La víctima que se hizo abogada para obtener justicia

El tiempo no repara las violaciones de derechos humanos. Han pasado casi 17 años y Linda Loaiza López Soto se quebró al dar su testimonio frente a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que pasó entre el 27 de marzo de 2001, cuando fue secuestrada por un hombre desconocido que la torturó, la golpeó con palos, la quemó con cigarrillos y la violó a diario por casi cuatro meses, y el 19 de julio de 2001, cuando logró escapar de su cautiverio. Tenía apenas 18 años y estaba recién llegada a Caracas de una ciudad del interior de Venezuela para empezar una nueva vida. Ese año, sin embargo, dio un trágico vuelco para ella y su familia.

 

La audiencia de este martes en San José (Costa Rica) es un hito en un largo laberinto judicial que emprendió López Soto en tribunales venezolanos para intentar buscar justicia por lo sufrido. También es histórico para la instancia: es el primer caso de violencia de género de una venezolana en la corte internacional.

“Mi voz es la de muchas mujeres en Venezuela y en América Latina que no han podido denunciar los hechos de los que han sido víctimas”, ha dicho. “Estoy indignada porque es imposible acceder a la justicia a mi país: me vi obligada a estudiar Derecho para luchar por mi causa. Es importante que valoren mi testimonio, que sea valorado con equidad y justicia”. El camino recorrido no ha sido ni mucho menos sencillo ni recto: “No fue fácil llegar hasta acá, pero vine porque confío en este sistema y espero no recibir las respuesta que me dio el poder judicial venezolano, que nunca investigó los hechos, solo porque mi agresor era hijo del rector de la universidad, una persona con poder”.

 

El historial médico de López Soto es un inventario de los terribles abusos a los que fue sometida por parte de Luis Carrera Almoina, el hombre que la abordó por la espalda cuando salía de su casa, la forzó a meterse en su camioneta y la mantuvo presa en hoteles y un apartamento durante esos meses de 2001. La víctima ha tenido que hacerse 15 cirugías desde entonces. Y todavía faltan más para que la reconstrucción corporal sea completa. “La primera por una triple fractura de la mandíbula, en los ojos por una catarata provocada por los traumatismos, dos operaciones en el páncreas por un quiste por traumatismo, tuve que hacerme una reconstrucción vaginal, de los pabellones de mis orejas, de mi nariz, he tenido un largo proceso de ortodoncia y durante todo este tiempo he sido sometida a tratamiento psicológico y psiquiátrico”, ha dicho ante el tribunal.

 

Pero su calvario se desarrolló en paralelo con otro desde que su hermana Ana Secilia reportó su desaparición. Por un lado, el secuestro de Linda. Por otro, el del acceso la justicia de parte de sus familiares, el que viven la mayoría de las víctimas en Venezuela —el segundo país más violento del mundo— donde el 90% de los crímenes quedan impunes. Es, además, la última nación en el índice de Estado de derecho realizado por World Justice Project. En el caso específico de la violencia contra las mujeres, un mal invisibilizado en América Latina, los indicadores son aún más deplorables: solo el 0,7% de las 70.763 denuncias recibidas en 2014 llegaron a juicio.

 

La hermana de la víctima, que tenía 19 años de edad cuando ocurrieron los hechos, acudió seis veces a la policía a reportar lo ocurrido para que le tomaran una denuncia formal. “Se burlaban de mí, me decían que Linda seguro se había ido con el novio y yo estaba intentando interponerme en su relación, que tenía que esperar 48 horas para hacer el reporte”, relató en su intervención. Durante el proceso recibió amenazas de muerte que fueron desestimadas e incluso fue coaccionada por la fiscal que asumió el caso entonces para que pactara con la familia del agresor un arreglo monetario por lo ocurrido, según su testimonio.

 

Durante el cautiverio, ha relatado Ana Secilia, el agresor llamó varias veces y le ponía a su hermana al teléfono, a quien obligaba a decirle groserías y que parara de denunciar. Por la primera de esas llamadas se supo que estaba con Luis Carrera, el nombre que estaba grabado en la contestadora de su celular, un dato que la policía desestimó inicialmente e incluso, según consta en el expediente, uno de los agentes llamó al agresor y lo alertó de las diligencias, por lo que López Soto recibió represalias de parte de su secuestrador. Después de esa llamada, según los abogados, la mujer vivió la peor de las palizas que se sucedieron durante su cautiverio.

