Exmiembro de las FARC, Facundo Molares y otros cuatro implicados en muertes en Montero, a un paso de su libertad

EL DEBER

Cuatro detenidos están a un paso de su libertad, entre ellos figura el excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Facundo Molares. Todos son parte de una investigación de la Fiscalía y la Policía por su participación en el ataque armado a cívicos en octubre de 2019 durante el paro de 21 días en Montero, que acabó con la muerte de Mario Salvatierra Herrera y Marcelo Terrazas, además de 60 heridos.

En su tercer intento, los imputados lograron que el juez de Montero, Róger Salvatierra, les fije para mañana y el martes una serie de audiencias consecutivas para definir el pedido de cesación a la detención en las investigaciones por delitos de homicidio, organización criminal, porte de armas de fuego y otros.

Para este lunes 31, a las 11:30, el juez Róger Salvatierra fijó la audiencia de solicitud de cesación a la detención de los detenidos en la cárcel de Palmasola, Johan Elías Pena Peñaloza, Iván Cala Ventura y David Peñaloza López.

Para las 15:30 está marcada la audiencia para el detenido Wilson Rodríguez Peralta. Los tres están imputados por homicidio, organización criminal y otros delitos al haberse establecido, mediante peritajes en las pesquisas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que participaron en los enfrentamientos.

Estas personas, según los análisis de laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses, dieron positivo al guantelete de Lunge. Significa que se hallaron las evidencias de haber portado armas de fuego y disparado contra la gente que cumplía un paro cívico.

Según las diligencias, Wilson Rodríguez Peralta participó también ese día. Incluso en el expediente, como prueba, se adjuntan las fotografías de Wilson Rodríguez, vestido con uniforme camuflado, exhibiendo y desafiando con un arma de grueso calibre.

​Uno de los argumentos de la defensa para insistir en su libertad es que ya permanecen detenidos más de ocho meses sin que la Fiscalía presentara una acusación formal para el juicio oral en su contra. Mientras tanto, para este martes, a las 15:30, fue fijada la audiencia del pedido de cesación a la detención del exguerrillero de las FARC Facundo Molares, que permanece detenido en Chonchocoro de La Paz.

Este hombre, a través de su defensa, también argumenta que permanece detenido más de ocho meses. Facundo Molares fue detenido luego de difundirse una fotografía en la que aparece herido, escondido en el barrio Cofadena, bastión de grupos afines al MAS. Luego, fue llevado a la casa de una enfermera, donde fue atendido durante seis días y finalmente apareció en el hospital Japonés.

Facundo Molares, en audiencia cautelar ante el juez, confesó que combatió en varias guerras en Colombia y Argentina, en defensa de los derechos humanos y por la liberación de los pueblos. Admitió que combatió de manera intensa durante al menos tres días en Montero y que llegó a Bolivia para luchar por el proceso de cambio impulsado por el expresidente Evo Morales. Incluso frente al juez pidió perdón y disculpas a los familiares de las víctimas, muertos y heridos de Montero.

Ya fue liberada, por orden del juez Róger Salvatierra, la excandidata a diputada por el MAS, Deisy Choque, que fue imputada por la Fiscalía al ser identificada de organizar el movimiento de ataque a los cívicos, de albergar en su casa por varios días a gran número de integrantes de las juventudes del MAS.

Del mismo modo, el juez Róger Salvatiera libró mandamientos de libertad a favor de la enfermera Flora Guzmán Totola y de sus hijos el médico Emanuel Bandan Castelo Guzmán y de Abner Emilio Castelo Guzmán, estudiante de Medicina. Según las investigaciones de la Felcc y la Fiscalía, la enfermera y sus dos hijos atendieron en su casa durante seis días a Molares. 

La Fiscalía lleva adelante el proceso en su contra por delitos de complicidad y asociación delictuosa en homicidio. Sin embargo, la Fiscalía dictó una resolución de sobreseimiento definitivo en favor de la enfermera y sus hijos con el argumento de que las pruebas en contra de estas personas son insuficientes. Al mismo tiempo, la Fiscalía amplió una imputación contra ellos por delito de encubrimiento en homicidio, pero al mismo tiempo solicitó un procedimiento abreviado y dos años de cárcel.

