El fiscal general optó por el encierro y evita referirse a los procesos contra Evo

EL DEBER

En menos de dos años de gestión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, se encuentra “acorralado” por las presiones que se intensificaron después de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019.

Desde el Gobierno de Jeanine Áñez lo acusan de no activar los procesos de corrupción contra funcionarios del anterior gobierno, suman las denuncias de manipulación informática en el sistema de selección para acceder a la cabeza del Ministerio Público y los pedidos de su renuncia porque se mantuvo pasivo durante las jornadas de bloqueos de caminos promovidos por sectores afines al MAS que impedían el ingreso de medicamentos y oxígenos a los hospitales de las ciudades en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.

La máxima autoridad del Ministerio Público prefirió autoaislarse desde abril de este año, su última aparición pública fue para entregar 750 canastas solidarias a las familias afectadas por el Covid-19 en Sucre; desde entonces solo aparecía a través de videos enviados por la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General del Estado.

Ninguna persona, salvo los funcionarios más allegados, saben si Lanchipa asiste a su despacho en la Fiscalía o cumple funciones desde su domicilio. Desde la Unidad de Relaciones Públicas aseguran que la autoridad está cumpliendo con sus funciones, sin entrar en detalles.

Cuestionamientos

En mayo de este año, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que Lanchipa estaba “desaparecido”, no contesta las llamadas telefónicas que se realizan desde el Órgano Ejecutivo. En ese entonces lo invitó a “dar la cara”.

“Si no está enfermo, dé la cara. No se oculte. Desde que lo amenazaron los del MAS, se ocultó. Si no tiene valor para seguir en su puesto y hacer su trabajo, solamente tiene un camino, renuncie y váyase a su casa. 

Aquí estamos los bolivianos para defender al pueblo, no para meternos debajo de un escritorio cuando alguien nos amenaza. En este momento tan difícil de la historia de Bolivia, no hay espacio para cobardes”, aseveró el ministro Murillo en una conferencia de prensa que ofreció el 30 de abril en la ciudad de La Paz.

Pasaron casi cinco meses y obligado por las presiones de los juicios en su contra, el 8 de septiembre Lanchipa atendió a algunos medios de prensa para informar de varios casos y comunicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado protección ante los presuntos hostigamientos en su contra.

A esta improvisada conferencia del martes 8 de septiembre, salió a su sala de prensa con algunos papeles en mano, su ayuda memoria sobre los temas de los que debía informar.

Ese mismo día, el fiscal general rechazó lo que denominó actos de hostigamiento del Comité pro Santa Cruz e informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los próximos días hará conocer a las autoridades nacionales una medida cautelar para garantizar su seguridad y la de su familia, mientras que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), también se pronunció en respaldo a la gestión del fiscal general del Estado, emitiendo una Declaración de Apoyo, que expresa el repudio contra todo acto contrario a la independencia y autonomía del Ministerio Público.

Encerrado en la Fiscalía General y en su domicilio, Lanchipa se mantiene en silencio y algunas veces, en su nombre, habla su secretario general, Edwin Quispe, para aplacar de alguna manera las acusaciones de que el ex representante de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima durante la gestión de Evo Morales habría cometido irregularidades para habilitarse como postulante en las elecciones para fiscal general del Estado.

Entra y sale en vehículo desde sus oficinas en la capital del Estado Plurinacional, no se lo ve circular en las calles como ocurría con otros fiscales de gestiones de hace más de 10 años, como Pedro Gareca. En las afueras de la Fiscalía General se observan constantes protestas exigiendo su renuncia y en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca está en trámite una denuncia penal en su contra, impulsada por organizaciones cívicas y plataformas ciudadanas.

Lanchipa evita pronunciarse sobre los procesos que se siguen en contra del expresidente Evo Morales que es acusado por terrorismo, sedición y de abuso sexual contra menores de edad.

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