Decreto que viola la Ley 1294 levanta críticas y genera amenazas de acciones legales

De decreto en decreto, la presidenta interina Jeanine Áñez va manejando el destino de Bolivia. Ahora causa resquemores la divulgación de una ordenanza que obligaría a los deudores de créditos de menos de un millón de bolivianos a recomenzar a pagarlos a partir de septiembre.

Manuel Rodríguez/El Andaluz

Diputada Raquel Ramos explicando sobre la ley de diferimiento de pago de cuotas.

Una nueva molestia se suma a la serie de “barbaridades” cometidas por el gobierno, entre casos de corrupción, declaraciones racistas y fuera de sentido, abandono de la responsabilidad con la salud pública. Esta “nueva” contrariedad viene de la mano de un Decreto que, al decir de legisladores y afectados, viola la Ley 1294 de diferimiento de pago de créditos hasta 6 meses después de terminada la emergencia sanitaria.

En este sentido se manifestó la diputada Raquel Ramos, quien lamenta esta desacertada decisión gubernamental y advierte que se tomarán las acciones judiciales que sean necesarias para hacer cumplir la legislación vigente.

“La Ley 1294, aprobada en toda la Asamblea Legislativa y por el propio Ejecutivo, representado por la presidenta Áñez, indica que el diferimiento de pagos será automático”, afirmó la diputada Ramos, alegando que nadie, de ningún banco tendría que decirle al deudor cómo va a ser la prórroga del pago a los bancos: “tiene que ser ‘automático’, que quiere decir que todas las cuotas se van a pagar al final de la emergencia (sanitaria)”.

La diputada lanza una pregunta al aire: “¿Se ha suspendido la emergencia?” La respuesta es más que evidente y obvia, por lo que no correspondería realizar ningún pago por deuda o crédito hasta 6 meses después de finalizada la situación epidemiológica de pandemia por el coronavirus. “Como diputada tengo que hacer cumplir la Ley, porque eso es lo que se ha aprobado en la Cámara”, recalcó Ramos.

“¿Qué clase de gobierno transitorio estamos viviendo, que se rige en base a decretos y no a leyes?”, continúa preguntando la legisladora nacional. Según Ramos, el Ejecutivo es el primer órgano del Estado, que debería cumplir la Ley y proteger a los ciudadanos, por lo cual debería estar preocupándose por la salud y las condiciones de los bolivianos.

Ramos explica que por segunda vez están presentando una “acción de inconstitucionalidad” ante un decreto que vulnera leyes establecidas y sancionadas por el Órgano Legislativo nacional: “Este decreto viola el espíritu de la Ley aprobada y estipula que todos los que tengan créditos menores a un millón de bolivianos pagarán desde el mes de septiembre, cuando la ley es muy clara, no estipula un monto determinado”.

Lamentablemente, debido a la situación de alto nivel de contagios con Covid 19, las empresas bolivianas están cerrando y hasta despidiendo trabajadores, ante la imposibilidad de mantener un flujo constante de producción. El decreto estipula también que los funcionarios, tanto públicos como privados, tendrán que comenzar a pagar sus débitos desde este mismo mes de junio. “Muchos empleados privados no están cobrando” asegura Ramos, debido a que las empresas no cuentan con el capital suficiente para el pago de salarios. Y respecto a los funcionarios estatales, estima que tienen a su cargo a toda la familia, pues serían los únicos que reciben un ingreso mensual constante, por lo cual tampoco estarían en condiciones de honrar sus deudas en este momento.

La diputada Ramos exhortó a la población a que, si los bancos presionan por el pago, presenten una acción judicial mediante abogados o documento notariado donde declaren el respaldo de la ley existente.

Lo que piensan los pequeños empresarios

Por su parte, desde la Federación Departamental de las Micro y Pequeñas Empresas (FEDEMYPE), su presidenta, Nancy Bueno, manifestó la indignación de sus representados por el tal decreto: “Somos un sector que siempre ha aportado al país, y ahora sacan un decreto atentando contra nuestra vida, contra la salud. Yo no sé en qué cabeza cabe trabajar estando en cuarentena”, alegó.

Las pequeñas y micro empresas de Tarija, al igual que las del resto del país, no están trabajando, los talleres están cerrados, y por tanto, no producen activos ni desarrollan su capital, lo cual les impide proceder al pago de las deudas contraídas. “Ahora seguimos en emergencia y van a empezar a cobrar”, se quejó Bueno.

Varias asociaciones conforman FEDEMYPE en Tarija: carpinteros, textiles, metalmecánica, artesanos, son más de 38 asociaciones que se afectan directamente con la promulgación del decreto presidencial que vulnera la Ley 1294.

“Estamos en emergencia a nivel nacional”, informó Nancy Bueno: “Posiblemente hagamos una huelga de hambre, porque no se pueden hacer marchas, pero vamos a buscar más recursos, tenemos que hacer cumplir la ley, que es clarita; vamos a seguir movilizándonos, molestando a las autoridades, porque tienen que pensar en nosotros, porque generamos empleo y movemos el 84% de la población trabajadora”.

Tanto desacierto en el Gobierno Nacional hace pensar que las autoridades ejecutivas no saben a dónde apuntan, o por lo menos tienen objetivos muy borrosos, como vistos a través de una miopía que impide saber exactamente si se intenta beneficiar al pueblo y cuidar su salud, o favorecer los intereses de los grandes capitales. En fin, veremos a dónde va a parar el destino de este último decreto, si se impone la fuerza del Ejecutivo o vence el imperio de la Ley.

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