los ministros de Gobierno y de Educación. Aceptaron la justificación de Salud y reprogramaron su comparecencia.

En Palacio de Gobierno explicaron que esas notificaciones deben ser enviadas por la Asamblea para definir las medidas. Los abogados explicaron que se debe cumplir el trámite de destitución de los ministros censurados porque así lo indica la Constitución Política del Estado.

En la Casa Grande del Pueblo explicaron que Murillo mandó una nota porque le era imposible asistir ya que está concentrado en la seguridad del Estado para las elecciones del domingo, justificaron su inasistencia por una reunión que debía sostener con la OEA en Palacio.

La estrategia

Asimismo, indicaron que, si Murillo se presentaba y daba su explicación, la bancada del MAS no iba a respaldarlo y concederle un voto de confianza, por tanto consideraron que asista o no la “censura política” del masismo estaba descontada y ahora requiere de una respuesta política.

La respuesta, según las fuentes, será la misma que se aplicó el 9 de marzo cuando la presidenta Jeanine Áñez destituyó al ministro de Defensa, Fernando López que también fue censurado. Pero a las 24 horas volvió a posesionarlo en el cargo.

En el Gobierno creen que existe un marcado desgaste de la Asamblea y por tanto no es posible atender las convocatorias que realiza. Existe una aguda fricción entre Ejecutivo y Legislativo desde que el senador Oscar Ortiz dejara la función legislativa, pues era el articulador entre los dos órganos.

Gobierno anuncia que no publicará ninguna ley promulgada por Copa

Erbol

El Gobierno, mediante el viceministro Israel Alanoca, anunció que no publicará ninguna ley que haya promulgado la senadora Eva Copa, después de que la misma firmó dos normas, una que autoriza el uso del dióxido de cloro como tratamiento contra la COVID-19 y la “Ley de Arraigo”.

“El Órgano Ejecutivo no va a publicar ninguna ley que haya promulgado la señora Copa, porque no tiene ni la legalidad y legitimidad de promulgar tomando en cuenta lo siguientes: esta ley del dióxido de cloro y la ley de arraigo están en este momento en el Tribunal Constitucional”, indicó.

Alanoca señaló que al momento se tramitan recursos de consulta previa ante el Tribunal Constitucional sobre las normas en controversia, con lo cual está suspendido el procedimiento legislativo sobre esas leyes.

El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Enfatizó que una vez que lleguen las normas promulgadas al Ejecutivo, las mismas serán devueltas a la Asamblea.

Las leyes promulgadas

Copa, en sesión de Asamblea, promulgó las leyes para el uso del dióxido de cloro y de arraigo de autoridades, después de que la presidenta Jeanine Añez no lo hizo.

La ley que autoriza el uso consentido de diáoxido de cloro permite la comercialización y suministro del químico para la prevención y atención de COVID.

En el caso de la “Ley de Arraigo” la misma obligaría a la permanencia el país de Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y Máximas Autoridades Salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales por el espacio de tres meses una vez que dejen el cargo, con el objetivo de que rindan cuentas.

Caso Samanta: Dictan cárcel para la raptora y detención domiciliaria a sus hijos

Erbol

La justicia determinó este miércoles detención preventiva en el penal de Obrajes para Silvia Yumo, acusada del rapto de la bebé Samanta, y detención domiciliaria para sus hijos sindicados de complicidad.

La Fiscalía imputó a la principal acusada por el delito de trata, mientras que sus hijos, un varón y una mujer mayores de edad, fueron implicados porque conocían que su madre tenía a una bebé que no era suya y no reportaron el caso.

La bebé Samanta fue raptada el 8 de septiembre. Fue encontrada el reciente lunes, más de un mes después, en brazos de la ahora acusada luego de que la Policía recibió datos anónimos de su paradero.

Según la Fiscalía, la mujer alegó que había actuado por la depresión que le causó perder a un bebé y terminar su relación de pareja. Además, ella sostuvo que daría una mejor vida a la niña.

La defensa ya anunció que se pedirá un examen psicológico a la acusada.

Suspenden votación en Panamá y el norte chileno, tras no conseguirse autorización local

Erbol

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este miércoles que para el 18 de octubre se ha suspendido la votación de bolivianos en Panamá y algunas regiones del norte chileno, debido a que las autoridades locales no brindaron las autorizaciones respectivas.