Las víctimas claman por justicia

Las liberaciones de Deisy Choque y de la enfermera y sus dos hijos, además del pedido de libertad del exguerrillero y de otros cuatro detenidos, han causado malestar y preocupación en los familiares de las víctimas.

Eduarda Salvatierra, esposa del fallecido Mario Salvatierra Herrera, dijo que hay una decepción total en toda la familia, porque los responsables están siendo liberados. “Mi esposo era el pilar de mi familia. Dejó a sus tres hijos, él era el que sustentaba nuestro hogar. De nosotros, las víctimas, nadie se acuerda. Ellos, los detenidos y responsables de las muertes, tienen abogados y derechos humanos, y son escuchados por la justicia, pero a las víctimas nadie les ayuda”, dijo.

Marcelito Terrazas, hijo de Marcelo Terrazas, manifestó que la justicia, con su actuación, deja un claro mensaje que todavía está dominada por el masismo. “Nosotros solo vamos a seguir adelante con fe en la justicia divina, porque esa no falla. Lamentablemente hoy tenemos a los jueces, que solo responden al partido del MAS, porque mire usted todos están saliendo libres con el argumento que se les vulneran sus derechos, pero a nosotros nadie nos escucha”, concluyó.

Justicia archiva denuncia contra el Fiscal General y remite obrados a la CIDH

ANF

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ganó una acción de libertad que interpuso contra una denuncia en la cual lo vinculan con una supuesta manipulación informática. Lanchipa logró que el caso sea archivado y que los obrados sean remitidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por persecución política.
Hace unos meses, el Gobierno acusó a Lanchipa de usar sus influencias para manipular el sistema informático judicial con el objetivo de dejar sin efecto un proceso penal abierto en su contra.
En Junio, el viceministro de Transparencia y lucha contra la corrupción, Guido Melgar, acusó a Lanchipa de usar sus influencias para manipular el sistema informático del TDJ de La Paz, en su condición de Presidente de esa institución judicial durante el 2018, gestión en la que el ahora Fiscal General había sido imputado en procesos por retardación de justicia y por incumplimiento de deberes y por ello presentó denuncia.
Lanchipa interpuso una acción de libertad y ayer en audiencia el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, de la ciudad de El Alto, dio curso a la solicitud y resolvió archivar obrados por falta de pruebas.
“Desde el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal se ha confirmado que el Fiscal General ha sido un blanco institucional por parte del Gobierno, es así que ha ganado una acción de libertad, mediante el cuál la autoridad jurisdiccional conmina a las autoridades del Gobierno (a) dejar de realizar persecución en contra de nuestro Fiscal General, Juan Lanchipa”, explicó el Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.
Dijo que con esta disposición judicial los denunciantes deben comprender que las pruebas y actos de hostigamiento en contra de Lanchipa han sido diluidos y por consiguiente la persecución contra el Fiscal General debe cesar.
“Nosotros celebramos desde la Fiscalía General este pronunciamiento de la autoridad judicial que respalda la gestión que viene cumpliendo el doctor Juan Lanchipa Ponce y ratificamos el compromiso que se tiene con la población y la lucha frontal contra el crimen y la corrupción”, sostuvo Quispe.
Según la Fiscalía, durante la audiencia virtual que se desarrolló ayer, hasta cerca de la media noche, la autoridad jurisdiccional ha dispuesto que se remitan obrados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque Lanchipa fue declarado perseguido político.
Para el Ministerio Público las supuestas pruebas que presentó la parte denunciante no tuvieron ninguna validez para la juez, porque se trataba de presentaciones de power point, imágenes de memes, recortes de periódicos, por lo que dicha denuncia ha sido desestimada.

Exigen a la Defensoria de la Niñez en Villa Montes celeridad en atención de casos a niñas víctimas de violencia sexual

El Andaluz Digital

La Defensoría del Pueblo exigió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Villa Montes, cumplir con el principio de debida diligencia y atender con celeridad casos referidos a niñas víctimas de violencia sexual, tras evidenciar actuaciones negligentes en el caso de la niña R.A.C. de 13 años de edad, víctima de violación cometida por su padrastro Clemente S, de 39 años de edad, actualmente prófugo de la justicia. a quien, después de más de 48 horas de haberse sentado la denuncia, no se hubiera realizado una valoración médica para conocer su estado de salud y dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014 respecto a la Interrupción Legal del Embarazo.

