Osmar Arroyo/El Andaluz
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, señaló que solicitaron información a la Unidad de Finanzas, de dónde indicaron que el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz no cumplió con el depósito de 9.150.000,00 bolivianos a favor del Gobierno Departamento.
El Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital en La Paz, hizo conocer la resolución el pasado 25 de agosto, se debe restituir al estado inicial lo que se hubiese producido fruto de la emisión de la Resolución AC-03/2018, con la que se tramitó un débito automático a cuentas de la Gobernación para favorecer al Gobierno Municipal de Uriondo, dicha resolución fuera revocada, es decir que en un plazo de 48 horas Ruiz debía haber devuelto esos recursos debitados a cuentas de la Gobernación.
El plazo se cumplió el pasado viernes, pero la autoridad edil no cumplió con la orden judicial, por lo que se tendrán que activar las acciones coercitivas para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente.
García, indicó que más allá de la falta de transferencia de los recursos, la actitud de Ruiz significa el incumplimiento a una orden judicial.
Explicó, que se tienen dos efectos debido a este incumplimiento, el primero es activar la vía obligatoria para que se restituyan los recursos debitados a cuentas de la Gobernación, pero además, se remitirán antecedentes a la unidad legal para que el mismo juzgado luego disponga la remisión de antecedentes por incumplimiento a resoluciones judiciales en contra de Ruiz.
Remarcó, que la Ley es clara en cuanto a la obligatoriedad de cumplir con las decisiones judiciales, la pena por este incumplimiento es entre 2 y 6 años de privación de libertad.
La Gobernación de Tarija elevará la información necesaria al jueza que ha realizado la orden, para que se pueda continuar con los dos trámites mencionados a consecuencia del incumplimiento de Álvaro Ruiz.
Para la autoridad de la Gobernación, esta acción genera un precedente para todas las acciones que se llevaron adelante en contra de la Gobernación, tomando en cuenta que son varios municipios los que tramitaron débitos automáticos en años pasados.
Con respecto a otros Gobiernos Municipales, García, indicó que se trabaja de manera coordinada para establecer mecanismos de cofinanciamientos de proyectos concurrentes, que se haga una revisión de los débitos que en el pasado hicieron.
El secretario de Justicia, dijo que estos trámites de realizan de forma paralela, y en caso de que se tengan alguna controversia con otros Gobiernos Municipales, se activarán las vías legales.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y alcalde de El Puente, Hugo Girón, señaló que con el resto de los Gobiernos Municipales el gobernador Adrián Oliva, habría aceptado los débitos, porque se firmaron algunos convenios y los recursos que fueron debitados se gastan bajo el visto bueno de la Gobernación.
Mencionó, que el caso del alcalde de Uriondo, es una situación particular.
“No hemos tenido ningún tipo de problemas, se ha cumplido la Ley. (…) Estamos gastando con el visto bueno del Gobierno Departamental”, expresó.
Girón, señaló que los recursos debitados aún se utilizan, pero que se podrían terminar hasta finales de septiembre.
Transferencia de recursos 2020
El presidente de la AMT, señaló que debido a la pandemia, se paralizaron las transferencias de recursos económicos a los Gobiernos Municipales, los montos que se tenían presupuestados en el Plan Operativo Anual 2020 (POA).
Señaló, que las Alcaldías no están solicitando por el momento la transferencia de recursos, porque aún cuentan con los recursos debitados en años pasados.
“Tenemos recursos para pagar los proyecto”, expreso, a tiempo de reiterar que el pago de planillas primero lo autoriza el Gobierno Departamental.
Mencionó, que se tiene un acuerdo con la Gobernación, para que cuando una vez se terminen los recursos de los Gobiernos Municipales, puedan volver a solicitar, se espera que eso ocurra a finales de septiembre, pero reconocen que la misma Gobernación no cuenta con la cantidad de recursos económicos presupuestados para los proyectos concurrentes.
