Osmar Arroyo/El Andaluz
La mañana de ayer las oficinas del Prosol fueron tomadas por el sector campesino de Cercado, que exige a la Gobernación que se pueda habilitar a las comunidades denominadas “castigadas” para recibir recursos del Programa Solidario Comunal (Prosol).
La medida de presión que se tomó fue de forma pacífica, con letreros en manos piden una reunión con el gobernador Adrián Oliva para tratar el tema, pero no se dejó ingresar a los funcionarios a las oficinas.
Varias comunidades se encuentran inhabilitadas para recibir recursos del Prosol, debido a que se tienen observaciones por malos manejos de recursos en años anteriores y que no se habría cumplido con la rendición de cuentas.
El ejecutivo de la Subcentral de Tolomosa, Sail Guerrero, considera que las observaciones son superficiales y que no hay argumentos suficientes para que alrededor de 50 comunidades continúen inhabilitadas para recibir el Prosol
Mientras no se atienda la demanda del sector, Guerrero señaló que continuarán con la mediad de presión y si no son escuchados hasta éste jueves las movilizaciones se radicalizarán y advierten con cercar la ciudad con el bloqueo de caminos.
Reiteró que de las 75 comunidades que hay en Cercado, 50 no reciben el Prosol, porque están inhabilitadas.
Al momento en la toma de las oficinas de la Gobernación, no se cuenta con mucha gente, El dirigente, señaló que se pretende evitar la aglomeración de personas, pero si no son escuchados más comunidades se irán sumando a las medidas de presión.
Varias comunidades no reciben el beneficio desde el 2015 y piden que puedan volver a ser habilitadas para poder superar la pandemia del covid 19 que afectó económicamente al sector.
Mencionó, que la dirigencia de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucc-T), gestiona una audiencia con el gobernador Adrián Oliva.
Esperan una repuesta favorable de las autoridades para tomar determinaciones sobre las medidas de presión.
Por su parte, la directora del Prosol, Gladys Sandoval, indicó que varias comunidades no presentaron bien su rendición de cuentas y que no habrían utilizado los recursos para lo que estaba programado.
Remarcó, que se realizaron inspecciones de campo y también se cuentan con informes legales sobre las comunidades inhabilitadas.
Señaló que en las próximas horas se hará llegar una nota por parte de las autoridades convocando a una reunión al sector campesino de Cercado para tratar el tema.
Observaciones
Sandoval, aclaró que ella hace cumplir lo que establece el reglamento del Prosol, y que se habrían cometido una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del Prosol en pasados años.
Mencionó, que muchas de las comunidades en la actualidad ya son parte del área urbana y que no corresponde que reciban Prosol, entre ellos dijo que esta Morros Blancos, Pampa Galana, parte de La Tablada.
A nivel departamental indicó que son 70 las comunidades que están inhabilitadas para recibir el Prosol.
En algunas comunidades pidieron recursos para hacer galpones, pero cuando fueron a visitar a realizar la inspección se encontraron con infraestructuras con puertas con ventanas y pisos de cerámica, eran construcciones de viviendas.
En el caso de la comunidad de San Andrés, presentaron una iniciativa productiva para la apertura de una panadería, un año compraron los terrenos, otro año los equipos y otro años los insumos para la elaboración de pan, pero nunca funcionó la panadería y esos recursos fueron mal utilizados porque todo lo adquirido estaría abandonado.
Señaló que, cuando por familia recibían 6 mil bolivianos, algunas comunidades llegaron a recibir hasta 3 millones de bolivianos y que no fueron bien utilizados.
Sandoval, dijo que no todas las comunidades inhabilitadas fueron observadas en su gestión, algunas están inhabilitadas desde el 2012 y otros años anteriores.
Con respecto a las acciones legales, remarcó que el reglamento establece que los comités de las comunidades son las que tienen responsabilidad penal y civil sobre el manejo de esos recursos económicos y que la base es la que debería haber fiscalizado el buen uso de ese dinero.
La Gobernación coadyuvó con algunas denuncias ante el Ministerio Público, pero indicó que eso corresponde a las comunidades campesinas, en caso de que hayan sido encañadas por los proveedores o en caso de que exista un mal manejo por parte de los comités.
Perjuicios
Por la toma de las oficinas, Sandoval, dijo que se vieron perjudicados porque llego gente de comunidades que están habilitadas para recibir el Prosol y no pudieron dejar su documentación porque las oficinas estaban cerradas.