Según María Paredes, tras tomar conocimiento del caso, la instancia defensorial constató que la DNA en el municipio de Villa Montes, recibió el caso el pasado miércoles 26 de agosto y recién el viernes, después de dos días, habría solicitado al fiscal de la causa, emita requerimiento fiscal para la atención médica y valoración del estado de salud de la niña y del feto incumpliendo con la debida diligencia y demorando, con acciones innecesarias como la solicitud de un requerimiento fiscal, el resguardo de la salud de la víctima.

Tras gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo en el hospital de Villa Montes, en donde también el médico de turno pretendía negar la atención del caso por no ser una emergencia, la niña fue valorada y se determinó la conformación de un equipo médico para evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo. Paredes recordó también a la DNA su obligación de priorizar la atención médica en estos casos, con el único requisito del formulario de denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra la violencia FELCV o la Fiscalía.

74% de los pacientes que ingresaron a terapía covid-19 del HSJD fallecieron

(Roberto A. Barriga /El Andaluz)

El director de terapia intensiva del hospital San Juan de Dios (HSJD), Roberto Mérida, explicó a El Andaluz que hasta el día viernes 28 de agosto ingresaron 68 personas a terapía intensiva del área Covid, de estos pacientes 50 fallecieron y 18 se recuperaron.

Estas cifras significarían que el 26% de los pacientes críticos sanaron, mientras que 74% de los críticos murieron, es importante resaltar que no todos los que enferman de coronavirus Covid-19 ingresan en terapia intensiva.

Para tener perspectiva el director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, informó en julio a CNN que “hay un 50% de mortalidad de una persona que está entubada en terapia intensiva”, una cifra alejada de la realidad tarijeña.

A pesar de la cifra tan alta, no todo son malas noticias, la semana pasada bajaron los pacientes en terapía intensiva, es decir los críticos, sólo ochos personas se encuentran internadas, otrora se tuvo que abrir tres salas de Covid, de las cuales dos eran terapias, “ha bajado la cantidad por lo menos en lo que terapia respecta” declaró Roberto Mérida para El Andaluz.

Los respiradores de Añez y Zamora no sirven ni funcionan para pacientes críticos con Covid

Roberto Mérida, jefe de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios (HSJD), explicó ante El Andaluz, que los respiradores chinos con sobreprecio que supuestamente entregó la presidenta, Jeanine Añez, para la lucha contra Covid-19, no son utilizados en el área de tratamiento crítico de coronavirus, además que llegaron con desperfectos.

“Yo voy a ser bien claro, nunca me hicieron la entrega de los respiradores, aparecieron los respiradores chinos, el equipo técnico de ingeniería del hospital nunca me los entregó” declaró al comenzar la entrevista.

Mérida apuntó que, de diez respiradores entregados, dos nunca funcionaron, aseguró que no cuenta con un informe técnico, solo sabe que llegaron diez, el desconocimiento sobre su funcionalidad se debe a que nunca se los entregaron cumpliendo los protocolos, aclarando el funcionamiento de los mismos explicó para El Andaluz

El jefe de terapía intensiva del HSJD indicó que realizó más de cinco cartas pidiendo que se realice la entrega formal de los mismos, para que se entreguen informes técnicos, hace alrededor de 60 días llegaron los respiradores chinos con sobreprecio y hasta ahora no existe una entrega oficial de los mismos.

La Sociedad Boliviana de Terapia intensiva observó los respiradores chinos con sobreprecio, en todo Bolivia, no se utilizan en pacientes con coronavirus, porque son pacientes muy difíciles de ventilar y no tienen los modos ventilatorios, se faltan interfaces, se desprograman explicó en la entrevista el jefe de terapia intensiva del área Covid.

Para no desperdiciar los respiradores con sobreprecio los utilizan en pacientes que no tienen Covid-19, se utilizaron cuatro respiradores, es decir, que Jeanine Añez y Víctor Hugo Zamora hasta el momento no entregaron ningún respirador para pacientes para tratar coronavirus, se limitan a realizar show político.

Se tiene dos problemas con la utilización de los aparatos chinos, por una parte, la entrega formal, y otra la calidad del producto.

