Defensoría pide a la Fiscalía investigar la desaparición de cadáveres de personas que habrían fallecido por COVID-19

El Andaluz Digital/La Paz

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público que, de manera urgente y diligente, inicie una investigación sobre la desaparición de cadáveres de personas que habrían fallecido por COVID-19 en distintos establecimientos de salud de El Alto, Oruro y Cochabamba, y se pueda identificar y sancionar a los responsables.

Según denuncias públicas de los familiares, en la ciudad de El Alto habrían desaparecido hasta 40 cadáveres y se desconoce su paradero; de igual forma, en la ciudad de Oruro autoridades y personal médico del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud no informan sobre el paradero del cuerpo de un fallecido que presuntamente habría sido trasladado sin consentimiento al cementerio habilitado por el gobierno municipal y existen el reclamo sobre la desaparición de los cuerpos de otros 30 pacientes. Asimismo, se conoció que el 5 de julio pasado, habría desparecido un cuerpo de la morgue del Hospital Viedma en Cochabamba.

La Defensora pidió a todos los establecimientos de salud públicos, privados y de Seguridad Social, así como a autoridades del nivel nacional y autoridades policiales, dueños de servicios funerarios, cementerios y crematorios públicos y privados, a aplicar las guías y procedimientos nacionales sobre manejo y disposición de cadáveres de casos Covid-19; además de observar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos de familiares de personas fallecidas por el virus.

El Ministerio de Salud emitió una guía de procedimientos para el manejo y disposición de cadáveres de casos COVID-19, que establecen pautas y conductas a seguir para el manejo y disposición de los cadáveres; asimismo, orienta a las instituciones prestadoras de servicio de salud, autoridades competentes del orden nacional, autoridades judiciales, policiales, servicios funerarios, cementerios y crematorios, en un manejo seguro, transporte y disposición de estos cadáveres.

Cruz recordó que la CIDH solicitó a los estados respetar y garantizar los derechos de familiares de las personas fallecidas por Covid-19; adoptar medidas que permitan la identificación de los fallecidos y la posibilidad de sepultarlos de acuerdo a sus creencias; que los familiares puedan conocer de manera cierta acerca del destino y paradero de sus seres queridos.

Indicó también que este organismo recomendó a los Estados a no realizar la inhumación en fosas comunes generales y prohibir la incineración de los restos de las personas fallecidas por COVID-19 que no hayan sido identificados, o bien, destinar el uso de fosas específicas para casos sospechosos o confirmados para facilitar, posteriormente, su identificación y localización.

 

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