ANF
La justicia en Bolivia aún es cuestionada, por el tratamiento y excepciones que se hacen para algunas personas y los juicios irregulares y lentos para otras. Es el caso del desfalco al Fondo Indígena que, a más de seis años de hacerse hecho público a través de los medios de prensa, aún no se han esclarecido las responsabilidades, se dispusieron beneficios como detenciones domiciliarias para algunos acusados y se dilatan audiencias e investigación para quien denunció el hecho y hoy está preso.
El ex director de esta entidad, Marco Antonio Aramayo, quien hizo la denuncia de estos hechos de corrupción, lleva casi seis años preso sin un proceso claro y con más dudas que certezas. Hoy, desde su encierro clama por un proceso justo y denuncia las amenazas, acusaciones y persecuciones de miembros y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El que está muerto soy yo”, es el suspiro de desesperación de Aramayo, quien tiene sobre su espalda 86 juicios iniciados por el Ministerio Público en 2015; y cumple con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, donde también lucha contra el coronavirus (Covid-19).
En una carta manuscrita dirigida a ANF, Aramayo responde a las afirmaciones que hace unos días fueron vertidas por Manuel Morales, autor del libro “Fondo Indígena: la gran estafa, propuestas desde los pueblos indígenas”, publicado el 2015. “Manuel Morales insiste en mentir y sarcásticamente asegura que la denuncia del Fondioc (Fondo Indígena) la realizó la Contraloría General del Estado. Yo le puedo probar frente a cualquier juzgado o tribunal que la denuncia de los 153 proyectos la realizó Marco Antonio Aramayo, quien investigó, monitoreó y entregó el informe circunstanciado/preliminar al entonces Contralor del Estado, Gabriel Herbas”, detalla el ex director.
El ex director del Fondo Indígena afirmó que 4.400 dirigentes afines al MAS se beneficiaron con Bs. 729 millones de dicho fondo.