Falta seriedad y control en el HSJD

“No sé de dónde viene la fuente financiera, no sé si es Jeanine, la gobernación quien dona esa es mi inquietud, porque pido día a día un inventario de las cosas que están llegando, porque no se puede manejar la cosa pública así, entonces estoy pidiendo eso, ha habido buenas donaciones, pero ni siquiera sabemos quiénes son” relató el jefe de terapía intensiva del HSJD para El Andaluz.

Roberto Mérida explicó que no tiene autoridad para controlar lo que entra y sale, por lo que desconoce totalmente la cantidad de donaciones y cómo se utilizan.

“No existen auditorias ni un inventario de los objetos recibidos” aclaró, esto complica la situación del área covid porque demuestra un desorden institucional. Mérida resaltó el trabajo que se esta realizando y su deseo de no juzgar el trabajo de otros, advirtió que en la administración pública la cosa es complicada.

 

 

La Defensoría de la Niñez de La Paz remite denuncia por estupro contra Morales a la Fiscalía

ABI

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de La Paz informó, este domingo, que remitió a la Fiscalía la segunda denuncia por estupro contra el expresidente Evo Morales con el agravante de un embarazo por efecto del supuesto abuso.

«En cumplimiento a lo que establece el Código Penal y el Código Niña, Niño y Adolescente ante una presunción de minoridad es que se ha remitido a la instancia competente para la investigación, que en este caso es el Ministerio Público», afirmó la directora de esa institución, Jacqueline Llanos, durante una entrevista en el programa Asuntos Centrales.

La autoridad afirmó que, según la documentación presentada, habría indicios de un supuesto hecho ilícito que debe ser investigado por la Fiscalía.

No obstante, aclaró que dicha institución se rige bajo un principio de reserva y confidencialidad, según establece el Código Niña, Niño y Adolescente.

El 24 de agosto, el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, informó que presentó una segunda denuncia contra Morales debido a que una menor de 15 años pudo haber quedado en estado de gestación, producto de un supuesto abuso, y tuvo una bebé.

La autoridad señaló que la toda la documentación del caso fe enviada a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio paceño.

En ese sentido, Llanos manifestó que la Defensoría coadyuvará en las indagaciones y se facilitará toda la información que requiera la Fiscalía y la Policía.

El artículo 309 del Código Penal establece que el delito de estupro se produce cuando existe un acceso carnal mediante seducción o engaño con una persona de uno u otro sexo mayor de 14 y menor de 18 años. El delito prevé cárcel entre tres a seis años.

El 20 de agosto, el Ministerio de Justicia presentó una primera denuncia en contra de Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, después de que se conoció que tuvo un vínculo con otra menor de edad.

Dictan 30 años de cárcel para sujeto que fingió hacer delibery y asesinó a un hombre de 37 años en Cochabamba

ABI

Jaime Ballesteros, alias el «Condorito», fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, mientras que su cómplice, Rodrigo Peña, alias «El Peñas», espera su juicio, ambos acusados por asaltar y asesinar a un hombre de 37 años en Cochabamba, tras hacerse pasar por trabajadores del servicio delivery, informó el abogado de la familia de la víctima, Roberto Velásquez.

«Uno de los imputados, el señor Ballesteros, se ha sometido al juicio abreviado y la autoridad jurisdiccional dictaminó sentencia condenatoria de 30 años, sin derecho a indulto; el otro, Rodrigo Peña, tiene detención preventiva, a la espera de su juicio», declaró a la prensa el abogado de la familia de la víctima, luego de la audiencia.

La determinación del juez está sustentada en las pruebas presentadas, los indicios colectados durante la investigación y otros detalles que el Ministerio Público argumentó.

«El otro imputado rechazó el procedimiento abreviado y se ha establecido la aplicación de medidas cautelares por el cual está con detención preventiva en la cárcel de El Abra», indicó el jurista.

La madre de la víctima, de 37 años, que murió desangrado a consecuencia de las heridas provocadas por los asaltantes, dijo que se hizo justicia con uno de los culpables, pero que no descansará hasta que el otro imputado reciba también la máxima condena.

De acuerdo a los antecedentes, al promediar la media noche del 18 de agosto, la víctima fue interceptada en la avenida Panamericana mientras solicitaba el servicio de radio taxi, por los dos antisociales que se hacían pasar por empleados de una empresa de delivery.

