Lea Plaza habla de un posible “descalabro financiero” en la Gobernación por los débitos automáticos

El asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza, explicó el miércoles que, si el Ministerio de Economía y Finanzas procede con los débitos automáticos, a petición de los restantes municipios del departamento que aún no han hecho efectivo el 1% que le corresponde, el “descalabro financiero” que sufrirá la Gobernación de Tarija sería de grandes proporciones.

“Sería muy perjudicial, para el gobierno departamental, considerando que los últimos 2 débitos que se han efectuado desde abril del 2017 hasta diciembre del 2017, que tendrían que haber sido desde enero hasta diciembre del 2018, sumados a los que faltan, en total estarían transfiriendo 169 millones de bolivianos y si consideramos que el presupuesto de concurrentes que hay para el 2018, aprobado por la ley Ley Financial es de 66 millones de bolivianos, significa que hay un desfase de por lo menos 103 millones de bolivianos si es que se continúa haciendo los débitos”, explicó.

Según la explicación dada, la Gobernación tendría que invertir en el cumplimiento de la Ley del 8% casi el doble de lo que gastaría si sólo transfiriera recursos para los proyectos concurrentes, de los 8 municipios beneficiados con esta ley.

“Esto significa un agujero muy grande para el presupuesto de la Gobernación que tiene ya un presupuesto muy disminuido, tiene un presupuesto muy débil y muy frágil, por eso es que consideramos que hay un descalabro económico de más de un 54% de incremento, entre lo que está presupuestado y lo que se debería transferir”, aseveró.

El asambleísta expresó que la aprobación de la Ley del 8% ha cambiado completamente el panorama financiero de la Gobernación en relación con los Gobiernos municipales y en ese sentido se deberían reunir ambas instancias para definir la nueva situación en relación a varios aspectos que hay que reconsiderar.

“Yo creo que lo más importante es redefinir un poco las relaciones financieras entre el Gobierno departamental y los Gobiernos municipales. Hay que replantearse todo lo que son las relaciones fiscales ligadas a la concurrencia, hay que discutir qué va a pasar con los proyectos de continuidad, con los proyectos concurrentes, con los créditos, con los futuros proyectos, con la aplicación misma del débito ¿A qué se va a asignar?”, afirmó.

Considera que hay una serie de temas que deben replantearse para evitar que “este descalabro realmente sea tan duro, y los gobiernos municipales deben entender que tenemos que encontrar un punto medio, para no destrozar la economía del departamento”.

Sobre la legalidad del débito que se realizó a la Gobernación, debido a que hay dos versiones, una que la ley entra en vigencia desde el momento en que es publicada en la gaceta de la Gobernación, en este caso en enero de este año; y otra versión qué asegura que, desde la promulgación de la ley, está ya puede aplicarse, lo que habría sucedido en abril de 2017.

“La Constitución es muy clara, muy contundente, dice que la ley tiene efecto coercitivo y un efecto real en el momento que se la publica oficialmente, porque el principio básico de una ley es que sea conocida. Entonces, esta ley ha sido publicada el 3 de enero (de 2018) en la gaceta de la Gobernación y evidentemente no es válida la fecha de promulgación sino la fecha de publicación”, aseguró.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas hubiera incurrido en un error al realizar un débito retroactivo.

“Hay una irregularidad, pero además los están haciendo de manera retroactiva a la gestión 2017, lo que genera este descalabro, porque si sólo aplicaran este débito en la gestión 2018, probablemente el desfase no sería tan fuerte, estaríamos hablando de 66 millones de bolivianos versus 92 millones que implica la ley, pero al hacerlo retroactivo a la gestión 2017 genera un agujero económico de proporciones”, refirió.

Sobre las acciones que debería tomar la Gobernación en cuanto a los débitos dijo que la Gobernación debe revisar los convenios concurrentes, debe hacer un análisis de la situación de cada gobierno municipal y sobre la continuidad de proyectos y por otro lado tiene que “representar” estos delitos que han sido hechos de manera irregular, en las instancias legales para evitar que el resto de los municipios haga lo mismo.

Dijo también que el perjuicio o el agujero económico que va a generar esta ley podría ser mucho más grande debido a que en la ley se contempla el pago del 8% destinado los municipios, pero adicionalmente, el cumplimiento de los convenios concurrentes.

“En la ley habla de que se transferirá el 8%, pero además se tiene que cumplir la continuidad. Entonces, si hacemos ese análisis el agujero sería mucho más grande todavía, por eso es necesario replantear la relación financiera con los gobiernos municipales para ver cómo se va a afrontar la continuidad”, remarcó.

El asambleísta aconsejó que se pueda realizar una cumbre departamental, entre las distintas instancias que están involucradas en el cumplimiento de esta ley, y en ese sentido, la Asamblea Legislativa Departamental, podría jugar un papel de intermediario.


MARIELA QUIROGA

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