 

Entre 2001 y 2007 López Soto llevó a cabo una dolorosa peregrinación por los tribunales venezolanos, que incluyó una huelga de hambre frente al Supremo. Las audiencias de su caso fueron diferidas 38 veces; el expediente estuvo en manos de 76 jueces y 59 de ellos se inhibieron; y se reportaron irregularidades procesales y maltratos derivados de estereotipos de género, de acuerdo con lo que señaló el equipo defensor de López Soto integrado por abogados del Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional y la ONG venezolana Cofavic.

 

En el primer juicio, el agresor fue absuelto. En el segundo, solo le calificaron los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, obviándose la violencia y tortura sexual y el homicidio calificado en grado de frustración. “Estuve tres meses secuestrada, casi muerta. Y el hecho de que haya sobrevivido no quiere decir que estoy bien, por eso quiero justicia”, dijo López Soto ante los jueces de la CIDH. De ahí que denunciara al Estado venezolano por el proceso de revictimización que sufrió en su caso.

 

Jurisprudencia para toda la región

Durante la audiencia, la perito chilena Daniela Kravetz explicó que la jurisprudencia y los protocolos en la materia de prevención de violencia de género establecen que la mera desaparición de una mujer es una alerta roja para los Estados para dar una debida diligencia en la investigación de los casos por la previsibilidad de que la persona sea víctima de violencia sexual. Asimismo, la experta en tortura y esclavitud sexual señaló que en casos cometidos por particulares los agentes estatales se convierten en responsables si no reaccionan a tiempo, mitigan o aplacan las denuncias o no toman medidas para detener o evitar perjuicios a la mujer.

 

“Hay omisión de parte del Estado, al haber tomado medidas de previsibilidad de la conducta violenta de un agresor. Tienen la obligación de actuar para evitar más daños a la víctima o a otras víctimas”, señaló Kravetz. El caso, dice, ha cumplido los indicadores de tortura y esclavitud sexual, un delito que está mucho más en las sombras que el feminicidio. En este caso López Soto denunció que otras mujeres fueron víctimas del agresor y los señalamientos también fueron desestimados por las autoridades: “Él me mostró fotografías de lo que había hecho a otras mujeres y eso lo dije a los fiscales y no lo investigaron”. El Estado venezolano alega el desconocimiento del hecho. Su representante ha hecho, sin embargo, un reconocimiento parcial de los hechos y, leyendo un escrito, pidió perdón a la víctima.

 

Un año para decidir

“El solo hecho de ser escuchada ha sido un acto reparador para Linda”, dice Elsa Meany, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “La Corte puede avanzar aún más con este proceso de reparación al emitir una decisión que ordene al Estado venezolano a reconocer la problemática de violencia basada en género, y tomar medidas para garantizar la no repetición de hechos similares”.

 

Según un informe del comité de la ONU sobre discriminación de género en 2014, la violencia contra de las mujeres y niñas “es generalizada y está en aumento”. En 2016, de los 332 asesinatos de mujeres que se registraron en Venezuela, 169 corresponden a crímenes de género. El país está entre los 10 de la región con más feminicidios. “El caso de Linda es muy importante para las mujeres del todo continente víctimas de tortura y esclavitud sexual”, declaró la defensora de derechos humanos Liliana Ortega.

 

Los representantes solicitaron el establecimiento de responsabilidades y sanciones y reparación de forma íntegra para López Soto y sus familiares. Además, exigen la publicación de datos desglosados sobre la violencia basada en género, que revele la prevalencia de estos delitos, así como también diseñar, en conjunto con sociedad civil y víctimas, protocolos para guiar la investigación penal de denuncias de violencia sexual y la atención médica adecuada. La defensa y el Estado venezolano tendrán un mes para desarrollar sus alegatos. El tribunal internacional podría dictar una sentencia en seis meses o un año.


EL PAÍS

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