Uno de ellos, Jaime Ballesteros, lo apuñaló reiteradas veces, mientras el otro, Rodrigo Peña, le obstruyó el paso a la víctima que luego de caer al piso, murió desangrado por las múltiples heridas.

Ambos antisociales fueron capturados por la Policía en pasadas horas.

Legisladores argentinos impulsan ley para prohibir injerencia electoral de su país en Bolivia

ABI

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) y miembro de la alianza política Juntos por el Cambio de Argentina, Álvaro Héctor de Lamadrid, informó este domingo que un grupo de legisladores impulsan un proyecto de ley para garantizar la no injerencia del Gobierno argentino en los comicios del 18 de octubre en Bolivia.

«Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno argentino no haga campaña, no interfiera en las elecciones, no promocione a los candidatos de Evo Morales, que garantice la transparencia de los comicios y que los bolivianos en la Argentina puedan ir a votar tranquilamente a quien quieran y la votación refleje la voluntad de ellos», explicó en una entrevista en Asuntos Centrales.

Lamadrid aclaró que el proyecto se basa en el informe de la organización Transparencia Electoral que observó la votación de residentes bolivianos en Argentina en octubre de 2019, donde se habría detectado el establecimiento de «redes clientelares e injerencia de partidos políticos argentinos» que afectaron la competitividad democrática favoreciendo al Movimiento al Socialismo (MAS).

«Las elecciones fraudulentas de 2019, incluso por un informe de Transparencia Electoral, se demostró que en Buenos Aires hubo gravísimas irregularidades que no garantizaron que el voto de los bolivianos sea libre y transparente, hubo una clara injerencia para que se votara por Morales, el peligro está en que haga por el nuevo candidato (Luis Arce)», afirmó,

El diputado dijo que este proyecto no es para alertar o prevenir sino para evitar que se repita la presunta injerencia de los comicios 2019.

Explicó que presentó el proyecto antes de la pandemia -a fines de febrero- y su Gobierno aún no inició el tratamiento de ese tema y otros de importancia para el país vecino.

La coalición argentina reclamó este año sobre la presencia de Morales en actos de campaña política en Argentina y advirtió de esta «situación irregular» que pudo significar el fin del asilo del expresidente por violar la condición otorgada.

Issa: «Están trayendo armas a Bolivia para desestabilizar la democracia»

El Deber

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, dijo que en el país hay muchos grupos armados que están intentando generar caos, atentando contra la democracia en el país.

Durante una entrevista realizada este domingo por la red estatal Bolivia TV, la autoridad apunta a un “plan articulado del Movimiento Al Socialismo para desestabilizar el país con estos movimientos armados”.

Las recientes incautaciones de explosivos y armas se suman a las demostraciones que diversos grupos han realizado en los últimos conflictos que han presentado armas bélicas. Issa recuerda que la policía esta buscando a estos grupos para desarmarlos y procesarlos.

El viceministro asegura que “el nexo conductor de todos los actos de violencia lleva al MAS. Es el partido que ha instigado a los bloqueos de carreteras y al uso de armas”. En opinión de Issa, a través de estas acciones violentas quieren desestabilizar al Gobierno y atentar contra la democracia en Bolivia.

El uso y tenencia de armas en el país está regulado por ley. Solo se permite la tenencia con permisos especiales y un registro del arma. La portación de armas sin permiso supone un delito.

Por eso mismo, sorprende al viceministro que pobladores del Chapare hayan mostrado con tanta facilidad armas bélicas producidas en los últimos 5 o 6 años en Estados unidos o Rusia. “Son armas de combate que en Bolivia solo el Ejército puede utilizarlas y que están diseñadas para combate. Son armas de última generación que ni siquiera el Ejército las tiene”, manifestó.

A decir de la autoridad, el Gobierno está muy preocupado y realiza todos los esfuerzos para conocer el origen de estas armas. La teoría del Gobierno es que los cárteles del narcotráfico en México, que usan el dinero para la adquisición de armas, están trayendo esas armas a Bolivia para desestabilizar el Gobierno transitorio.

