Experto del Cedib considera que a Tariquía le pasará lo mismo que al Aguaragüe

MARIELA QUIROGA

El miembro del equipo de investigaciones del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, aseguró que las normas impulsadas por el Gobierno de Evo Morales desde el año 2014 que concluyeron en la promulgación del Decreto Supremo 2366 que autorizó el ingreso a las reservas y áreas protegidas de nuestro país para realizar actividades hidrocarburíferas van en contra de la preservación del medioambiente .

“El Decreto 2366 del año 2015 marca un precedente oscuro porque se abre a la exploración las áreas protegidas, para nosotros no es muy positivo en el sentido de que no solamente es este decreto sino un paquete de normas que se han ido gestando desde finales del 2014 que lo que hacen es flexibilizar la normativa en beneficio de las empresas y los operadores petroleros”, expresó Campanini quien estuvo en Tarija para dictar el taller de Análisis y Reflexión sobre Hidrocarburos.

En relación a la actividad petrolera en la reserva de Flora y Fauna de Tariquía, Campanini considera que lo más seguro es que, de concretarse, esta reserva natural quedaría  con los mismos problemas ambientales que dejó la actividad petrolera en el Aguaragüe.

“Basta ver los ejemplos que existen aquí en Tarija nomás el caso del Aguaragüe, la rehabilitación de los campos, los contratos y las tareas que se llevan adelante están poniendo en riesgo más aún los objetivos de creación de este parque y lo mismo va a ocurrir con Tariquía”, aseveró.

En ese sentido, considera que el Gobierno implementa políticas que van en desmedro del medioambiente.

“Los ambientalistas creemos que las políticas que se están llevando adelante en el tema hidrocarburos como también en minería no tienen una carácter amigable con el medioambiente”, expresó.

Campanini explicó que el objetivo del Cedib es investigar y brindar información a  la población boliviana, en este caso, tarijeña, sobre la actividad petrolera para generar conciencia respecto a esta actividad en nuestras áreas protegidas.

“Toda la información que nosotros trabajamos es información oficial, aunque en Bolivia es cada vez más difícil obtener información oficial. Tenemos ahora la oportunidad de compartir lo poco que tenemos para compartir y generar un debate en la sociedad”, remarcó.

Para Campanini la promulgación del DS 2366 es una muestra clara de la contradicción de las políticas gubernamentales que hablan de respeto a la Madre Tierra, pero a la hora de aplicarlas pone en primer lugar a las empresas transnacionales que operan en el país en desmedro del medioambiente. Considerando por otro lado que la normativa para el cuidado y preservación de la Madre Tierra quedó inconclusa en el legislativo.

El ambientalista aconseja a los tarijeños, tanto de Tariquía como del departamento informarse muy bien respecto a este tema, generando espacios de debate y poder diseñar políticas de acción para la defensa y cuidado de los recursos naturales.

Impacto Ambiental

El ministro Luis Alberto Sánchez aseguró que la afectación en Tariquía sería del 0,01%, considerando la extensión del área donde se realizarán los trabajos de exploración petrolera.

En ese sentido, Campanini explicó que los impactos ambientales de la actividad petrolera en cualquier lugar son muy fuertes, más aun tratándose de una reserva o de áreas protegidas.

“Los impactos ambientales que genera la exploración la explotación petrolera tiene que ver con el tendido de ductos, la perforación de pozos, los impactos son fuertes, dependiendo donde se hacen, dependiendo de la forma en que se hacen, especialmente si son realizados en una reserva, en un área de protección”, explicó.

Dijo que el Ministro de Hidrocarburos se refiere simplemente a las planchadas, a los caminos y sendas que se van a abrir pero no menciona que todos estos trabajos van a afectar “zonas de recarga de acuíferos, zonas de transición de ecosistemas, comunidades, etc. Creemos que el debate no va por ahí, el debate es mucho más amplio”.

Actividad de exploración inicia en 8 días

Los primeros días del mes de mayo del Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez anunció que se paralizarían los proyectos petroleros en las comunidades de San Telmo y Astilleros, ubicados en la reserva de Tariquía y acusó a las autoridades tarijeñas de ser “mezquinas y egoístas” con el país.

Tras el anuncio, el Comité Cívico del departamento, pidió la presencia del Ministro para que explique estas declaraciones, toda vez que no se habló de una derogación de los Decretos Supremos, que autorizan la actividad petrolera en la reserva y la anulación de contratos con las petroleras.

Sin embargo, este fin de semana, la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó un acuerdo con dirigentes de las comunidades colindantes con el campo Astilleros y determinó iniciar la actividad exploratoria en esa región con la inversión de 63 millones de dólares, según informaron fuentes institucionales.

“Nos hemos hecho presente a solicitud y a invitación de la comunidad para firmar un acuerdo que permita viabilizar la protocolización del contrato para el proyecto Astillero y obviamente el inicio de la actividad exploratoria en la comunidad El Cajón que comenzarán en 10 días”, manifestó el gerente de YPFB Chaco, Eduardo Paz, según difundió ABI.

Según una nota institucional, la firma de un Acta de Manifestación de Acuerdo para Actividades Hidrocarburíferas en el área Astilleros fue respaldada por más de un centenar de habitantes y representantes de 10 comunidades de los distritos 10 (Tariquía) y 11 El Cajón, de esa región del departamento de Tarija.

Decreto 2366

El Decreto Supremo 2366 autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país con el cumplimiento de seis medidas ambientales y que se destine el 1% del monto de la inversión para fortalecer el sitio intervenido.

Esta norma fue aprobada por el Gobierno el 20 de mayo de 2015 y establece en su primer artículo que el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos se da en el marco de su “carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.

El artículo 2, relacionado a las actividades autorizadas, indica que: “se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos ambientales establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas-SERNAP y la Autoridad Ambiental Competente Nacional-AACN”.

“En la actualidad se realizan actividades petroleras en áreas protegidas vulnerando las diferentes categorías de protección que se mencionan en la normativa hasta hoy vigente. Para las petroleras simplemente no existe limitante alguna para su expansión; la importancia y la razón de creación de nuestros parques, incluyendo las prohibiciones expresas en las leyes, son solo pequeños contratiempos que fácilmente se superan cuando se tiene priorizada la lógica desarrollista/extractiva en base a la explotación de los recursos naturales”, había señalado Campanini, tras la aprobación del DS 2366 el año 2015.

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