Pedraza dice que va contra la ley transferir recursos para el pago del Susat del Chaco

MARIELA QUIROGA

El asambleísta suplente de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Luis Pedraza, dijo el martes que no se cumplió lo establecido en la Ley en lo referente a la transferencia de competencias en cuanto al Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat) al Gobierno Autónomo Regional del Chaco, lo que constituye incumplimiento de deberes.

Pedraza aclaró que este es un análisis personal como asambleísta, por lo tanto no se trata de una posición oficial de Camino al Cambio respecto a este tema.

“El Susat es un programa dentro de la competencia de salud y educación, y como tal ha sido transferido como programa hace 5 años, dos meses y 21 días a la región autónoma del Chaco, por efecto de la ley 079 del 13 de abril del año 2013. Esa misma ley establece en su artículo 6to un plazo de 15 días a partir de la constitución, de la posesión del Gobierno Autónomo Regional y un plazo de 120 días, un plazo improrrogable para terminar el proceso de esa transferencia. Han pasado 420 días de esos 15 días y 400 días de esos 120 días de plazo para terminar este proceso, por lo tanto no se ha cumplido lo establecido en la ley 079 y eso implica incumplimiento de deberes”, señaló.

En ese sentido cuestionó que hoy se pretenda arreglar este incumplimiento de la ley asignando recursos de un programa que “ya ha sido transferido y sobre el que el Gobierno departamental no tiene competencia en esa jurisdicción y por lo tanto no tiene la obligación de asignar recursos”.

“Esos recursos han sido presupuestados para atender las competencias departamentales en las que ya no están las competencias de la región, modificar esto implica sin duda, cometer un delito que se llama malversación de recursos que estaban destinados para la atención de otros programas y del propio Susat en la jurisdicción del departamento”, aseveró.

Por otra parte, dijo que la asignación de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) está establecido en la Constitución Política del Estado que en el artículo 340 establece la clasificación de los recursos nacionales, donde señala que la ley establecerá la distribución de los recursos, en este caso la Ley Marco de Autonomías, que en su artículo 104 establece los recursos departamentales y en su artículo 107 establece los recursos regionales, en este caso del Chaco.

“Esta ley que por mandato constitucional distribuye los recursos no asigna IDH a la región Autónoma del chaco y si eso es así, no depende del capricho de Cardozo ni de la sumisión de Oliva a los caprichos de Cardozo, ni de la ignorancia de su secretario de Coordinación, eso está establecido en la Constitución. Por lo tanto cualquier otra salida que implique mover estos recursos implica incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley y malversación de recursos”, afirmó.

El lunes en horas de la tarde se reunieron autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), para dar solución al tema de la ejecución del Seguro Universal de Salud de Tarija (Susat) en el Chaco.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija,  Guillermo Vega, señaló que se trabajará en  base al proyecto de ley que trajo el Gobierno Regional del Chaco, para autorizar la modificación presupuestaria  interinstitucional a favor del Gobierno Departamental para que se pueda transferir recursos por parte del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco  para la ejecución del programa Susat.

Por su parte, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Chaco (MAE), José Quecaña presentó a las autoridades ejecutivas departamentales como legislativas, una propuesta de proyecto de ley sustitutiva para la modificación presupuestaria interinstitucional que permita que la Gobernación de Tarija, recibir  la transferencia de recursos por parte del Gobierno Autónomo del Chaco, para que pueda ejecutar el programa del Susat en la región chaqueña por el importe de 6.426.640,00 bolivianos.

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