Torres asegura que de aplicarse nuevo decreto, la canasta alimentaria se entregaría en diciembre

MARIELA QUIROGA

El subgobernador de Cercado, Johnny Torres, dijo el miércoles que el decreto emitido el pasado lunes por el Gobernador para la entrega de la canasta alimentaria en todas las provincias del departamento tiene una serie de deficiencias, las cuales ocasionarían que la canasta del adulto mayor sea entregada recién en el mes de diciembre de este año, por lo que sugiere que este decreto sea aplicado recién en la gestión 2019.

Torres aclaró que este decreto no afectaría a Cercado, tomando en cuenta que esta entidad inició el trámite de licitación de la canasta alimentaria del adulto mayor, antes de la emisión de este decreto.

“A nosotros no nos afecta, no lo estoy diciendo yo por Cercado, porque la disposición transitoria quinta establece que, en caso de haberse iniciado los procesos de contratación, estos pueden adecuarse o no. Pero además la ley no es retroactiva, pero va a pasar que todas las provincias se van a parar y no van a poder lanzar la licitación de la canasta”, aseguró.

Asimismo, la autoridad atribuyó estos errores en el decreto emitido por el gobierno departamental a la falta de coordinación de este ente con las subgobernaciones del departamento.

“El decreto no ha tomado en cuenta estas cosas sencilla, simplemente porque no coordina la gobernación con las gobernaciones ni con los productores”, remarcó.

La autoridad explicó que de acuerdo al Numeral 4, del artículo 5to, se instruye a la Secretaría departamental de Desarrollo Productivo la elaboración de los reglamentos necesarios y pertinentes en un plazo no mayor a 60 días, por lo cual se estima que recién en el mes de julio se tendrían estos reglamentos. Por otro lado, considerando que una licitación dura tres meses, se estaría concluyendo en octubre la licitación, más el mes de movilización de las empresas, se culminaría todo el proceso a fines de noviembre y recién en el mes de diciembre se podría iniciar con entrega de la canasta.

Asimismo, en subgobernador aclaró que no se opone al decreto ya que éste no afecta a la entidad que rige.

“En lo general del decreto tiene una buena intención, en lo particular está mal, tiene muchos problemas y tiene una muy fuerte carga política”, aseveró.

Otro problema que identificó Torres, es que las empresas proveedoras necesitan boletas de garantía, por ejemplo los proveedores de harina, de arroz, de huevos, de pollo, y muchos de ellos podrán acceder a dar una boleta de garantía pero muchos otros no, y eso también se constituye en un grave problema para la entrega de la canasta.

“En el caso de CADEPIA, ¿Qué va a pasar? Cada empresa debe presentar su boleta de garantía, hay algunas que pueden por el tamaño, pero otras no pueden. Entonces hemos quedado en tres puntos, el primero enviar una carta a la gobernación para que el decreto se aplique a partir del 2019, mientras se trabaja en los reglamentos, en los anexos, en los acuerdos y en todo lo demás. Dos, la licitación de Cercado va continuar, no sólo por la decisión de la subgobernación sino de los adultos mayores. El punto 3 es cómo aseguramos los recursos, fíjense que Cercado le debe a la canasta 2017  6 millones de bolivianos y estamos pagando el momento 4 y otros dos vamos a pagar el próximo mes, pero no deberíamos estar en esta situación debe haber un esquema Financiero en el decreto donde establezca el tema financiero”, concluyó.

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