Siguen revelándose detalles acerca del escándalo de los respiradores comprados por el Ministerio de Salud.

El caso de los 170 respiradores (o ventiladores, qué serán) comprados a sobreprecio sigue aclarándose, y no precisamente para disculpar a los autores y responsables de tan grande daño al Estado boliviano. Ahora se supo de dos abogados que habrían objetado la compra de dichos equipos.

REDACCIÓN CENTRAL

La Presidenta transitoria, Jeanine Áñez recibió los 170 respiradores y los repartió a los departamentos.

Sin preámbulos ni adornos, que el tema no los requiere. El propio Ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, lo develó en una conferencia de prensa: dos abogados, un hombre y una mujer, objetaron el proceso de adquisición en los equipos en la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico (AISEM), sin embargo, sus observaciones no fueron tomadas en cuenta, al final, uno de ellos renunció y la jurista fue despedida.

Coímbra indicó que el proceso de compra de los 170 respiradores se realizó de manera muy rápida, del 8 al 11 de mayo teniendo un fin de semana entremedio. También reveló que, en ese contexto, la AISEM conformó una comisión para el proceso de contratación, pero surgieron observaciones. Antes de concluir la adquisición, el entonces Asesor Jurídico de AISEM se negó a firmar el contrato, debido a las observaciones, y ante las presiones renunció al cargo. Posteriormente, la otra abogada que también realizó observaciones al proceso de contratación fue despedida.

“Si el abogado, en determinado momento se rehusó a firmar este contrato y, si la otra abogada hizo observaciones al proceso de contratación, lo que mínimo se debió hacer es revisar el proceso de contratación y, si correspondía, anularlo”, apuntó Coímbra.

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El Ministro criticó que, a pesar de las observaciones, se haya seguido el proceso de contratación, se haya firmado la adquisición y, además, se haya pagado la mitad del monto estipulado. Los dos abogados que hicieron las observaciones fueron propuestos para declarar como testigos en el proceso que se desarrolla en el Ministerio Público.

Coímbra reveló también que el 15 de mayo, el Ministerio recibió una denuncia de manera anónima sobre la adquisición de los respiradores, entonces se solicitó a la AISEM la documentación del proceso de contratación, pero se negó el acceso, por lo cual el 18 de mayo se envió una nota haciendo una representación al respecto.

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La AISEM debió correr con todo el proceso de contratación, pues aunque es dependiente del Ministerio de Salud, no es competencia de sus autoridades inmiscuirse en procesos de compras y adquisiciones, ya que la unidad descentralizada mencionada cuenta con su propio aparato administrativo y ejecutivo, por lo cual, el Ministro de Justicia cuestionó que el proceso de contratación haya sido solicitado por el Ministerio de Salud, lo cual no era correcto, dado que la Así mismo cuestionó que Fernando Valenzuela, Director Jurídico del Ministerio de Salud, haya participado del proceso de contratación, lo cual apunta a un interés personal en el asunto de la contratación de servicios y compra de insumos.

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