México inicia el proceso de liberación de presos políticos

México/Agencias

“Estuve cinco años y siete meses preso sin una sentencia. El nuevo gobierno llegó el 1 de diciembre y en 26 días se nos abrió el camino a la libertad”, dice Leonel Manzano Sosa, un profesor de Historia originario de Oaxaca, un Estado al sur de México. Manzano fue liberado el 28 de diciembre junto a otras tres personas tras ser encarcelado por oponerse fervientemente, junto a otros activistas, a la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Eso lo llevó a ser acusado de secuestro en 2013, hechos que la justicia nunca pudo comprobar. A seis semanas de haber asumido el poder, el Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este martes la liberación de 16 personas a las que considera “presos políticos” y el estudio para posible puesta en libertad de otros 368 casos más.

“El objetivo principal es ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar o por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores o a adversarios, como sucedía”, ha señalado este martes López Obrador en su conferencia diaria. El Gobierno explicó que muchos de los casos que están estudiando pertenecen a campesinos, activistas o ambientalistas que se han opuesto al fracking, una cuestionada práctica de extracción de gas y petróleo, o han defendido el uso de sus recursos naturales frente a grandes proyectos de desarrollo. Otros han sido encarcelados por manifestarse contra gobiernos locales y federales, de acuerdo con la ministra de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero.

López Obrador ordenó, a principios de diciembre, crear una mesa de acceso a la justicia con el objetivo de evaluar expedientes de personas en prisión que podían haber sido judicializadas injustamente. La senadora Néstora Salgado, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y quien sufrió en carne propia el encarcelamiento ilegal entre 2013 y 2016 por su papel como policía comunitaria en el Estado de Guerrero, entregó el 14 de diciembre una lista con 199 nombres a analizar. Desde entonces, la nómina casi se ha duplicado.

“Si algo ha tenido la población todo este tiempo ha sido una falta de respuesta del sistema de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal. Y lo que queremos es precisamente que estas personas tengan ya una respuesta del Estado”, ha señalado Sánchez Cordero, una exministra del tribunal supremo que está a cargo de la mesa de acceso a la justicia. La instancia reúne personal de las prisiones, representantes del Ministerio Público Federal, abogados defensores, organizaciones sociales y gente externa capacitada judicialmente para revisar los expedientes.

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