Argentina analiza cobrar por salud; millones de bolivianos trabajan allá

Este martes se presentó al Congreso de Argentina un proyecto de ley para regular el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los inmigrantes, sobre la base de criterios de reciprocidad. La norma afectaría a más de dos millones de bolivianos.

El proyecto establece que cuando se trate de personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario, solo podrán acceder a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita, en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.que el Estado podría exigirle al país.

La propuesta fue realizada por el diputado oficialista por el radicalismo Luis Petri. Sostiene, entre otros puntos, que en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.

El Gobierno de Mauricio Macri ve con “buenos ojos” la iniciativa, según aseveró este martes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, detallando que “esto aplica tanto para cualquier residente o ciudadano de otro país que venga a la Argentina”, según publican los diarios argentinos El Clarín y La Nación.

Datos estiman que más de dos millones de bolivianos radican en Argentina. Se dedican a diferentes actividades económicas, como la agricultura, la construcción y, en especial, los textiles.

La polémica surge tras el anuncio del Gobierno local de Jujuy, cuyo titular, Gerardo Morales, sostuvo que “hay casos de argentinos que (en Bolivia) no los dejan salir del hospital hasta que pagan”.

La Cancillería habría rechazado un pedido desde Argentina para lograr un acuerdo reciprocidad en temas de salud, según autoridades de ese país

Hoy la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo que “esperamos que estos seguros ( de salud) puedan ser ampliados en un seguro universal, con lo cual podremos llegar a personas que tienen residencia en Bolivia”, al ser consultada sobre la “reciprocidad”.


El Deber/Santa Cruz

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