Arturo Murillo es investigado nuevamente por hechos de corrupción y sobreprecio

El diputado Luis Felipe Dorado, anunció que se está investigando al ministro, Arturo Murillo, por la intención de compra irregular con sobreprecio de pruebas PCR, la intermediaria con sede en Miami pertenecería a un amigo de Rodrigo Méndez, funcionario de ministerio de Gobierno quien ya fue salpicado con el caso de compra de gases, aparentemente todos los negocios que vinculan a Murillo son con personas que residen en EEUU.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

El diputado Luis Felipe Dorado, de la bancada de demócratas, anunció que se esta investigando al ministro de gobierno, Arturo Murillo, porque presumiblemente estaría involucrado en la compra irregular con millonario sobreprecio de pruebas PCR.

Estamos empezado la investigación, se habla de un boliviano que sería amigo de Rodrigo Méndez, que sería la mano derecha de Arturo Murillo expresó Luis Felipe Dorado, estamos descubriendo que viene del ministerio del gobierno, “otra vez a la AISEM metida en cosas raras parece que roban, se pilla, se saca, se vota y vuelven a poner gente y vuelven a robar, sacan gente para que siga robando” declaró ante cámaras.

Dorado señaló que este caso es similar al del sobreprecio en la compra de elementos de represión química en la policía, “queremos ver quien esta detrás, este contrato lo tiene que tumbar, no puede seguir adelante como quiere el ministro de Justicia cuando hay empresas que cubran mucho menos” aclaró Dorado.

Rodrigo Méndez ya fue señalado en el caso de compra de gases irregulares, por lo cual Murillo está siendo investigado, además sería el propietario de BRAVO TACTITAL SOLUTIONS, empresa que figura en Miami. Con las compras de las pruebas PCR se siguió la misma estrategia de sobreprecio, esta vez es una empresa intermediaria con base en EEUU, que se declaró en quiebra el año pasado.

Caso de sobreprecio en compra de gases químicos al compadre de Murillo

En el mes de junio la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia penal contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por el supuesto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos por $us 5,6 millones.

Según la denuncia hecha en el muro de Facebook de “Detrás de la Verdad”, el Gobierno pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gases lacrimógenos adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, después de suspenderse la compra directa con la firma brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.

La querella ante la Fiscalía señala que el Gobierno pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso se demandó la dotación de 50.000 unidades. Pero comparando la adquisición con una del Gobierno de Venezuela a la compañía Cóndor, la compra de los proyectiles de larga distancia hubiera significado una inversión de Bs 108 por unidad, y de Bs 116 por unidad de proyectiles de triple acción.

Diario Estrella del Oriente descubre que empresa que vendía con sobreprecio cerró su Web

La empresa fue puesta en privacidad por uno de los propietarios. Su representante legal es boliviano, oriundo de La Paz y junto a una familiar suyo se declaró en quiebra en noviembre del 2019. Además junto a otros miembros de su familia tienen dos empresas cerradas.

La controversia por la supuesta adjudicación de compra de test para el Covid a una empresa cuya oferta era mayor a las demás continúa y sigue dando temas de qué hablar, ya que pese a que las autoridades de gobierno han indicado que no hubo irregularidades en la adjudicación, ayer la empresa cerró su página web luego de que se conociera que Lasa Holdings Lls, no es una empresa china, sino que por el contrario está registrada en Estados Unidos y tiene sus oficinas en Miami y que además su gerente, representante legal y miembro del directorio, Isaac Aizenstat es boliviano y se declaró en quiebra en noviembre del 2019.

Toda la problemática con esta empresa y la adjudicación de la compra de test para el Covid salió a la luz luego de que el representante de la Cámara de Comercio de Uruguay, Oscar Toledo, denunciara que Bolivia decidió comprar unas pruebas pcr de una empresa china cuyo valor superaba con más de 25 millones a la ofertada por ellos. Tras la denuncia, la ministra de Salud frenó el proceso de adjudicación e indicó que se instruyó una revisión de la documentación. Ayer el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, determinó que no hubo irregularidades ni sobreprecio en el proceso de adquisición de 672.000 pruebas PCR para detectar el Covid-19. La autoridad señaló que, entre otras cosas, las pruebas ofertadas por el laboratorio uruguayo no contaban con la certificación de la Federal Drug Agency (FDA), de Estados Unidos, ni de la del Conformité Européenne (CE) de la Unión Europea.

Sobre este punto, se intentó verificar la existencia de dichas certificaciones a los productos de Lasa Holdings Lls, pero la página fue puesta en estado de “privacidad”, por uno de los propietarios de la empresa, Adrian Aizenstat, quien a su vez es familiar de Isaac Aizenstat, representante legal y gerente de la empresa, quien es oriundo de La Paz y radica en Estados Unidos. Isaac y Beatriz Aizenstat se declararon en quiebra el 2019, ambos junto a Adrián Aizenstat eran representantes de Lasa Ing y Export Experts & Imports, Inc. las cuales están inactivas a la fecha y su ubicación legal también es en Estados Unidos. Sobre el tema, la Defensora del Pueblo pidió a las autoridades investigar el caso y determinar no solo si existe un sobreprecio, sino también si hay favoritismo para con esta empresa.

 

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