ANF
Pasaron nueve años desde la brutal represión policial contra marchistas (hombres, mujeres y niños indígenas) en la localidad de Chaparina. Ese domingo 25 de septiembre de 2011, un gran contingente de efectivos rodearon al grupo de movilizados mientras acampaban. Los gasificaron, los golpearon y tumbaron en el suelo a patadas sin contemplación. Los enmanillaron e inmovilizaron con cintas adhesivas.
El recuerdo aún permanece al igual que la intención de procesar a quienes están acusados de la autoría y orden para esta intervención, entre ellos Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero, ex autoridades del gobierno de Evo Morales.
Pero el caso no avanza en el país; sin embargo, hace unas semanas se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un proceso al Estado boliviano por violaciones de los derechos de los pueblos indígenas del Tipnis con el propósito de construir la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, sin atender a su criterio y parecer, durante el segundo periodo de gobierno de Morales, hoy asilado en Argentina.
Frente a un resonado proceso en el país, el dirigente y líder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y parte de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Adolfo Chávez, dijo en entrevista con ANF que esperaran reiniciar esta demanda cuando se consolide la reestructuración y reforma del sistema judicial.
“La justicia boliviana está todavía en administración del gobierno anterior y es por eso que en ese tiempo, de ese gobierno, se rechazó nuestra demanda contra el mismo Morales, Sacha y Romero y los comandantes de entonces. Ante esta justicia y este hilo conductor aún dependiente al anterior gobierno, es que nosotros hemos pedido la ayuda internacional”, detalló Chávez la víspera, al terminar un Cabildo de pueblos indígenas en la región de Trinidad para llevar adelante hoy un pronunciamiento tras nueve años de la represión.
Es así que la demanda por justicia ante un hecho que causó el repudio de la población continuará, pero Chávez manifestó que mientras “operen fiscales y jueces, desde el mismo Lanchipa (Fiscal General), seguirán rechazando nuestra demanda y generando obstáculos y nosotros buscamos que se sancione a los responsables y eso se dará cuando haya una reestructuración y reforma de esta justicia”.
Paralelamente se espera que el caso avance en la CIDH y que pese a los años transcurridos se vayan sumando más pruebas y testimonios de un hecho que Chávez califica como “la brutal represión de un gobierno indígena contra los indígenas”.
Hoy, para recordar ese domingo violento, se llevarán adelante pronunciamientos y testimonios de indígenas que sufrieron la represión, a través de las redes sociales de la CIDOB – Orgánica.
Anoche, durante el Cabildo de dirigentes indígenas, en instalaciones de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), en Trinidad, también se confirmó la presencia de la presidenta Jeanine Áñez para un evento programado este sábado 26 de septiembre.