Asamblea Departamental interpelará hoy a tres secretarios de la Gobernación

Las autoridades deberán responder 22 preguntas sobre el contrato de la Gobernación con la empresa Guaracachi, subsidiaria de Ende para la administración de la hidroeléctrica de San Jacinto.

El asambleísta Mauricio Lea Plaza, confirmó que la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), agendo para hoy a las 9:30 de la mañana, la interpelación a tres secretarios de la Gobernación, Manuel Figueroa, de Economia y finanzas, Freddy Castrillo de Hidrocarburos, Yamil García, de Justicia y también al gerente del Proyecto Múltiple San Jacinto.

Las autoridades deberán responder 22 preguntas sobre el contrato de la Gobernación con la empresa Guaracachi, subsidiaria de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) para la administración, operación y mantenimiento de la hidroeléctrica de San Jacinto.

El legislador espera que las autoridades departamentales asistan a la convocatoria de la Asamblea Departamental.

Lea Plaza, semanas atrás, señaló que la entrega de la hidroeléctrica de San Jacinto al Gobierno, le generan pérdidas económicas importantes al departamento.

De acuerdo al contrato, Guaracachi se queda con el 92 por ciento de los ingresos por la generación de energía eléctrica.

“Queremos que nos expliquen porque se ha suscrito un contrato tan leonino para los intereses de Tarija, porque si sumamos lo que ha dejado de recibir San Jacinto mas el negocio que hace Guaracachi se estaría hablando de 40.000 millones de dólares”, dijo Lea Plaza.

Las observaciones apuntan a los montos que se pagan por el agua que se utiliza de la represa San Jacinto. Según Lea Plaza, cuando la hidroeléctrica era administrada por Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), por año se pagaba al Proyecto Múltiple de San Jacinto más de cuatro millones de bolivianos, pero ahora con Guaracachi sólo se pagan alrededor de 550 mil bolivianos por año.

Reveló en una anterior entrevista, que la empresa Guaracachi paga un menor precio que los regantes de la zona, por el uso del agua de la represa.

El legislador departamental, señaló que el acto de interpelación en la Asamblea Departamental podría derivar en la censura de las autoridades, lo que podría provocar que sean removidos de sus cargos.

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