“Las autoridades de la República de Panamá no concedieron la autorización para la realización de Elecciones Generales del domingo 18 de octubre en su territorio. Por lo tanto, se suspende la votación en Panamá”, dice un comunicado del TSE.

Respecto a Chile, el Tribunal señaló las autoridades de la República de Chile autorizaron el sufragio de los residentes bolivianos únicamente en su capital Santiago, por lo cual “no se podrá llevar adelante el acto electoral en Arica, lquique, Antofagasta, Calama y Copiapó”.

De acuerdo con las estadísticas de Padrón Electoral 143 bolivianos están habilitados para votar en Panamá, mientras que en Chile 32.017 fueron habilitados para sufragar, de los cuales 3.568 son de Santiago y el resto corresponde a regiones del norte.

Respecto a Argentina, la autoridad electoral indicó que aún continúa gestionando la votación provincia de Mendoza en Argentina, después de haber logrado el aval de las autoridades de las otras regiones donde está habilitado el voto de bolivianos.

“El TSE ha extremado esfuerzos, junto con los funcionarios diplomáticos, para que las autoridades de todos los países otorguen la autorización para la organización de la jornada electoral. Sin embargo, respeta la decisión que adopta cada país con respecto a la solicitud boliviana”, aclaró.

En la eventualidad de una segunda vuelta, el TSE anunció que reanudará las gestiones en todos los países para obtener las autorizaciones necesarias para organizar esa jornada de votación.

Senadora denuncia a Luis Arce por importación irregular de divisas en $us 225 millones en octubre 2003

Erbol

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales presentó este miércoles ante la Fiscalía de La Paz, una denuncia contra el entonces Subgerente de Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), Luis Arce Catacora, por la importación irregular de divisas en el orden de 225 millones de dólares que tenía el Estado boliviano guardado en la Reserva Federal de Estados Unidos, durante la crisis de octubre de 2003, cuando cayó el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La denuncia escrita señala que los informes de la Aduana Nacional indican que la importación total fue de 250 millones de dólares, pero Arce Catacora, quien era el único que tenía la clave de autentificación para realizar dichas operaciones, solamente registra el monto de 225 millones, existiendo una diferencia de 25 millones que no ha sido justificada.

Explica que, durante la crisis social y política de octubre negro, Arce Catacora ocupaba un cargo en el Banco Central de Bolivia, donde el único autorizado para gestionar la importación de divisas era el entonces presidente Juan Antonio Morales, sin embargo, dichas importaciones de dinero se habrían realizado sin autorización legal del Comité de Reservas Internacionales.

En su denuncia detalla que la máquina que registra automáticamente las operaciones del Banco Central, han sido forzada para sacar de ella la bobina en la que se almacena la información de todas las operaciones legalmente autorizadas por el Banco, en una clara demostración que se trató de ocultar la información.

En la relación de hechos, cita que el Acta del Comité de Reservas del Banco Central de Bolivia de fecha 24 de octubre del año 2003, a horas 15:30 p.m. en el acápite 4.2, indica que como resultado de los requerimientos extraordinarios de liquidez por parte del sistema financiero nacional entre el 14 de octubre del año 2003 y domingo 20 de octubre incluso, se trasladaron recursos de las reservas internacionales que el BCB  mantiene en la Reserva Federal de Estados Unidos de Norte América, durante las luctuosas jornada de octubre de acuerdo al siguiente detalle:

Fechas y montos de importación

  • Martes 10 de octubre de  2003 ===> $us 25.000.000
  • Martes 10 de octubre de  2003 ===> $us 50.000.000
  • Miércoles 15 de octubre  2003  ===> $us 50.000.000
  • Jueves 16 de octubre de 2003  ===> $us 50.000.000
  • Lunes 20 de octubre de  2003  ===> $us 50.000.000

Señala como una irregularidad, que la reunión se realizó cuatro días después donde sorprendentemente legalizan esta importación de manera extemporánea. Dicha reunión – según la denuncia escrita – se realizó en presencia de los ciudadanos Lic. Enrique Ackerman A. director del BCB; Dr. Armando Pinell, Asesor Principal de Política Económica del BCB; Lic. Marcela Nogales G, Gerente General del BCB y Luis Arce Catacora, Subgerente de Reservas Internacionales del BCB.

