Las resistidas y reclamadas elecciones del 6 septiembre: mitos y verdades

Al final, la presidenta candidata Jeanine Áñez anunció la promulgación de la ley de los comicios generales, pero a largo de los últimos días varias medidas generaron debate político y público.

LA PAZ// LA RAZÓN

Áñez promulga la ley de elecciones.

El 12 de noviembre del año pasado, al tomar el poder, la presidenta transitoria Jeanine Áñez dijo que su único objetivo en el gobierno es “convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible”. Y, días más tarde, ante divergencias con la Asamblea Legislativa, advirtió con hacerlo por decreto, “si Dios quiere”.

El 24 de noviembre, finalmente la ley de convocatoria fue promulgada por Áñez en un acto en el Palacio de Gobierno al que también asistió la titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La ley fijó el 3 de mayo como fecha de la votación. Pasaron siete meses desde ese momento y la urgencia de los comicios trastabilló hasta reencaminarse con creces, interrumpida por la emergencia sanitaria por la expansión del nuevo coronavirus en el país.

Áñez candidata

A pesar de haber declarado varias veces de que no será “candidata a nada”, Áñez sorprendió la noche del 24 de enero con el anuncio de su postulación. Lo había hecho horas después de haberse paseado por la Alasita con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, líder de la agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo).

“No estaba en mis planes participar de estas elecciones”, pero “la dispersión del voto y la presentación de candidaturas que no logran reunir a los bolivianos me han llevado a tomar esta decisión”, se justificó entonces.

Suspensión

El 21 de marzo, ante la aparición de los primeros casos de COVID-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso la suspensión excepcional del calendario electoral y abrió la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones que debía desarrollarse el 3 de mayo.

“La postergación de la elección debe ir aparejada de la selección de una nueva fecha para la jornada de votación que sea un ancla de certeza”, previo consenso con las fuerzas políticas, dijo entonces el titular del TSE, Salvador Romero.

Al día siguiente debía comenzar la cuarentena total dispuesta por el gobierno de Áñez.

Objeción de Áñez a la Ley 1297

La primera muestra evidente de no acudir a las elecciones fue expresada por Áñez, su gobierno y su alianza Juntos días antes de la sanción de la Ley 1297, de Postergación de Elecciones Generales 2020.

Cuando la ley fue sancionada, la mandataria simplemente dijo que no la firmaría en razón de su atención de la emergencia sanitaria y su tarea por evitar contagios. Su negativa obligó a Copa, en su condición de titular de la Asamblea Legislativa, a promulgar la ley el 30 de abril.

Entonces, muy crítico de Áñez, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, explicó la necesidad de la ley. Lo que hay que hacer “es postergar las elecciones, y esa postergación tiene que ser aprobada por una ley, porque si no se aprueba esa ley antes de este domingo 3 de mayo, en teoría la ley dice que debiéramos tener una elección, que obviamente no se va a producir”.

La norma disponía un rango de 90 días para los comicios, entre el 3 de mayo y el 2 de agosto. El ahora ministro Óscar Ortiz interpuso una acción abstracta de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley, que definía la fecha. Ante la nueva ley, ese recurso inicialmente aceptado está ahora retenido en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Vaivenes

La objeción de los comicios había sido recurrente después, que incluso planteó un debate intenso entre el nuevo oficialismo y sus oponentes.

El 2 de junio, antes de que el Órgano Electoral llame a una conferencia de prensa, la presidenta Áñez difundió un comunicado de su alianza Juntos en sus redes sociales. El documento pedía al TSE definir “de una vez por todas” la fecha de las nuevas elecciones.

Más tarde, el TSE anunció la fecha de los comicios en un acto al que asistieron Mesa, el candidato de CC; Luis Arce, del MAS, y Jorge Quiroga, de Libre 21, entre otros. “Bolivia debe tener la certeza que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”, justificó Romero.

Iniciativa del TSE y reclamo de Áñez

El 9 de junio, la Cámara de Senadores sancionó la Ley 691, que modificó la 1297, y fijó el 6 de septiembre como fecha de la votación.

Como lo dijo Romero una semana antes, la ley fue iniciativa del TSE, que acordó la fecha con la mayoría de las fuerzas políticas, y el respaldo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica.

Al día siguiente, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que Áñez firmará la ley, aunque exigió del TSE, Mesa y el MAS asumir responsabilidades sobre las consecuencias de la las elecciones en plena cuarentena.

El día de Corpus Christi, la mandataria dijo por primera vez que firmaría la ley, en respeto a las leyes.

Sin embargo, días más tarde, Áñez apuntó al MAS de la decisión y así decidió mandarle una carta a Copa para reclamarle por el sustento técnico y científico de la ley.

La respuesta de la senadora del MAS fue dura “Su única misión era convocar a elecciones. ¿Lo comprende? No tenía ningún otro propósito”, le dijo la legisladora.

“Presionada” por Mesa y el MAS

El domingo 21 de junio, horas después de una reunión con Romero en el Palacio de Gobierno, Áñez anunció su decisión de promulgar la ley.

Luego de varias justificaciones y reparos, deslindó sus responsabilidades con una polémica frase: “Como es público, he recibido presiones del candidato Carlos Mesa y de otros políticos exigiendo elecciones el 6 de septiembre, es decir, exigiendo elecciones en plena pandemia”.

Reclamó que Arce y Mesa asuman sus responsabilidades.

Las respuestas no se dejaron esperar. Evo Morales, jefe de campaña del MAS, le exigió elecciones “limpias y transparentes” y Luis Fernando Camacho, otrora aliado de Áñez, calificó a la mandataria de “cobarde a irresponsable”.

Y Mesa fustigó a Áñez: “La Presidenta tiene que entender algo muy claro, cuando alguien como Presidente asume una responsabilidad promulgándola, esa responsabilidad es absoluta. La presidenta no puede decir ‘promulgo la ley, pero no me hago responsable de esa promulgación’, eso no tiene ningún sentido, ninguna coherencia que pueda ser sostenible”.

El lunes, Ortiz admitió que Romero insistió con la fecha de elecciones y el martes, su postura apuntó al MAS y a Mesa.

Si bien Áñez anunció la promulgación de la ley de las elecciones, no hubo acto conocido de ese trámite en las últimas horas ni la Gaceta Oficial consigna la norma en sus registros en línea.

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