La existencia de corredores aéreos para el tráfico de drogas puede ser la misma vía por la cual ingresan las armas, sugiere Issa y pregunta: ¿por qué comunarios pueden tener acceso a este tipo de armas propias de grupos terroristas?

Recuerda que el Gobierno anterior “se hacia de la vista gorda con el narcotráfico”, pero con las acciones emprendidas por el actual Ejecutivo “ya no fluye la cocaína como antes”, situación que influye en intereses muy grandes vinculadas al narcotráfico.

Finalmente, observa la coordinación demostrada por los grupos violentos en las últimas movilizaciones y bloqueos, y concluye que “es posible que haya grupos subversivos”.

Tiempo de paz

Más adelante indicó que el Gobierno está trabajando para reestablecer la calma en el país. “Ya hemos tenido suficientes movimientos violentos en el país. Ellos querían enfrentamientos, querían activar una guerra civil y no hemos caído en sus provocaciones”, dijo.

Issa reitera la participación de dirigentes del MAS incentivando al conflicto, incluso apunta al expresidente Evo Morales, quien desde su refugio en Buenos Aires está infringiendo tratados internacionales. “El gobierno argentino debería ordenar que Morales deje de intervenir en la vida política del país, pero se hacen los ciegos”, lamentó.

Una mujer con Covid-19 da a luz a su bebé en la casa de un médico

El Deber

La situación de la pandemia provocó que los establecimientos de salud se encuentren colapsados y sin espacios para poder atender a los pacientes, más aún si se trata de personas con Covid-19.

Este es el caso de una mujer embarazada con dolores de parto que este sábado peregrinó por varios hospitales de El Alto para poder ser atendida; la situación se complicó al ser detectada con coronavirus y no todos los centros atienden estos casos.

Tuvo que intervenir el coordinador del área rural del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Freddy Baltázar, para encontrar un espacio en el hospital del Norte, sin tener éxito. Al presentarse las contracciones y perineo, la mujer tuvo que ser atendida en el domicilio de dicho médico, que logró recibir al recién nacido.

El Dr. Ramiro Narváez verificó el estado de salud del bebé e inició las gestiones para la otorgación del certificado de nacimiento. La familia está agradecida por la labor del personal del Sedes La Paz que, ante la situación presentada, pudieron salvar una vida.

Al momento, la madre se encuentra con supervisión y control del Dr. Baltázar, ya que cuenta con antecedentes de una cesárea anterior y de preeclampsia.

El coche volador tripulado «más pequeño del mundo» realiza una prueba exitosa de vuelo

RT

La compañía japonesa SkyDrive Inc. informó este viernes que llevó a cabo una prueba exitosa de vuelo del nuevo modelo de su automóvil volador SD-03 con una persona a bordo.

El vuelo tuvo lugar este martes en un campo de pruebas de Toyota. Tras despegar, el monoplaza dio una vuelta por el predio, de 10.000 metros cuadrados, durante unos cuatro minutos. El piloto estaba a cargo de los controles, pero un sistema de mando asistido ayudó a asegurar la estabilidad y seguridad del vuelo, mientras que el personal técnico monitoreaba las condiciones de vuelo y el rendimiento de la aeronave.

«Queremos crear una sociedad en la que los coches voladores sean un medio de transporte accesible y conveniente para el cielo y en el que las personas puedan experimentar una nueva forma de vida segura y cómoda», afirmó el director ejecutivo de la empresa, Tomohiro Fukuzawa.

El SD-03 es el vehículo volador eléctrico «más pequeño del mundo» de despegue y aterrizaje vertical: requiere tanto espacio en el suelo como dos coches aparcados, reza el comunicado.

Hasta ahora, la aeronave solo puede volar entre cinco y diez minutos, pero si pudiera hacerlo durante 30 minutos tendrá más potencial, afirmó el gerente a AP y agregó que espera que el coche volador pueda ser lanzado para el 2023.

«De los más de 100 proyectos de coches voladores del mundo, solo un puñado tuvo éxito con una persona a bordo», subrayó Fukuzawa.

El proyecto SkyDrive comenzó como una ‘start-up’ llamada ‘Cartivator‘ en el 2012, con financiación de las principales empresas japonesas, incluyendo a Toyota, la empresa de electrónica Panasonic y el desarrollador de videojuegos Bandai Namco.