Añade que el Comité de Reservas Internacionales estaba compuesto por el Lic. Luis Arce Catacora, cuyos informes se encuentran enunciados en el acta. La senadora denunciante afirma que “este funcionario logró que se convaliden decisiones tomadas con anterioridad, es decir, que las remesas de dinero por $us 225.000.000 se trasladaron desde EEUU a Bolivia sin ninguna autorización oficial que es lo que el acta trata de enmendar”.

Gonzales suscribe el memorial, señalando que no existe autorización expresa para a importación lo que implica que son operaciones que técnicamente, a pesar de su aprobación, no fueron sometidas al análisis del Comité, sino más bien aprobadas diligentemente y gestionadas por el Subgerente de Reservas Internacionales Lic. Luis Arce Catacora.

En su denuncia indica que estas operaciones no tienen la firma del Gerente de Reservas Internacionales de la época Lic. Jaime Valencia Valencia siendo, en consecuencia, importaciones irregulares en medio de los luctuosos hechos de octubre.

Con estos antecedentes la senadora Gonzales cree que se ha causado un gran daño económico al Estado y denuncia a Luis Arce Catacora por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito, peculado, malversación y uso indebido de influencias y exige a la Fiscalía de La Paz un trabajo de investigación inmediata y objetiva.

Asamblea censura y exige la destitución de Murillo y Cárdenas

El Deber

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aceptó este miércoles la excusa de la ministra de Salud, Eidy Roca, que no asistió a la interpelación a la que fue convocada por el caso respiradores, pero consideró injustificadas las ausencias de Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas, por lo que dispuso su censura e inmediata destitución.

El hecho tiene lugar a cuatro días de las elecciones. Los ministros debían responder, primero, por la compra de armamento no letal con presuntas irregularidades; y segundo, por la cancelación de las labores educativas por la pandemia del Covid-19.

Los titulares de Gobierno y Educación no acudieron al llamado de diputados y senadores, quienes, por dos tercios, votaron para que sean removidos de sus cargos, conforme dispone el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Algo similar sucedió en su momento con el ministro de Defensa, Fernando López, que tampoco compareció ante esa instancia, fue apartado de sus funciones, pero pocas horas después volvió a ser posesionado.

Sin embargo, a mediados de septiembre, la presidenta de la Cámara Alta promulgó la ley que regula los efectos de censura de una autoridad del Ejecutivo, estableciendo que una autoridad destituida por disposición del Legislativo no pueda asumir un cargo público en tres años.

La norma puesta en vigencia por Copa establece que la jefa de Estado tiene un máximo de 24 horas, tras haber conocido de manera formal sobre las censuras, para apartar de su cargo a los ministros; sin embargo, esa norma fue enviada a consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que aún no emitió una decisión.

 

 

Vecino del barrio 30 de septiembre exigen ser incluidos en planimetria de Las Barrancas

El Andaluz Digital

El presidente del barrio 30 de Septiembre, Javier Siñani, informó que se encuentran molestos porque en la Alcaldia no se cumplieron con los compromisos realizados para la planimetria de Las Barrancas.

En una protesta que protagonizaron la mañana de éste miércoles, indicaron que acordaron que se realizaría la planimetria de la zona de Las Barrancas y se incluiría el barrio 30 de Septiembre, pero cuando salió el trámite resulta que el barrio no figura.

Exigen que se cumplan los compromisos al Gobierno Municipal y se pueda incluir al barrio dentro del trámite de planimetria.

 

Sociedad de Ingenieros advierte de riesgos en instalación de tuberia de Cosaalt por debajo del río

El Andaluz Digital

Eduardo Miranda en representación de la Sociedad de Ingeniero en Tarija, informó que realizaron un estudio de factibilidad del proyecto que se ejecuta para la instalación de la tuberia en el puente San Martín por debajo del río.

Explicó, que se observarion mayores riesgos en ese tipo de instalación de la tuberia, que la instalación de una tuberia aérea.

La Sociedad de Ingenieros recomiendan subsanar lo antes posible esas falencias.