La Corte Suprema de Brasil juzga por corrupción a Gleisi Hoffmann, presidenta del PT

Sao Paulo/Agencias

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil empezó este martes a juzgar las denuncias de corrupción y lavado de dinero contra la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y su esposo, el ex ministro Paulo Bernardo, en el marco de la Operación Lava Jato.

Una condena contra la senadora, de 52 años, asestaría un nuevo y duro golpe al PT, cuyo principal referente, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Las denuncias de corrupción son pasibles de condenas de 2 a 12 años de cárcel y las de lavado de 3 a 10 años, pero en caso de ser declarada culpable la legisladora no podría ser detenida de inmediato, por beneficiarse de fueros parlamentarios y por disponer de recursos.

La sentencia contra Hoffmann, al frente del PT desde junio de 2017, debe ser pronunciada por una corte de cinco magistrados (de los once con que cuenta el STF).

La duración del proceso es indeterminada, pero el magistrado encargado de dirigir las deliberaciones, Ricardo Lewandowski, dijo que el caso podría resolverse en una sola sesión, “dependiendo del consenso”.

En una nota, Hoffmann -que fue ministra de la Casa Civil (jefa de gobierno) de la destituida presidenta Dilma Rousseff (2011-2016)– aseguró que encara con “serenidad” el juicio y afirmó que fue “injustamente denunciada, sin ninguna prueba o indicio de crimen”.

La Fiscalía General de la República acusa a Hoffmann y Paulo Bernardo -ministro de Planificación de Lula y de Comunicaciones de Rousseff- de haber recibido un millón de reales en 2010 (USD 568.000 al cambio promedio de ese año) procedentes de recursos desviados de contratos de Petrobras, para financiar la campaña electoral de la dirigente.

Al enviar su pedido de condena en noviembre del año pasado, la fiscal general, Raquel Dodge, también solicitó que la pareja fuera condenada a pagar 4 millones de reales de indemnización (cerca de 1,1 millones de dólares al cambio actual) por el desvío de los fondos de la petrolera estatal.

Un documento remitido al STF por la defensa del matrimonio afirma que las cuentas de la campaña de 2010 “fueron declaradas e íntegramente aprobadas por la Justicia Electoral”, por lo que las acusaciones no son más que “conjeturas apresuradas” en el marco de un acuerdo de “delación premiada”.

En la audiencia del martes, el representante de la Fiscalía indicó que la entrega de un millón de reales para la campaña de Hoffmann figuraba en una agenda encontrada en el domicilio de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimientos de Petrobras, y que solo después fue confirmada por el cambista Alberto Youssef en su acuerdo con la justicia.

Esos acuerdos de “delación premiada” a cambio de reducciones de penas han sido una de las principales armas de la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una red de sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener contratos en Petrobras.

“Hay pruebas de la autoría y materialidad de todos los inculpados”, afirmó el representante de la Fiscalía.

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